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El Rodeo de los Fondos Públicos (Payment for CountryFest2025): Cuando la Caridad Encubre el Descontrol. Y no es un fenómeno nuevo en Miami-dade
En medio de un déficit presupuestario histórico que supera los $403 millones, la administración del Condado Miami-Dade ha aprobado, sin la debida fiscalización previa, una serie de partidas millonarias destinadas a entidades cuya experiencia y funcionamiento real merecen un examen exhaustivo.
Uno de los casos más recientes, expuesto por el periódico Miami Herald, plantea serias interrogantes: una fundación de reciente creación, A3 Foundation, recibirá $250,000 anuales durante 20 años como parte de un contrato entre el condado y una empresa de producción privada. Esta fundación fue constituida en 2023, y según su propia declaración tributaria de ese año, reportó menos de $25,000 en su cuenta bancaria.
La asignación surge de un contrato otorgado a Loud and Live, firma privada encargada de operar eventos en el Tropical Park. El contrato —presentado como punto de última hora en la agenda del 17 de julio de 2025— fue aprobado sin pasar por revisión de comités técnicos, un procedimiento que, aunque legalmente permitido, reduce la posibilidad de una evaluación pública o técnica transparente.
La conexión es directa: el comisionado Anthony Rodriguez, presidente de la Comisión y anfitrión de CountryFest, funge como padrino político de A3. Su propio director legislativo aparece como contacto de la fundación en las facturas. ¿Conflicto de interés? Es poco decir.
¿Quién lidera A3 Foundation?
El presidente de esta fundación es Francisco Petrirena, actualmente jefe de gabinete del administrador de la ciudad de Miami, Art Noriega. Según declaraciones recogidas por el Herald, Petrirena es su único empleado y desde este año recibe un salario de $80,000 anuales. La sede fiscal de la fundación está registrada en un townhouse privado en West Miami, y hasta la fecha de publicación, no contaba con un sitio web funcional ni con vías de contacto visibles.
Vínculos institucionales
La fundación A3 está directamente relacionada con CountryFest, evento organizado en el Tropical Park y vinculado al comisionado Anthony Rodriguez, presidente actual de la Junta de Comisionados. Fue él quien presentó la legislación que otorga el contrato a Loud and Live, y promovió la exención de requisitos de licitación para dicho festival. Adicionalmente, su director legislativo figura como contacto de la fundación en varios documentos oficiales.
La situación genera dudas razonables en torno al manejo ético del proceso legislativo. Aunque no se acusa directamente a ninguna parte de violación legal, el patrón observado —asignación de recursos públicos sin revisión técnica, vínculos personales con los beneficiarios, exenciones reglamentarias— requiere una evaluación independiente.
¿Cómo se financia el proyecto?
Según los documentos de solicitud de fondos revisados por este medio:
- $500,000 (80%) provienen del Estado de Florida.
- $125,000 (20%) provienen del Condado Miami-Dade.
- $0 en fondos privados o federales.
- Total del proyecto (2025-2026): $625,000.
No se reportan “matching funds” del sector privado, lo cual refuerza la necesidad de asegurar mecanismos de transparencia sobre cómo se usan estos recursos.
¿Quién vigila los fondos públicos?
El memorándum oficial del Condado, fechado el 16 de julio de 2025, firmado por la abogada del condado Geri Bonzon-Keenan, confirma que esta legislación fue exenta de revisión por comité, al igual que muchos otros documentos presupuestarios de alto impacto fiscal.
Esta práctica, aunque procedimentalmente válida, debilita los controles institucionales. A esto se suma que la administración de la alcaldesa Daniella Levine Cava ha solicitado un presupuesto récord de $12.9 mil millones para el año fiscal 2026, sin haber presentado hasta ahora una auditoría pública detallada del déficit vigente ni de gastos como el destinado a esta fundación.
Las preguntas que cualquier ciudadano tiene derecho a formular estan en la voz del pueblo:
- ¿Cuál fue el proceso de selección para este contrato?
- ¿Quién supervisará el uso de esos fondos?
- ¿Por qué se repite el patrón de contratos exentos de revisión técnica?
En tiempos de restricciones presupuestarias, cuando se anuncian recortes en programas sociales y se eliminan puestos de trabajo en áreas sensibles, cualquier desvío del foco de transparencia y fiscalización debe preocuparnos como sociedad. Es urgente que instancias como el Departamento de Gestión y Eficiencia del Estado de Florida (DOGE) analicen con detenimiento estos procedimientos.
El silencio institucional no puede convertirse en norma.
¿Se puede volver a entregar tal suma a una administración que ha demostrado no saber administrar los fondos del pueblo?
¿Se puede “borrar la deuda” como si nada hubiera pasado, abrir nuevas cuentas y seguir premiando a quienes han llevado al condado al borde de la quiebra?
Todo esto ocurre bajo un sistema donde no se aplica la ley con rigor, la fiscalización se nota que tiene fallos graves y la corrupción parece institucionalizada. En este contexto, el Departamento de Gestión y Eficiencia (DOGE) —creado precisamente para supervisar el mal manejo de fondos y el abuso del poder en los gobiernos locales— se convierte en una urgente necesidad.
Los ciudadanos deben preguntarse:
- ¿Quién aprueba estos contratos millonarios sin revisión?
- ¿Quién se beneficia de esta falta de control?
Porque mientras el pueblo paga más impuestos, las élites políticas del condado siguen jugando con las reglas a su medida. Y eso tiene que cambiar. Y lo peor de todo que no oyen el reclamo de los residentes del condado de forma consciente.
Es momento de exigir respuestas claras, auditorías completas y consecuencias reales. No se puede seguir gobernando como si el condado fuera una finca privada. Ya basta. Recall a todos, nuevas elecciones en Miami-Dade.
📄 Documentos oficiales y reportes:
- Artículo completo: Miami Herald
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