Presupuesto FY2025-26 de Miami-Dade: de $12.93 a $13.23 mil millones que nunca se consolidó ante el público

Presupuesto FY2025-26 de Miami-Dade: de $12.93 a $13.23 mil millones que nunca se consolidó ante el público ¿Cuándo subió el número, quién lo cambió y se le dijo al pueblo?

Durante el proceso presupuestario de 2025, la cifra que dominó la conversación pública fue $12.9 mil millones. El libro oficial que lo cerró dice otra: $13,233,238,000. Entre esas dos cifras hay $299 millones, dos directores de presupuesto y una pregunta que el 8 de julio de 2026, en una sala pública de Miami Gardens, recibió como respuesta oficial un «no sé»:

¿por qué el condado aprobó $299 millones más de lo propuesto sin anunciar el nuevo total consolidado en la audiencia, y cuándo lo va a reconciliar ante el público?

FY 2025-26 ? Adoptado en Diciembre?

FY 2025-26 Propuesto Todo el periodo presupuestario 2025

Esta es la historia de los dos funcionarios que dirigieron la oficina de presupuesto del condado más grande del sur de la Florida, el que salió y el que entró, y de un traspaso de mando que ocurrió justo entre la noche en que el presupuesto creció $299 millones y el día en que se le pidió cuentas por esa diferencia.

¿Qué cambió: cómo pasó el total de $12.9 a $13.23 mil millones?

La cifra que dominó la conversación pública durante todo el proceso fue $12.9 mil millones: la que titularon los medios en septiembre de 2025, la que se repitió en las audiencias. El documento propuesto en julio de 2025 la registra con precisión en su página 17: $12,933,763,000. Pero el libro del presupuesto adoptado, el disponible luego de diciembre de 2025, en esa misma página 17 dice $13,233,238,000.

La diferencia entre el propuesto y el adoptado es de $299,475,000 (operativo +$103.3 millones; capital +$196.1 millones).

Esa noche la Comisión votó las ordenanzas del paquete, que adoptan el presupuesto «según enmendado» por referencia a dos memos de cambios presupuestarios, a un memo suplementario entregado con dispensa de las reglas de la Comisión, y a las modificaciones leídas al récord, entre ellas los $200 millones de capital para el Seaport. Pero el desglose consolidado que produce esa diferencia —cuánto quedó exactamente en operativo y cuánto en capital— no estuvo a la vista esa noche.

El propuesto de julio, con su total de $12,933,763,000, traía su propio desglose: $8,472,262,000 de operativo y $4,461,501,000 de capital. Las cifras del adoptado —$8,575,606,000 de operativo y $4,657,632,000 de capital, que suman $13,233,238,000— solo aparecen en el libro publicado en el portal del condado el 22 de diciembre de 2025. Lo que no ocurrió esa noche fue que alguien dijera, en voz alta, que el total pasaba de $12,933,763,000 a $13,233,238,000.

¿Y subió todo por igual?

No. El aumento está concentrado, no repartido. De los $299,475,000, unos $196.1 millones son de capital y $103.3 millones son operativos. Esa misma noche del 18 de septiembre, la oficina de presupuesto leyó al récord $200 millones de capital para la adquisición de la instalación de combustible del Seaport (fondo C999); el aumento neto de capital, $196.1 millones, queda unos $3.9 millones por debajo de esos $200 millones —otras partidas de capital bajaron en el neto—, de modo que News Miami Dade no equipara la compra del puerto con el aumento del total, solo constata que fue la partida más visible leída esa noche.

El componente operativo, en cambio, es más difícil de rastrear: News Miami Dade no pudo reconciliar, línea por línea, con los documentos publicados, cómo el presupuesto operativo pasó de $8,472,262,000 a $8,575,606,000. Los totales agregados cuadran al dólar contra la página 17 del libro adoptado; el camino renglón por renglón no está publicado.

Esa partida de capital ilustra por qué el punto importa. Cuando fue incorporada al presupuesto adoptado el 18 de septiembre de 2025, la adquisición de la instalación de combustible tenía, según la propia administración, «una estructura que permitiría que la adquisición se pagara sola con el tiempo sin gastar dólares del contribuyente».

Pero el 5 de junio de 2026 la alcaldesa anunció que la negociación fracasó, «el precio era simplemente demasiado alto», y que el condado procedería por expropiación (eminent domain).

La compensación final no queda fijada por aquella autorización presupuestaria: puede resultar de un acuerdo entre las partes o, si el asunto llega a juicio, ser determinada por un jurado. Esa transacción del puerto es materia de una investigación aparte de News Miami Dade.

¿Cuándo se supo, y se le dijo al pueblo?

La cronología, según los documentos oficiales, es esta.

El 15 de julio de 2025, la administración, con David Clodfelter al frente de la OMB, presentó el presupuesto propuesto: $12,933,763,000 en la página 17.

El 28 de agosto de 2025, un memo a la Comisión identificó $101.478 millones de ingresos adicionales y describió el propuesto como «una foto de un momento».

El 4 de septiembre de 2025 se celebró la primera audiencia pública.

El 12 de septiembre de 2025 llegó un segundo memo con $16.098 millones más, y un memo suplementario de $3.531 millones entregado tan tarde que requirió una dispensa de las reglas de la Comisión para poder considerarse.

El 18 de septiembre, en la segunda y última audiencia, la Comisión adoptó las ordenanzas del paquete enmendadas por referencia a esos memos; no votó sobre un documento consolidado que mostrara el total. Ese libro no existía todavía: no se entregaría hasta diciembre, cuando la propia Comisión, por su resolución del 16 de diciembre, tuvo que ordenar que se lo entregaran. Que la administración y su sitio web lo llamen «aprobado» no significa que los comisionados tuvieran a la vista, esa noche, la cifra que estaban aprobando.

¿Se le dijo al pueblo? Sí y no.

Las audiencias del 4 y el 18 de septiembre fueron públicas, y los memos estaban anexados a las ordenanzas como registro público. Pero el total nunca se enunció en voz alta. La revisión de las transcripciones completas de las dos audiencias, la primera del 4 de septiembre, de 1,693 líneas, y la de adopción del 18 de septiembre, de 3,821, confirma que en ninguna se pronuncia la cifra total del presupuesto: ni los $12,933,763,000 del propuesto ni los $13,233,238,000 del adoptado. Lo que sí fue leído expresamente al récord fue el cambio de $200 millones de capital para la instalación de combustible del Seaport.

La única referencia al tamaño general del presupuesto localizada por News Miami Dade provino del comisionado René García. Al criticar el crecimiento acumulado del gobierno condal, García dijo que «el presupuesto total ha aumentado en $3.8 mil millones, eso es 42%», una comparación histórica multianual, no un anuncio de la administración sobre el total vigente. En esa misma intervención resumió su lectura: «We keep on growing the size of government… It’s not having a revenue problem, it’s having an expenditure problem» («seguimos agrandando el tamaño del gobierno… no es un problema de ingreso, es un problema de gasto»).

García no fue el único en cuestionar las cifras: hubo mociones para recortar partidas concretas, como una reducción de $3,585,000 en el presupuesto de Parks propuesta por el comisionado Roberto González, y no todas las votaciones de la sesión fueron unánimes.

El total consolidado no apareció en un documento que el público pudiera descargar hasta el 22 de diciembre de 2025, cuando el condado lo publicó en su portal. El 18 de septiembre la Comisión adoptó las enmiendas por referencia, pero esa noche no se enunció ningún total y lo descargable seguía marcando $12.9 mil millones. El liderazgo del condado lo dijo en voz alta por primera vez, ante el público de una sesión en vivo, el 8 de julio de 2026, casi diez meses después.

Ninguna de las ordenanzas contiene, además, un gran total único: el número que resume el presupuesto nunca se dijo en la sala donde se votó, y no es un rasgo de un solo año —los libros de los tres últimos ciclos ($11,764 millones en FY2023-24, $12,760 millones en FY2024-25, $13,233 millones en FY2025-26) muestran el mismo patrón, con el gran total en el libro pero no en la ordenanza que la Comisión efectivamente vota.

¿Nadie intentó bajarla? Sí, y esos recortes se cayeron mientras el total subía

La noche del voto no faltó, entre los comisionados que sí votan el presupuesto, quien pidiera contener el gasto. El que lo puso como eje de su intervención fue René García, exsenador estatal de Florida.

Lo puso en números: «the total budget has increased by $3.8 billion. That’s 42%… the number of employees have increased by 3,274… We keep on growing the size of government… it’s not having a revenue problem, it’s having an expenditure problem» («el presupuesto total ha crecido en $3.8 mil millones, eso es 42%… los empleados aumentaron en 3,274… seguimos agrandando el tamaño del gobierno… no es un problema de ingreso, es un problema de gasto»). Y pidió «poner guardarraíles» al presupuesto.

No se quedó en discurso. El comisionado González presentó esa noche dos mociones para recortar partidas y devolver el dinero bajando la tasa: una para quitar $3,585,000 al presupuesto de Parks —la línea de «special community projects»— y otra para quitar $1,441,000 al departamento de comunicaciones y tecnología, eliminando puestos vacantes. Las dos se sometieron a straw vote y las dos se cayeron: «All opposed, nay. The nays have it» («los votos en contra ganan»).

Y esa fue la tónica de la sesión: una cadena de votaciones divididas —9-3, 10-2, 9-2, 8-2, 11-1—, no de consensos. El chairman Anthony Rodriguez ya había retirado los aumentos de tarifa del transporte, y la alcaldesa había eliminado el alza del gas tax. Aun así, con recortes rechazados y con fees retirados, el total no bajó: subió $299 millones, de $12.9 a $13.23 mil millones. Es exactamente lo que advertía García: aunque se recorten partidas concretas, la masa del presupuesto sigue creciendo. La grabación completa de la audiencia del 18 de septiembre registra cada una de esas votaciones.

La fiscalización de García tampoco se agota en el discurso. El 18 de noviembre de 2025, con García como patrocinador, la Comisión adoptó por unanimidad la Resolución R-1123-25 (expediente 252021, punto 8(G)(1), preparada por la OMB) que canaliza hasta $35.3 millones en fondos estatales, con contraparte del condado por otros $35.9 millones, hacia proyectos de bomberos, drenaje, medio ambiente y vivienda.

Pero le añade una condición poco común: ordena al Mayor entregar reportes trimestrales que indiquen si esos fondos se gastaron y si se gastaron «in a manner consistent with the original funding request submitted to the State» («de forma consistente con la solicitud original enviada al estado»). El mismo reflejo que cruza toda esta historia: exigir que se rinda cuenta del dinero público.

¿Qué dice la ley, y se cumplió?

La ley de Florida contempla que ciertos números se digan en voz alta en la audiencia, no solo que se publiquen. El Truth in Millage, la Florida Statute 200.065, obliga a que, antes de adoptar la tasa, el condado anuncie públicamente la tasa millage y el porcentaje de aumento del impuesto sobre la tasa rolled-back. La ley los hace decir en voz alta el número del impuesto. No existe, en cambio, una exigencia equivalente de enunciar en voz alta el total que el condado gasta; por eso el total de $13,233,238,000 pudo adoptarse sin pronunciarse.

Por el lado del documento, la Florida Statute 129.03 contiene dos obligaciones distintas: la 129.03(3)(b) exige que el resumen anunciado de los presupuestos tentativos muestre el total de todos los presupuestos; y la 129.03(3)(c) exige publicar el presupuesto final en el sitio oficial del condado dentro de los 30 días posteriores a su adopción. El voto fue el 18 de septiembre de 2025.

El expediente legislativo muestra que la propia Comisión reguló por escrito la disponibilidad del libro. El 21 de noviembre de 2025, más de 60 días después de la adopción, el comisionado René García radicó una resolución (matter 252354) que obligaba a informar las fechas exactas en que el presupuesto adoptado se publicó y en que se entregaron las copias impresas.

El 16 de diciembre, la Comisión aprobó por voto unánime de 13 a 0 la versión enmendada, la Resolución R-1226-25, del mismo García: fija como política del condado poner el presupuesto final a disposición de cada comisionado y del público a más tardar 60 días después de la adopción, ordena a la alcaldesa entregar un reporte escrito si no se cumple, y exige una copia impresa dentro de los 90 días. Sus considerandos citan la propia Florida Statute 129.03 y reconocen que exige publicar el final dentro de 30 días: la resolución no sustituye ni amplía ese plazo estatal.

Puestas en fechas, las obligaciones se leen solas, todas contadas desde el segundo hearing del 18 de septiembre de 2025: la ley estatal daba 30 días para tener el libro final en línea, hasta alrededor del 18 de octubre; la resolución de García sumó, como política del condado, 60 días para la disponibilidad al público, hasta el 17 de noviembre, y 90 días para la copia impresa a cada comisionado, hasta el 17 de diciembre.

Y ahí la pregunta que se hace sola: ¿por qué un comisionado tuvo que legislar la entrega de un libro que la ley ya obligaba a publicar? Porque cuando García impulsó la resolución, el plazo estatal del 18 de octubre ya había pasado, y la propia resolución nació para forzar que se informaran por escrito las fechas exactas de publicación y de entrega: si el libro final hubiera estado disponible a tiempo, no habría hecho falta legislar su entrega. Esa resolución es, en sí misma, evidencia institucional de que la disponibilidad del documento no se daba por resuelta.

Y no fue un solo comisionado: la impulsó García como patrocinador, la ofreció la comisionada Vicki López y la secundó la comisionada Danielle Cohen Higgins, y los trece la aprobaron por unanimidad. Más aún: la resolución se aprobó el 16 de diciembre, cuando su propio plazo de 60 días, el 17 de noviembre, también había expirado. La Comisión terminó ordenando, por unanimidad, la entrega de un libro que la ley mandaba publicar casi dos meses antes.

¿Se incumplieron los plazos? News Miami Dade no lo declara como sentencia —eso corresponde a un auditor o al propio condado—, pero los hechos apuntan en una sola dirección: el plazo estatal de 30 días venció alrededor del 18 de octubre de 2025, News Miami Dade no localizó ningún documento publicado dentro de ese plazo, y en diciembre los trece comisionados, por unanimidad, tuvieron que ordenar la entrega del libro. La mejor prueba de que el libro no estaba a tiempo no la pone News Miami Dade: la ponen los propios comisionados. Si Miami-Dade publicó el presupuesto final a tiempo, le corresponde mostrar el documento con su fecha de publicación.

¿Y el déficit? ¿De dónde salió el dinero para cerrarlo?

Hay un número que corresponde al proceso del presupuesto FY2025-26 y que conviene no confundir con el aumento de $299 millones del gran total. La foto fiscal más temprana del año, con corte al 1 de mayo de 2025, ya cifraba el hueco del fondo general: una lámina de la Office of the Mayor titulada «Projected Budget Gap» que muestra ingresos y carryover por $3,246,194,000 frente a gastos por $3,633,306,000, es decir, un déficit proyectado de $387,112,000.

Sumadas las solicitudes de las oficinas constitucionales —el Sheriff, el Clerk y el Supervisor of Elections— por $86,315,000, el déficit revisado llegaba a $473,427,000. News Miami Dade conoció esa lámina al fotografiarla en la sesión pública «Conversations with Cava» del 1 de mayo de 2025, cuando se mostró al público: el dato deja claro que el año presupuestario abrió con un déficit ya cuantificado y expuesto públicamente.

De ahí, la cifra bajó. En su memo de la primera audiencia (28 de agosto de 2025), la OMB citó el hueco del fondo general en unos $402 millones —una foto del mismo problema en otra fecha, no la misma cifra reconciliada—. Ese déficit no pasó al libro adoptado, porque la ley obliga a adoptar un presupuesto balanceado: se cerró con medidas de gasto (fusiones, congelamiento de contrataciones y recortes) ya reflejadas en el propuesto de julio, más identificaciones de ingreso y carryover de los memos —unos $101.478 millones el 28 de agosto, $16.098 millones el 12 de septiembre, un suplementario de $3.531 millones y carryovers de departamentos como Fire Rescue—. Es un mecanismo legal y ordinario.

Conviene separarlo del cambio en el total: el hueco del fondo general se tapó con ingresos y recortes identificados; el aumento de $299 millones del gran total es otra historia, dominada por el lado de capital. Son dos hilos que se cruzan y no deben confundirse: uno es cómo se cerró el déficit operativo; el otro, por qué creció el total.

¿Cuánto gasta el condado? El auditor y la administración no dan la misma cifra

Hay un elemento que refuerza todo lo anterior desde adentro del propio condado. El 15 de abril de 2026, ante el Intergovernmental & Economic Impact Committee, la Oficina del Commission Auditor —la fiscalización que responde a los comisionados, no a la administración— presentó un nuevo tablero del presupuesto, ordenado por la Resolución R-1087-25, e informó que seguía reconciliando las cifras: «we are seeing some discrepancies» («estamos viendo algunas discrepancias») entre lo que la Comisión aprobó y lo cargado en INFORMS, el sistema de registro del condado.

Ese tablero no nació por rutina. La resolución que lo ordenó, la R-1087-25, dejó por escrito el motivo: la administración venía entregando tarde los reportes financieros trimestrales —los del primer y segundo trimestre del año fiscal 2024-25 llegaron el 15 de agosto de 2025, «well past the required deadline» («muy pasado el plazo requerido»)—, un atraso que, en palabras de la propia resolución, «hinders and impairs the Board’s ability to exercise its oversight» («obstaculiza y perjudica la capacidad de la Junta de ejercer su fiscalización»).

Por eso la Comisión tuvo que ordenar al Mayor dar acceso en tiempo real a los números del condado, con un tablero que debía estar operativo antes del 28 de febrero de 2026. La primera versión se presentó apenas el 15 de abril.

Entonces vino el intercambio revelador. La comisionada Danielle Cohen Higgins le preguntó al Commission Auditor, Yinka Majekodunmi, simplemente cuál es el presupuesto del condado. La respuesta: el cálculo de su oficina del gasto total real ronda los diecisiete mil millones. «We passed a budget at $13.23 billion just a few months ago… to $17 billion?» («aprobamos un presupuesto de 13.23 mil millones hace apenas unos meses… ¿y ahora 17 mil millones?»), respondió ella. Una brecha de casi cuatro mil millones entre el número que la Junta votó y el que su propio auditor calcula.

El auditor lo enmarcó como un asunto de presentación, no de dinero perdido: el total familiar de trece mil millones usa un cálculo distinto que sumar el gasto de cada departamento, que daría un número más alto por el doble conteo entre fondos. Su ejemplo fue el Departamento de Tecnología, que figura con unos veintiséis millones en la cifra familiar pero queda «closer to 300 million than the 26 million» («más cerca de 300 millones que de 26») cuando se cuentan todas las transacciones que otros departamentos le pagan.

La administración dio su versión en la misma sesión. La Chief Administrative Officer, Carladenise Edwards, sostuvo que la diferencia está toda contabilizada en el presupuesto aprobado: los 13.2 mil millones son los gastos operativos anuales por departamento —excluyendo ingresos entre agencias para evitar doble conteo—, y el resto son gastos no operativos, servicio de deuda, distribuciones a trust funds, transferencias intra-agencia, reservas para bond covenants y transferencias de capital. A la misma pregunta, ella respondió 13.2 mil millones. Ni el auditor ni la administración alegan malversación: ambos lo describen como metodología.

Pero quedó una grieta sin cerrar. La oficina de la Comptroller, por medio de Barbara Galvez, advirtió que los datos del tablero no se habían validado contra los sistemas financieros del condado. Y la presidenta del comité, Natalie Milian Orbis, cerró diciendo que la presentación había dejado «more questions than answers» («más preguntas que respuestas»). El punto para el residente es el mismo de toda esta historia: a la pregunta más básica —cuánto gasta el condado— tres funcionarios dieron, el mismo día, cifras distintas. News Miami Dade prepara una pieza aparte sobre este tablero y la brecha de los cuatro mil millones.

¿Quién lo aprobó y quién responde?

El presupuesto adoptado FY2025-26 lo aprobó la Junta de Comisionados del Condado (BCC) en la segunda audiencia, la noche del 18 de septiembre de 2025, mediante las ordenanzas del paquete, entre ellas la Ordenanza 25-93 (fondo general countywide), la 25-95 (UMSA) y la 25-98 (los schedules de apropiaciones fondo por fondo, en 970 páginas). La administración de la alcaldesa, por medio de la OMB bajo Clodfelter, preparó y recomendó el presupuesto; la Comisión lo examinó, enmendó y adoptó por voto. La alcaldesa recomienda el presupuesto y puede vetar legislación, pero no es el decimocuarto voto de la Comisión.

News Miami Dade leyó las ocho ordenanzas del paquete: la cifra de $13,233,238,000 no aparece escrita en ninguna, ni el propuesto de $12,933,763,000.

Las cinco de millage solo fijan tasas; las tres de apropiación adoptan el presupuesto «según enmendado» por referencia y reparten las apropiaciones fondo por fondo. Tampoco se pueden sumar: los schedules incluyen transferencias entre fondos, por ejemplo la oficina del Sheriff recibe $377.7 millones del fondo general y $545.1 millones del UMSA, que producen doble conteo. El total solo aparece consolidado en la página 17 del libro adoptado. Si el condado sostiene que publicó antes otro documento con el total final, le corresponde identificarlo con su fecha y registro de publicación.

David Clodfelter: quién es y qué hizo con este presupuesto

La responsabilidad administrativa aparece identificada en el propio libro. News Miami Dade descargó del portal del condado el libro del presupuesto adoptado FY2025-26, Volumen 1. Su portada lleva como responsables a la alcaldesa Daniella Levine Cava y, como director de la Office of Management and Budget, a David L. Clodfelter, con Jorge M. Fernández como subdirector y Carlos Maxwell como asistente. Es decir, el funcionario de presupuesto que figura como responsable del libro adoptado es Clodfelter, el mismo que lo armó, semanas antes de dejar el cargo en enero de 2026. La página 17 de ese libro, verificada directamente por News Miami Dade, imprime el total de $13,233,238,000.

David Clodfelter fue Chief Budget Officer y director de la OMB de Miami-Dade hasta enero de 2026; el memo del director de la OMB de diciembre de 2021 (Fuente 7) confirma que ya ocupaba el cargo entonces, y la cobertura local sobre su salida (Fuente 13) reseña una carrera de más de tres décadas en el gobierno del condado. Fue su oficina la que, la noche del 18 de septiembre, leyó al récord los $200 millones de capital del Seaport.

Cuatro meses después, en enero de 2026, Clodfelter fue reasignado a un puesto de Senior Strategic Advisor; el sitio Political Cortadito describió la salida como la de un funcionario «convertido en chivo expiatorio».

Ray Baker: quién es y qué responde hoy

El 19 de enero de 2026, Ray Baker asumió como director de la OMB. El presupuesto FY2026-27, el que la alcaldesa presenta este mes, es su primer ciclo completo al frente de la oficina. Según la cobertura local, Baker venía de dirigir el sistema de bibliotecas del condado desde 2017; el mismo perfil señala que anteriormente trabajó en la oficina de presupuesto.

Su perfil oficial, casi seis meses después de su nombramiento, todavía anuncia que «su biografía completa estará disponible pronto». Ese sistema de bibliotecas opera como un distrito con su propia millage y unas 50 sucursales; la comparación no cuestiona sus credenciales, solo muestra la diferencia de escala frente al presupuesto condal de $13.2 mil millones que hoy administra.

El 8 de julio de 2026, en la segunda sesión pública «Conversations with Cava» del ciclo, en el North Dade Regional Library de Miami Gardens, la moderadora leyó en voz alta, desde el canal de Zoom, la pregunta de News Miami Dade: el año pasado la propuesta de julio fue de $12.93 mil millones, el libro adoptado imprime $13.23 mil millones, $299 millones más, y ninguna ordenanza dice el total final; ¿en qué momento escucharán los residentes el número final, en voz alta, antes del voto? La alcaldesa agradeció «a esta lectora muy atenta de nuestro presupuesto» y la transfirió a Ray Baker.

La respuesta del director de presupuesto, palabra por palabra, fue: «I don’t know that we were aware of any discrepancy in the overall budget numbers that were adopted.» («No sé que hayamos estado al tanto de ninguna discrepancia en los números generales del presupuesto que se adoptaron.») Baker agregó que el presupuesto de julio «varía un poco» («does vary a little bit») respecto del adoptado en septiembre, y ofreció: «I would be more than happy to talk to her about where she’s seeing that discrepancy» («con mucho gusto hablaría con ella sobre dónde está viendo esa discrepancia»).

Dos hechos enmarcan esa respuesta. Baker no estaba en el cargo cuando el número cambió: lo heredó impreso, y asumió el 19 de enero de 2026, cuatro meses después de la adopción. Y hay un dato de calendario en el registro público: dos días antes, en la primera sesión Conversations with Cava del 6 de julio, la propia oficina de la alcaldesa había proyectado una lámina que descomponía el presupuesto adoptado en $13.2 mil millones ($8,575,606,000 de operativo y $4,657,632,000 de capital), las mismas cifras de la página 17 del libro. Es decir, la administración ya mostraba en público ese desglose dos días antes de que su director respondiera que no tenía conocimiento de ninguna discrepancia.

News Miami Dade tomó por escrito esa oferta. El 9 de julio de 2026 la redacción envió por correo al director Baker, con copia a la alcaldesa, una solicitud formal de la tabla de reconciliación entre el total propuesto y el adoptado y de la composición por línea de los $103.3 millones de aumento operativo. Al cierre de este artículo, el 16 de julio de 2026, la OMB no había entregado la tabla que su propio director ofreció públicamente, y la oficina de la alcaldesa solo había enviado una respuesta automática.

¿Por qué importa: qué cambia para los residentes?

Porque este mes la administración presenta un presupuesto nuevo, y quien lo presenta y lo defenderá es Baker. El patrón del año pasado es la advertencia: entre la cifra propuesta en julio y el libro impreso mediaron dos memos, un memo suplementario con dispensa y $200 millones leídos en voz alta la noche del voto. Los residentes que hablen en las audiencias de septiembre opinarán sobre un número que, como el año pasado, puede crecer esa misma noche, legalmente, por referencia, sin que nadie enuncie el total. Saber quién arma esas cuentas, de dónde viene y qué respondió cuando se le preguntó por la diferencia, es parte de poder pedir cuentas.

¿A quién le importa que la cifra sea unos cientos de millones más o menos, y a quién le duele? Al residente. El gran total es la medida de cuánto gasta el condado del dinero público, y una diferencia de esta escala financia servicios reales. Cuando el vecino habla en la audiencia de septiembre, opina sobre un número que todavía puede cambiar esa misma noche; cuando el nuevo total se anuncia verbalmente en una sesión pública casi diez meses después, ya no queda una audiencia presupuestaria donde objetarlo.

Y como el condado no publica la reconciliación línea por línea, el público no puede reproducir de forma independiente cómo cada modificación produjo los $103.3 millones de aumento operativo y los $196.1 millones de aumento de capital. La opacidad no le cuesta a quien arma las cuentas: le cuesta a quien las paga.

Preguntas abiertas

1. ¿Publicará la OMB, bajo la dirección de Ray Baker, una tabla de reconciliación que muestre cómo el presupuesto propuesto de $12,933,763,000 se convirtió en el adoptado de $13,233,238,000?

2. ¿Cuál es la descomposición línea por línea de los $103.3 millones de aumento operativo entre la propuesta y la adopción, que ningún documento publica?

3. ¿Qué análisis público previo tuvo la compra de la instalación de combustible del Seaport por $200 millones antes de ser leída al récord la noche del voto, la partida de capital más visible del aumento?

4. ¿Incluirá el proceso FY2026-27, en alguna audiencia pública antes del voto de adopción, la enunciación del total final del presupuesto tal como quede enmendado?

5. El plazo estatal de 30 días para publicar el presupuesto final venció alrededor del 18 de octubre de 2025. ¿Qué documento con el total consolidado publicó Miami-Dade dentro de ese plazo, o se incumplió, si en diciembre los trece comisionados por unanimidad todavía tuvieron que ordenar la entrega del libro?

6. Ray Baker dirigió el sistema de bibliotecas del condado (un distrito con su propia millage) y, según su perfil, trabajó antes en la oficina de presupuesto; su primer ciclo completo al frente de la OMB es el presupuesto propuesto para FY2026-27 que la administración presenta este mes. ¿Qué cargo ocupó Baker antes dentro de la OMB, durante cuántos años y con qué responsabilidades, y qué medidas ha tomado para asegurar una reconciliación pública entre el propuesto y el adoptado?

7. ¿Publicará la OMB la reconciliación completa que permita reproducir, fondo por fondo y partida por partida, cómo el presupuesto propuesto de $12,933,763,000 llegó al total oficial de $13,233,238,000?

Fuentes consultadas

Nivel 1: Fuentes oficiales

1. Miami-Dade County, Office of Management and Budget. Perfil oficial de Ray Baker, director de la OMB, nombramiento efectivo el 19 de enero de 2026. Datos: director del sistema de bibliotecas desde 2017; maestría en Biblioteconomía e Información (Universidad del Sur de la Florida) y MBA (Universidad de Miami); «su biografía completa estará disponible pronto».

2. Miami-Dade County, BCC. Matter Legistar 260038, nombramiento de Ray Baker como director de la OMB (memorando al Chairman Anthony Rodríguez, 6 de enero de 2026).

3. Miami-Dade County. Proposed Budget FY2025-26, Volume 1, página 17: «TOTAL BUDGET: $12,933,763,000» (recuperado del Internet Archive, captura del 1 de agosto de 2025; el PDF ya no está en el sitio vivo del condado, la URL original devuelve error 404). Adopted Budget FY2025-26, Volume 1, página 17: «TOTAL BUDGET: $13,233,238,000», verificado directamente por News Miami Dade contra el PDF descargado en vivo del sitio del condado; su portada lleva a la alcaldesa Daniella Levine Cava y al director de la OMB David L. Clodfelter (subdirector Jorge M. Fernández, asistente Carlos Maxwell). Totales de años anteriores verificados contra el texto de los volúmenes: FY2023-24 «$11,764,183,000» y FY2024-25 «$12,759,799,000».

4. Miami-Dade County, BCC. Ordenanzas del paquete presupuestario FY2025-26 adoptadas el 18 de septiembre de 2025, con sus memos de cambios anexados: 252317 (Ordenanza 25-93 + memo del 28 de agosto), 252318 (Ordenanza 25-95), 252319 (Ordenanza 25-98). News Miami Dade leyó las ocho ordenanzas del paquete: el total de $13,233,238,000 no aparece escrito en ninguna, y las apropiaciones fondo por fondo incluyen transferencias inter-fondos que impiden sumarlas al total.

5. Registro oficial de las dos audiencias presupuestarias del BCC del FY2025-26: la primera audiencia del 4 de septiembre de 2025 (BCC First Budget Hearing) y la segunda y de adopción del 18 de septiembre de 2025 (grabación en Granicus/Legistar; copias en el archivo de News Miami Dade), con sus transcripciones leídas al 100% por News Miami Dade (1,693 y 3,821 líneas respectivamente). Hallazgo verificado: en ninguna de las dos audiencias se pronuncia la cifra total del presupuesto; la enmienda de $200 millones para la fuel facility del Seaport se lee al récord (fondo C999, timestamp 13m42s-14m06s). La única referencia al tamaño total la hizo un comisionado (timestamp 4h25m08s), no la administración.

6. Grabación íntegra de la segunda sesión pública «Conversations with Cava» del ciclo FY2026-27 (Miami Gardens, 8 de julio de 2026, ~1 hora 55 minutos), realizada por News Miami Dade; copia en el archivo de News Miami Dade.

Transcripción verificada con marca de tiempo: la moderadora leyó al récord la pregunta enviada por News Miami Dade, a nombre de su editora Isel Rodríguez [52m00s-52m35s]; Ray Baker respondió «I don’t know that we were aware of any discrepancy in the overall budget numbers that were adopted», que el presupuesto de julio «does vary a little bit», y «I would be more than happy to talk to her about where she’s seeing that discrepancy» [52m50s-53m11s].

Los datos del déficit ($387,112,000 de déficit proyectado, $86,315,000 de constitutional submittals, $473,427,000 de déficit revisado) provienen de la lámina «Projected Budget Gap» que la Office of the Mayor presentó al público en la primera sesión «Conversations with Cava», el 1 de mayo de 2025, fotografiada allí por la editora de News Miami Dade; sus datos tienen corte «as of May 1, 2025». En esas mismas sesiones de julio de 2026, la Office of the Mayor proyectó una lámina «FY 2025-26 Budget Breakdown» con operativo $8,575,606,000 (65%) y capital $4,657,632,000 (35%).

7. Miami-Dade County, OMB. Memorando del director sobre el proceso presupuestario FY2022-23, firmado por David L. Clodfelter como director de la OMB (diciembre de 2021), fuente primaria de su cargo y trayectoria.

8. News Miami Dade. Solicitud escrita al director de la OMB, Ray Baker, con copia a la alcaldesa Daniella Levine Cava, enviada el 9 de julio de 2026 como seguimiento a la oferta que Baker hizo en la sesión pública del 8 de julio: pide la tabla de reconciliación entre el total propuesto y el adoptado y la composición por línea del aumento operativo de $103.3 millones. Sin respuesta sustantiva al 16 de julio de 2026; solo una respuesta automática de la oficina de la alcaldesa. Copia del correo en el archivo de News Miami Dade.

9. State of Florida, Legislature. Florida Statute 200.065 (Truth in Millage). Florida Statute 129.03, verificada contra el texto oficial: la 129.03(3)(b) exige que el resumen anunciado muestre el total de todos los presupuestos; la 129.03(3)(c) exige publicar el presupuesto final en el sitio del condado dentro de los 30 días posteriores a su adopción («within 30 days after adoption»).

10. Miami-Dade County, BCC. Resolución R-1226-25 (matter 252508, Agenda Item 11(A)(5)), adoptada por voto unánime de 13 a 0 el 16 de diciembre de 2025; Prime Sponsor comisionado René García, ofrecida por la comisionada Vicki López y secundada por la comisionada Danielle Cohen Higgins. Establece 60 días para la disponibilidad al público y 90 días para la copia impresa; sus considerandos citan la Florida Statute 129.03(3)(c) y la 218.35(4). La versión original (matter 252354) fijaba 30 días. El registro en video de la sesión del 16 de diciembre de 2025 confirma la enmienda del Item 11(A)(5) y su aprobación; transcripción leída por News Miami Dade.

11. Miami-Dade County, Office of the Mayor. Comunicado oficial del 5 de junio de 2026, «Mayor Daniella Levine Cava directs County to proceed with eminent domain action for PortMiami fuel facility property». Confirma verbatim las declaraciones de la alcaldesa («the price was simply too high») y la estructura que «permitiría que la adquisición se pagara sola con el tiempo sin gastar dólares del contribuyente».

12. Miami-Dade County, BCC. Intergovernmental & Economic Impact Committee, reunión del 15 de abril de 2026 (agenda oficial, Meeting Key 5497; punto 1E1, expediente Legistar 260659, «Presentation by the BCC Commission Auditor on the County Budget Dashboard Directive», patrocinado por la comisionada Danielle Cohen Higgins).

Grabación oficial de Granicus (identificador de fecha en pantalla 04/15/26); copia íntegra de 1 hora 41 minutos en el archivo de News Miami Dade, con transcripción. Roster del comité verificado contra la agenda: Natalie Milian Orbis (presidenta), Vicki López (vicepresidenta), Danielle Cohen Higgins, René García y Roberto González. Fuentes primarias de esta sección: el reporte oficial de Legistar 260659 (minutas de la sesión) y la transcripción verbatim de la grabación de Granicus, leída al 100% por News Miami Dade, que incluye los verbatims «we are seeing some discrepancies» (el auditor) y «more questions than answers» (la presidenta del comité, Natalie Milian Orbis).

Verbatims verificados con marca de tiempo: el Commission Auditor, Yinka Majekodunmi, situó el gasto total real cerca de los $17 mil millones frente a los $13.23 mil millones aprobados, y lo ejemplificó con el Departamento de Tecnología («closer to 300 million than the 26 million»).

La Chief Administrative Officer, Carladenise Edwards, atribuyó la diferencia a gastos no operativos, servicio de deuda, trust funds, transferencias intra-agencia, reservas y capital, y cifró el total aprobado en $13.2 mil millones. Barbara Galvez (Comptroller, COCC) advirtió que los datos del tablero no se validaron contra los sistemas financieros del condado. El tablero se creó por la Resolución R-1087-25. Ni el auditor ni la administración alegan malversación; ambos lo describen como una cuestión de metodología.

13. Miami-Dade County, BCC. Matter Legistar 252021, adoptado como Resolución R-1123-25 (Agenda Item 8(G)(1)) el 18 de noviembre de 2025 por voto unánime de 12 a 0 (Distrito 5 vacante); ofrecida por el comisionado Oliver G. Gilbert III y secundada por el vicepresidente Kionne L. McGhee, a nombre del Prime Sponsor, el comisionado y exsenador estatal René García; preparada por la Office of Management and Budget.

Autoriza fondos estatales de la sesión legislativa 2025 (hasta $35,293,244, con contraparte del condado de hasta $35,874,244) para los proyectos del Exhibit A, y su Sección 5 dirige al County Mayor a presentar reportes trimestrales al BCC indicando si esos fondos se gastaron y, de gastarse, si se gastaron «in a manner consistent with the original funding request submitted to the State». Verificado por News Miami Dade contra las minutas oficiales (252021min) descargadas del portal Legistar.

14. Miami-Dade County, BCC. Matter Legistar 251954, adoptado como Resolución R-1087-25 (Agenda Item 11(A)(2)) el 4 de noviembre de 2025, Prime Sponsor comisionada Danielle Cohen Higgins. Enmienda la Resolución R-73-07 (2007) y dirige al County Mayor a proveer al Commission Auditor acceso en tiempo real a los sistemas que el condado usa para monitorear ingresos y gastos operativos, carryover, plazas autorizadas y vacantes, y datos financieros reales de cada departamento; y ordena desarrollar un Budget Dashboard operativo a más tardar el 28 de febrero de 2026.

Sus considerandos citan que la administración entregó tarde los reportes financieros trimestrales (los del primer y segundo trimestre del FY2024-25 se entregaron el 15 de agosto de 2025, «well past the required deadline»), lo que «hinders and impairs the Board’s ability to exercise its oversight responsibilities». Es la resolución que originó el tablero presentado el 15 de abril de 2026 (Fuente 12). Leído por News Miami Dade del PDF descargado del portal Legistar.

Nivel 2: Medios verificados

15. Political Cortadito, 7 de enero de 2026: cobertura de la salida de David Clodfelter de la OMB y la llegada de Ray Baker desde el sistema de bibliotecas.

16. Miami Today, 1 de julio de 2026: «Ray Baker: Leading county budget operation in difficult financial era», perfil de Baker.

17. Miami Herald, Editorial Board, 16 de enero de 2026: «Miami-Dade kicked the can down the road. A new budget chief won’t change that» (sindicado en MSN).

Descargo

News Miami Dade muestra las fuentes originales de los hearings públicos, los documentos Legistar, los memos de la County Attorney’s Office, las recomendaciones del staff del Department of Regulatory and Economic Resources, los archivos de Granicus y los registros de la Florida Division of Elections y de la Miami-Dade Commission on Ethics. Cada afirmación factual se ancla en su fuente primaria identificable; las posiciones se citan con fuente y verbatim cuando está disponible.

Esta pieza se apoya en los volúmenes presupuestarios propuesto y adoptado de Miami-Dade County, el perfil oficial de la OMB, las ordenanzas adoptadas con sus memos anexados, las resoluciones de la Comisión y la grabación íntegra de la sesión pública del 8 de julio de 2026, realizada por News Miami Dade. Cada afirmación factual se ancla en su fuente con página, sección o marca de tiempo. La pieza describe la trayectoria pública de dos funcionarios en el ejercicio de un cargo público y documenta un proceso presupuestario; no afirma ilegalidad, los mecanismos de enmienda descritos son los que las propias ordenanzas y la ley de Florida establecen.

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