SAVE Act de Florida: HB 991, 4 demandas federales y qué cambia. Dónde votan hoy residentes no ciudadanos en elecciones locales, y qué han dicho los tribunales
En resumen
La HB 991, la ley de Florida que cruza los datos de quien se registra a votar con los del Departamento de Seguridad Vial para verificar su ciudadanía y exige prueba documental cuando el sistema no puede confirmarla, está firmada desde el 1 de abril de 2026 y es el capítulo 2026-26. Sus secciones sobre el registro de votantes entran en vigor el 1 de enero de 2027; hasta entonces, registrarse en Florida no exige ningún documento nuevo. Tres demandas federales ya consolidadas en un solo expediente la impugnan, una cuarta está notificada desde el 19 de octubre, y ningún tribunal ha decidido todavía entre la lectura del Estado y la de los demandantes.
Es relevante para cualquier votante o aspirante a registrarse en Florida, y en especial en Miami-Dade, cuya Supervisora de Elecciones es una de las demandadas. El proyecto federal del mismo nombre, el SAVE America Act, sigue sin ser ley y se cuenta en una pieza aparte de este medio.
Florida no esperó al Congreso. El estado ya tiene su propia ley de prueba de ciudadanía para votar: la HB 991, conocida también como el SAVE Act de Florida, firmada el 1 de abril de 2026, con tres demandas federales consolidadas y una cuarta notificada, y cuyo grueso entra en vigor el 1 de enero de 2027. Este medio leyó las 72 páginas de la ley, las demandas, la directiva del Secretario de Estado y los escritos de octubre.
El proyecto federal del mismo nombre, el SAVE America Act —sigla de Safeguard American Voter Eligibility Act, la Ley de Salvaguarda de la Elegibilidad de los Votantes Estadounidenses—, que exigiría probar la ciudadanía con un documento para registrarse a votar, sigue sin ser ley; su trámite es el objeto de la pieza hermana de este medio. La HB 991 es la ley que en Florida hace las veces de ese SAVE Act, y por eso se la conoce con ese nombre.
Qué hace exactamente es, en parte, un punto en disputa: el Secretario de Estado sostiene que el registro se hace igual y la verificación llega después; los demandantes, que la ley condiciona el registro a esa verificación. Aquí se cuenta qué dice la letra de la ley, qué piden las demandas, quién las presenta y con qué dinero, qué responde el Estado, y qué cambia para un votante de Miami-Dade, con el documento delante en cada paso.
Qué pasó: Florida aprobó su ley mientras el proyecto federal esperaba
El SAVE America Act sigue sin ser ley, pero eso no significa que en Florida nada haya cambiado todavía ni que nada vaya a cambiar. El 1 de abril de 2026, el mismo día en que se presentó la primera demanda en su contra, el gobernador Ron DeSantis firmó la HB 991.
Este medio leyó las 72 páginas del texto aprobado por la Legislatura, que no contiene ni la fecha de la firma ni el número de capítulo. Esos dos datos constan en el historial oficial del proyecto en flsenate.gov, archivado en el expediente del caso, cuya tabla de acciones registra el 1 de abril de 2026 «Approved by Governor» y el 2 de abril, «Chapter No. 2026-26».
CS/CS/HB 991 (2026), texto aprobado por la Legislatura de Florida, capítulo 2026-26, firmada por el gobernador Ron DeSantis el 1 de abril de 2026, 72 páginas. Fuente 1.
El texto aprobado tiene varias fechas de entrada en vigor, no una sola. Siete secciones rigen desde el momento mismo de la firma: la 6 (página 19, horario mínimo de la oficina del supervisor de elecciones), la 10 (página 31, el juramento de afiliación de partido del candidato), la 11 (página 35, el nuevo procedimiento para impugnar una candidatura), la 12 (página 36, la lista de documentos que debe presentar un candidato para calificar, incluido su juramento), la 26 (página 60, esos mismos documentos para candidatos a cargos judiciales o de junta escolar), la 27 (página 62, el juramento del candidato de que cumple los requisitos del cargo) y la propia cláusula de vigencia, la 34 (página 72).
- De esas siete, tres tocan la ciudadanía pero del candidato, no del votante:
- la 12 y la 26 exigen al candidato un juramento sobre si tiene doble ciudadanía,
- y la 27 le exige jurar en general que cumple todos los requisitos legales y constitucionales del cargo que busca, sin nombrar la ciudadanía aparte.
- Ninguna de las siete toca el sistema de verificación de ciudadanía del votante, que es el eje de esta pieza.
- Otras tres rigen desde el 1 de julio de 2026, ya en vigor:
- la 25 (página 60, prescripción de cinco años para el fraude electoral),
- la 28 (página 63, prohíbe las contribuciones de campaña de extranjeros)
- y la 30 (página 65, suma los delitos de peticiones de iniciativa, artículos 104.185 a 104.188, a la lista de delitos base del crimen organizado); ninguna toca el registro de votantes.
El grueso de la ley, las secciones de registro (página 72), rige desde el 1 de enero de 2027. Y hay una fecha más, el 1 de julio de 2027 (página 64), para que las licencias de conducir e identificaciones estatales de ciudadanos lleven impreso su estatus de ciudadanía.
Qué hace la ley es, en parte, un punto en disputa entre el estado y quienes la demandan. La ley cruza los datos del registro de votantes con los del Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados (DHSMV) para verificar la ciudadanía; si el sistema no puede confirmarla, exige prueba documental, y su sección 8 alcanza no solo a quien se registra de nuevo sino a la verificación retroactiva de votantes que ya estaban registrados, según la demanda de UnidosUS (página 5).
Esa misma demanda sostiene además que el efecto práctico no es solo posterior al registro. Sobre la sección 3 de la ley, la del registro por internet, dice, verbatim (páginas 4 y 5): «Such applications will be processed for registration only if DHSMV records indicate that the voter has previously provided proof of U.S. citizenship. If the records do not show the registrant has previously provided DPOC, the Department of State must flag the issue for the relevant county supervisor.» Y sostiene que un voto provisional solo cuenta si el documento se aporta en dos días.
Este medio cotejó esa lectura contra la letra de la sección 3 del texto aprobado (páginas 12 y 13), que reescribe el apartado (4) del artículo 97.0525. El inciso (b) ordena transmitir la solicitud al supervisor cuando el nombre y la fecha de nacimiento coinciden con el DHSMV y sus registros indican que el solicitante ya entregó un documento de ciudadanía.
El inciso (c) cubre el otro caso: si coinciden nombre y fecha de nacimiento pero los registros del DHSMV indican que «the applicant is not a United States citizen or has not provided a document acceptable as evidence of United States citizenship», el sistema «must notify the supervisor of elections that the applicant’s legal status as a United States citizen could not be verified and transmit… the applicant’s registration application… to the supervisor of elections».
Es decir: según la letra de la sección 3, la solicitud en línea se transmite al supervisor en los dos casos; lo que cambia es que, en el segundo, llega con el aviso de que la ciudadanía no pudo verificarse. Qué pasa después con esa solicitud —verificación por otras fuentes, aviso al solicitante, papeleta provisional o aviso de baja— lo regula la sección 4 (artículo 97.053(6), páginas 16 y 17), y ahí es donde se separan la lectura del Estado y la de los demandantes. Transmitir, verificar la ciudadanía y poder votar con papeleta ordinaria son tres pasos distintos, y este artículo no los funde.
Hay una tercera lectura sobre este mismo procedimiento, la del propio Estado, y ningún tribunal la ha resuelto frente a la de los demandantes. El 29 de julio de 2026 el Secretario de Estado de Florida, Cord Byrd, firmó la Directiva 2026-03 a los supervisores de elecciones —una instrucción escrita del Secretario de Estado en su papel de máxima autoridad electoral de Florida, vigente, dice su propio texto, verbatim, «until such time as it is superseded or revoked by an act of Congress, state law, subsequent directive, or final court order»: hasta que la sustituya o la revoque un acto del Congreso, una ley estatal, una directiva posterior o una sentencia judicial firme—.
Dice, verbatim, que la HB 991 «does not condition registration on an applicant’s submission of documentary proof of citizenship along with the voter registration application»: no condiciona el registro a entregar prueba documental de ciudadanía junto con la solicitud. El supervisor debe inscribir a todo solicitante, cita textual, «just as you always have», tal como siempre lo ha hecho.
Ver original en floridados.gov
Directiva 2026-03 del Secretario de Estado de Florida, Cord Byrd, a los supervisores de elecciones sobre la implementación de la HB 991, 29 de julio de 2026, 3 páginas. Fuente 2.
Según esa misma directiva, la verificación llega después. El DHSMV marca el estatus del solicitante como ciudadano o «not/unknown», y si no queda claro, el supervisor debe recurrir a fuentes estatales y federales, entre ellas el sistema SAVE. Si sigue sin verificarse, debe notificar al solicitante y garantizarle papeleta provisional, y solo si otra fuente confirma de forma afirmativa que no es ciudadano —no si el estatus queda «desconocido»— debe iniciar el aviso de baja de la sección 98.075(7). La directiva no nombra ninguna de las tres demandas citadas arriba ni dice que su lectura sea falsa: fija solo la interpretación del Estado sobre el mismo texto. Ningún tribunal ha decidido todavía cuál de las dos prevalece.
La ley también estrechará, desde el 1 de enero de 2027, qué identificaciones sirven para votar en persona. Así consta en la sección 13 de la ley, que reescribe el artículo 101.043 de los Estatutos de Florida (texto aprobado, páginas 38 y 39, líneas 946 a 973), leída directamente por este medio. Tacha las tarjetas de débito o crédito, las identificaciones de estudiante, de centros de retiro, de asociaciones de vecinos y de asistencia pública. Cambia la identificación militar por la de los servicios uniformados o la Marina Mercante. Y excluye expresamente las tarjetas emitidas por centros educativos.
Siguen valiendo, según ese mismo texto: la licencia de conducir de Florida; la identificación estatal del DHSMV; el pasaporte o la tarjeta de pasaporte de Estados Unidos; la identificación de los servicios uniformados o de la Marina Mercante; la tarjeta de salud de veterano del Departamento de Asuntos de Veteranos; la licencia de armas ocultas; y cualquier otra identificación emitida por una entidad federal, estatal, de condado o municipal, salvo las de centros educativos. Rige desde la fecha general de la ley, el 1 de enero de 2027 (página 72), porque la sección 13 no figura entre las que tienen fecha propia.
Tres demandas federales, ya consolidadas, impugnan la ley de Florida, y una cuarta está notificada
El mismo 1 de abril de 2026 se presentó la primera demanda contra la HB 991: UnidosUS et al. v. Byrd, expediente 1:26-cv-22257 del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida. Este medio descargó y leyó el escrito completo. Los demandantes son UnidosUS, la League of Women Voters of Florida, Florida Rising Together, Hispanic Federation, Florida Immigrant Coalition y Common Cause, representados por la ACLU, la ACLU de Florida y otros bufetes. El demandado es Cord Byrd, Secretario de Estado de Florida, junto con los supervisores de elecciones de Broward, Miami-Dade y Palm Beach.
El escrito alega que la ley viola la Primera y la Decimocuarta Enmiendas, que carga de forma desproporcionada a ciudadanos naturalizados, a votantes negros de edad avanzada que nacieron sin certificado de nacimiento en la era de segregación, a mujeres casadas que cambiaron de apellido, y a personas de bajos ingresos, y que las bases de datos que cruza la ley, el DHSMV y el sistema federal SAVE, producen falsos positivos.
UnidosUS et al. v. Byrd, 1:26-cv-22257, escrito de demanda contra la HB 991, Distrito Sur de Florida, 1 de abril de 2026. Copia alojada por la ACLU, uno de los bufetes que representan a los demandantes; no es el sitio del tribunal. Fuente 3.
Ese mismo día, unas dos horas después, se presentó una segunda demanda, Florida State Conference of Branches and Youth Units of the NAACP et al. v. Byrd, en el Distrito Norte de Florida, expediente 4:26-cv-00147.
Así lo relata el auto del 1 de mayo de 2026 de la jueza de distrito Jacqueline Becerra, documento 61 del expediente de UnidosUS, archivado en el expediente del caso, en la copia que aloja Democracy Docket: la demanda de UnidosUS entró a las 9:32 de la mañana; «about two hours later», la Conferencia Estatal de la NAACP y la Florida Alliance for Retired Americans demandaron en el Distrito Norte al Secretario de Estado, al director ejecutivo del DHSMV y a los 67 supervisores de elecciones del estado (página 2).
Ese auto concedió el traslado del caso de la NAACP al Distrito Sur y denegó, sin perjuicio de que se volviera a pedir, la consolidación plena (página 8). Este medio no ha leído el escrito de la NAACP y no afirma cuáles son sus alegaciones exactas.
Y el 1 de septiembre de 2026 se presentó una tercera, Black Voters Matter Fund et al. v. Byrd, expediente 1:26-cv-26047, División de Miami del Distrito Sur de Florida. Este medio archivó y leyó el escrito completo, de 43 páginas, en la copia que aloja el Southern Poverty Law Center, uno de los bufetes que representan a los demandantes, en el expediente del caso. Los demandantes son Black Voters Matter Fund y la League of United Latin American Citizens (LULAC). Los demandados, todos en su capacidad oficial: Cord Byrd y los supervisores de elecciones de Broward (Joe Scott), Palm Beach (Wendy Sartory Link), Miami-Dade (Alina García), Orange (Karen Castor Dentel) y Osceola (Mary Jane Arrington) (página 1).
Ver copia alojada por el Southern Poverty Law Center
El escrito trae seis cargos, y aquí estaba la diferencia con la primera demanda tal como se presentó el 1 de abril de 2026: cinco son por violación de la Ley Nacional de Registro de Votantes (NVRA) de 1993 —el uso del formulario federal y estatal, el registro a tiempo de quien lo solicita, los límites a la baja de votantes registrados, el mantenimiento uniforme y no discriminatorio de las listas y el periodo de quietud de 90 días antes de una elección federal— y el sexto es por el debido proceso de la Decimocuarta Enmienda (páginas 31 a 41).
Firma el escrito Jennifer Thelusma, del Southern Poverty Law Center (página 42). Figuran además como abogados de los demandantes Matletha Bennette, del mismo centro, y, con su solicitud de admisión especial al tribunal (pro hac vice) todavía por presentar, según el propio escrito («Pro Hac Vice Application Forthcoming»), Bradley E. Heard y Brady Miller, del SPLC, y Norman L. Eisen, Andrew Warren, Pooja Chaudhuri y Beauregard Patterson, del Democracy Defenders Fund (página 43).
Black Voters Matter Fund et al. v. Byrd, 1:26-cv-26047, escrito de demanda contra la HB 991, Distrito Sur de Florida, División de Miami, 1 de septiembre de 2026, 43 páginas. Copia alojada por el Southern Poverty Law Center, uno de los bufetes que representan a los demandantes; no es el sitio del tribunal. Fuente 5.
De las tres demandas, este medio archivó y leyó completo el escrito de la primera y el de la tercera, y no ha leído el de la segunda.
Sobre si están unidas: el auto del 20 de mayo de 2026, documento 64, archivado y leído completo en la misma copia de Democracy Docket, dice, verbatim, que el caso de la NAACP, ya con número 26-cv-23135-JB, queda «CONSOLIDATED for purposes of trial, and timing of pleadings, hearings, and depositions and other discovery» dentro de UnidosUS et al. v. Cord Byrd et al., 26-cv-22257-JB, que desde entonces es el único número bajo el que se presentan los escritos, y ordena al secretario del tribunal cerrar el expediente 26-cv-23135-JB (página 2).
UnidosUS et al. v. Byrd, 26-cv-22257-JB, auto de consolidación de la jueza Jacqueline Becerra, documento 64, Distrito Sur de Florida, 20 de mayo de 2026, 2 páginas. Copia alojada por Democracy Docket. Fuente 4.
Las dos primeras demandas están, pues, consolidadas para juicio y calendario desde el 20 de mayo de 2026, por orden de la jueza Becerra. La tercera, la de Black Voters Matter, se unió después. Según el registro de su expediente en CourtListener —un espejo de PACER, no el sitio del tribunal—, archivado por este medio el 20 de octubre de 2026, la jueza Becerra firmó el 28 de septiembre de 2026 un auto que el asiento 28 describe, verbatim, como «ORDER CONSOLIDATING CASES Closing Case», y el expediente 1:26-cv-26047 figura como terminado ese día.
Este medio no ha leído ese auto. Lo que sí leyó son los escritos posteriores, presentados bajo el número único 1:26-cv-22257-JB, cuyos encabezados llaman a Black Voters Matter Fund «Consolidated Plaintiffs» y al caso «Consolidated Case No. 1:26-cv-22257-JB».
Ese estado procesal avanzó después. En un auto firmado el 10 de julio de 2026 y registrado en el expediente el 13 de julio, la jueza Becerra fijó el juicio del caso consolidado para el periodo de dos semanas que comienza el lunes 8 de noviembre de 2027, con la llamada de calendario el 2 de noviembre de 2027 (documento 88 del expediente), que este medio archivó y leyó completo.
El 22 de julio de 2026, dentro del plazo que ese mismo auto fijaba para enmendar demandas, UnidosUS y las demás organizaciones demandantes presentaron una demanda enmendada (documento 89), que este medio archivó y leyó completa. A diferencia de la original, esta SÍ añade cargos por violación de la Ley Nacional de Registro de Votantes: cinco cargos nuevos bajo las secciones 5, 6(a), 6(b), 7 y 8 de la NVRA, además del cargo original de la Primera y Decimocuarta Enmiendas y uno nuevo sobre la prohibición de identificación estudiantil. La demanda dice que envió una carta de preaviso el 22 de abril de 2026 y que el secretario Byrd no respondió.
Y el 16 de septiembre de 2026 el Estado presentó su réplica en apoyo de su moción de desestimación (documento 134), que este medio archivó y leyó completa. El Estado sostiene, como argumento propio y no como conclusión de ningún tribunal, que la disputa no es si Florida puede verificar la ciudadanía sino cuándo: dice que la mayoría de solicitantes queda inscrita sin aportar ningún documento, porque sus datos se cotejan con los registros del DHSMV y, si hace falta, con el sistema federal SAVE, y que la prueba documental solo puede llegar a exigirse, para quien no pudo verificarse por esa vía, antes de emitir «a regular… ballot», una papeleta ordinaria, no antes de registrarse.
Esa lectura judicial del Estado coincide con la que ya fijaba la Directiva 2026-03 del Secretario Byrd, citada arriba: el registro va primero y la verificación documental, cuando hace falta, viene después. Ningún tribunal la ha aceptado ni rechazado todavía.
El expediente siguió moviéndose en octubre. Según el registro del expediente consolidado en CourtListener, archivado por este medio el 20 de octubre de 2026 y reabierto de nuevo, por fecha descendente, el 26 de octubre de 2026
(Copia local: fuentes/01-primarias/docket-unidosus-v-byrd/2026-10-26_courtlistener-com_docket-73126706-unidosus-v-byrd_page2_asiento-158.html), el 2 de octubre el Secretario Byrd presentó una moción para desestimar la demanda de Black Voters Matter (documento 146, 22 páginas, de las que este medio leyó las tres primeras), con el mismo argumento de fondo, verbatim: «Nothing in HB 991 requires the applicant to attach a birth certificate, passport, or any other documentary proof of citizenship when registering to vote.»
El mismo día presentó un aviso de autoridad suplementaria (documento 147, tres páginas, leído completo) que cita la orden de suspensión de la Corte Suprema en DHS v. League of Women Voters, No. 26A308, del 25 de septiembre de 2026, sobre el uso del sistema federal SAVE en los 90 días previos a una elección.
Los demandantes de UnidosUS respondieron el 7 de octubre (documento 152) que esa orden, verbatim, «has no bearing» en las mociones de desestimar.
El 23 de octubre, el día en que vencía su plazo, el Estado presentó su réplica final en apoyo de la moción de desestimar (documento 158, 7 páginas, leído completo por este medio).
Argumenta dos puntos propios del Estado, que ningún tribunal ha aceptado todavía: que Black Voters Matter no dio el preaviso específico que exige la Ley Nacional de Registro de Votantes para dos de sus reclamos, y que su argumento de debido proceso no se sostiene porque la Decimocuarta Enmienda permite posponer una audiencia hasta después de la actuación administrativa (Cleveland Bd. of Educ. v. Loudermill, 470 U.S. 532, 542). A esa misma fecha, el registro del expediente no muestra ninguna decisión del tribunal sobre las mociones de desestimar, y el asiento 158 sigue siendo, a 26 de octubre de 2026, el último del expediente consolidado.
El 16 de octubre Black Voters Matter y LULAC presentaron su oposición a la moción (documento 156, 27 páginas, de las que este medio leyó la portada y el índice, cuyo apartado II.A dice, verbatim, «HB 991 conditions completed registration on citizenship verification despite Defendant’s contrary characterization»). La réplica del Estado vence el 23 de octubre de 2026, y a la fecha de este artículo no hay decisión sobre ninguna de las mociones de desestimar.
Y el 19 de octubre de 2026, en el asiento más reciente del expediente, la NAACP de Florida y la Florida Alliance for Retired Americans presentaron un aviso de acción relacionada (documento 157, tres páginas, leído completo): notifica un nuevo pleito, Florida State Conf. of Branches and Youth Units of the NAACP v. Byrd, No. 1:26-cv-27307, que, verbatim, «concerns the same student identification provision of HB 991». Ese cuarto expediente no se ha abierto ni leído, y este medio no afirma nada sobre él más allá de lo que dice el aviso.
UnidosUS et al. v. Byrd, 1:26-cv-22257-JB, aviso de acción pendiente, relacionada o similar de la Conferencia Estatal de la NAACP de Florida y la Florida Alliance for Retired Americans, documento 157, Distrito Sur de Florida, 19 de octubre de 2026, 3 páginas. Copia RECAP; no es el sitio del tribunal. Fuente 10.
Sobre el resto del estado procesal —otras mociones, intervenciones, el escrito propio de la NAACP— este medio no ha leído ningún otro documento y no afirma nada.
Dos lecturas, y los datos que cada lado invoca
La disputa sobre la HB 991 tiene dos lados con nombre, cargo y documentos propios. Esta sección los pone uno junto al otro: quién gobierna y firmó, quién demanda y con qué dinero, y qué dice cada parte en sus propias palabras. No resuelve quién tiene razón, porque eso está ante un tribunal; da los hechos para que cada lector juzgue qué pretende cada cual.
Los funcionarios de Florida, con cargo y partido
Las votaciones de la ley constan en el historial oficial del proyecto en flsenate.gov, ya citado y archivado: la Cámara la aprobó el 25 de febrero de 2026 por 83 votos contra 31; el Senado rechazó una enmienda el 11 de marzo por 12 contra 24 y aprobó la ley el 12 de marzo por 27 contra 12; y la Cámara aceptó la versión del Senado ese mismo día por 77 contra 28. Ese historial da los totales, no el voto de cada legislador.
El voto de cada uno consta en las cuatro hojas de votación nominal oficiales que ese mismo historial enlaza y que este medio archivó el 21 de octubre de 2026: la de la Cámara del 25 de febrero (83 a favor, 31 en contra, 3 sin votar)
, la del Senado del 11 de marzo sobre la enmienda 305574 (12 a favor, 24 en contra, 3 sin votar)
, la del Senado del 12 de marzo (27 a favor, 12 en contra, nadie sin votar)
y la de la Cámara del 12 de marzo (77 a favor, 28 en contra, 12 sin votar). Las hojas dan nombre, distrito y voto de cada legislador; no dan su partido.
Los cinco funcionarios estatales que este medio nombra en el trámite van en la tabla, con su cargo y su partido verificados donde fue posible contra el custodio oficial, y con lo que no se pudo comprobar dicho con esas palabras.
| Nombre | Cargo | Partido | Papel en la HB 991 | Verificación y fuente |
|---|---|---|---|---|
| Ron DeSantis | Gobernador de Florida | Republicano | Firmó la ley el 1 de abril de 2026 («Approved by Governor», historial oficial) | Cargo y firma: comprobado, historial oficial de flsenate.gov ya citado. Partido: dato público de conocimiento general |
| Cord Byrd | Secretario de Estado de Florida; demandado en los tres expedientes | Republicano, según el análisis interno del caso; el registro oficial archivado no dice partido | Nombrado por el gobernador, con inicio de mandato el 17 de mayo de 2022; el Senado no llegó a considerar ese primer nombramiento, lo renombró el 3 de enero de 2023 y lo confirmó el 26 de abril de 2023. Firmó la Directiva 2026-03 y presentó las mociones de desestimar | Nombramiento y confirmación: comprobado, registro de nombramientos ejecutivos del Senado de Florida |
| Alexis Calatayud | Senadora estatal, Distrito 38 (parte de Miami-Dade) | Republicana | Votó en contra en el pleno del Senado del 12 de marzo de 2026 (27 a favor, 12 en contra): «N Calatayud-38» en la hoja de votación nominal oficial. Fue la única republicana que votó en contra: los otros once votos en contra (Arrington, Berman, Bernard, Bracy Davis, Davis, Jones, Osgood, Polsky, Rouson, Sharief y Smith) figuran como demócratas en el roster oficial del Senado. El 11 de marzo había votado a favor de la enmienda 305574, rechazada 12-24. | Nombre, partido y distrito: comprobado, página oficial en flsenate.gov, roster oficial del Senado de Florida. |
| Jason Pizzo | Senador estatal, Distrito 37 (partes de Broward y Miami-Dade) | Sin afiliación de partido, según su página oficial; fue demócrata y líder de la minoría del Senado hasta abril de 2025, según el análisis interno del caso | Votó a favor en el pleno del Senado del 12 de marzo de 2026: «Y Pizzo-37» en la hoja de votación nominal oficial. En la votación de la enmienda 305574 del 11 de marzo figura excusado («EX»). | Nombre, afiliación actual y distrito: comprobado, página oficial en flsenate.gov |
| Ashley Gantt | Representante estatal, Distrito 109 (Miami-Dade) | Demócrata | Votó en contra en las dos votaciones de la Cámara: «N Gantt-109» el 25 de febrero de 2026 (83-31) y el 12 de marzo (77-28), según las hojas de votación nominal oficiales. Presentó la enmienda 818439 a la HB 991 («Representative Gantt offered the following», PDF oficial de 48 páginas, aprobada para registro el 20 de febrero de 2026), que la Cámara rechazó el 25 de febrero («House: Failed 2/25/2026», historial oficial). Según Florida Phoenix, en el debate del 25 de febrero dijo que la enmienda buscaba cubrir casos como el de su tía, nacida en casa en Carolina del Sur en la era de Jim Crow y a la que nunca se le expidió certificado de nacimiento, y que la ley, verbatim, «will block eligible U.S. citizens from registering to vote and remove longtime voters from the rolls». | Cargo, partido y distrito: comprobado, página oficial en flhouse.gov («District: 109 — Democrat«; «I proudly represent House District 109 in Miami-Dade County»), archivada el 21 de octubre de 2026. La enmienda y su resultado: comprobado, PDF oficial de la enmienda 818439, sus palabras y el caso de su tía: comprobado que los publicó Florida Phoenix el 25 de febrero de 2026. |
Quién demanda, qué es cada organización y con qué dinero
Cinco organizaciones encabezan las demandas, y una sexta, la ACLU, las representa. Los datos de fundación, misión y trayectoria de cada una proceden del análisis interno de este medio del 20 de octubre de 2026, cotejado contra las páginas propias de cada organización y fuentes públicas que no se archivaron en el expediente; se presentan como descripción, no como hecho disputado.
Las cifras de financiación vienen de agregadores de datos del formulario 990 del IRS (ProPublica Nonprofit Explorer, CauseIQ, InfluenceWatch, Kindora). Cada organización tiene postura pública declarada contra la ley; ninguna se trata como fuente neutral sobre su propio litigio.
UnidosUS. Es, según su propia descripción, la organización de defensa y servicio a la comunidad hispana más grande de Estados Unidos. Nació en 1968 en Phoenix, Arizona, como Southwest Council of La Raza, fundada por Herman Gallegos, Julian Samora y Ernesto Galarza; en 1972 pasó a llamarse National Council of La Raza y en 2017 adoptó el nombre UnidosUS. Su misión declarada: mejorar las oportunidades de los hispanos mediante investigación aplicada, análisis de políticas públicas, cabildeo y una red de organizaciones afiliadas. Es la demandante principal del expediente consolidado.
Cómo se financia: no se pudo comprobar contra el Form 990 original. Los agregadores reportan, para el ejercicio más reciente disponible, unos 75,9 millones de dólares de ingresos, 72,3 millones de gastos y 139,6 millones de activos, con 78,8 millones en subvenciones de 75 fundaciones distintas sin que ninguna supere la mitad; las fuentes discrepan sobre si el periodo es el año fiscal 2024 o el tributario 2025, y este medio no lo resuelve. Ningún donante individual principal quedó identificado.
Por qué considera dañina la ley, en sus palabras: Jared Nordlund, director estatal de UnidosUS en Florida, en el comunicado conjunto de la ACLU del 1 de abril de 2026, archivado por este medio el 20 de octubre de 2026
«HB 991 is another solution in search of a problem.» Su demanda alega, como ya se contó, que la ley viola la NVRA y las Enmiendas Primera y Decimocuarta, que impone una carga retroactiva a votantes ya registrados y que afecta de forma desproporcionada a ciudadanos naturalizados, mujeres casadas que cambiaron de apellido y votantes de bajos ingresos.
Conferencia Estatal de la NAACP de Florida. Es la rama estatal de la NAACP, la organización de derechos civiles más antigua del país, fundada en 1909. La conferencia de Florida se formó en octubre de 1941, la primera conferencia estatal de ramas del país, con Harry T. Moore como primer presidente; Moore y su esposa Harriette murieron en 1951 por una bomba en su casa. Demanda junto con la Florida Alliance for Retired Americans en el expediente consolidado y, según el aviso del 19 de octubre de 2026 ya citado, en el cuarto pleito sobre la identificación estudiantil. Su escrito no lo ha leído este medio.
Cómo se financia: no se pudo comprobar; la búsqueda de este medio no encontró cifras de ingresos ni donantes de la conferencia estatal, ni en agregadores del Form 990 ni en fuente propia. Una cita verbatim de un vocero identificado sobre la HB 991: no se pudo comprobar; el comunicado nacional de la NAACP del 2 de abril de 2026, no archivado por este medio, no atribuye ninguna declaración a una persona con nombre, según el análisis interno. Lo que alega, según ese análisis sobre una demanda no leída por este medio: que la revisión de elegibilidad alcanzaría a todos los votantes ya registrados y que la carga mayor recaería sobre votantes negros, de bajos ingresos, jóvenes y mayores.
Black Voters Matter Fund. Organización 501(c)(4) cofundada en 2016 por LaTosha Brown y Cliff Albright para aumentar el poder político y la participación electoral de las comunidades negras; tiene una entidad hermana 501(c)(3), el Black Voters Matter Capacity Building Institute, lanzada en 2017. Demanda junto con LULAC en el expediente de septiembre, representada por el Southern Poverty Law Center y Democracy Defenders Fund. Otros litigios anteriores suyos sobre identificación de votantes no se pudieron comprobar.
Cómo se financia: comprobado solo contra un agregador del Form 990, no contra el formulario. ProPublica Nonprofit Explorer reporta para el Fondo 9,3 millones de dólares de ingresos y 5,2 millones de gastos en 2024, con 4,53 millones en activos; esa cifra no incluye al instituto hermano. En 2021 la cofundadora LaTosha Brown dijo que el conjunto de la marca recibió más de 30 millones en donaciones en 2020, de unos 90.000 donantes, la mayoría pequeños; según el Chronicle of Philanthropy, que la recoge, esa cifra no debe confundirse con los ingresos del Fondo.
En sus palabras: April England-Albright, directora legal del Fondo, en el comunicado del Southern Poverty Law Center del 2 de septiembre de 2026, archivado por este medio el 20 de octubre de 2026
«We are challenging this law because every eligible voter deserves a fair and accessible opportunity» y «H.B. 991, which is Florida’s version of the SAVE Act, puts unnecessary barriers between eligible voters and the ballot.» Su demanda, como ya se contó, trae cinco cargos bajo la NVRA y uno por el debido proceso.
LULAC (League of United Latin American Citizens). Según su propia descripción y fuentes independientes, es la organización de derechos civiles hispana más antigua y más grande del país, fundada el 17 de febrero de 1929 en Corpus Christi, Texas, por la fusión de varios grupos, en su mayoría de veteranos mexicoamericanos de la Primera Guerra Mundial. Su misión declarada cubre economía, educación, influencia política, vivienda, salud y derechos civiles de la población hispana. Codemandante con Black Voters Matter Fund. Litigios anteriores suyos sobre prueba de ciudadanía para votar no se pudieron comprobar.
Cómo se financia: no se pudo comprobar contra el Form 990 original. InfluenceWatch, un agregador con línea editorial declarada, reporta para la organización nacional 1.220.449 dólares de ingresos y 1.617.976 de gastos en 2024; los consejos locales, entidades fiscales aparte, aportan en conjunto alrededor de un millón de dólares al año en becas, según la propia organización. En sus palabras: Juan Proaño, director ejecutivo, en el mismo comunicado del Southern Poverty Law Center: «Naturalized citizenship is not provisional. Florida cannot treat it as if it is.»
Liga de Mujeres Votantes de Florida (League of Women Voters of Florida). Capítulo estatal de la League of Women Voters, red nacional no partidista fundada en 1920 por Carrie Chapman Catt, cuyos estatutos le prohíben respaldar candidatos o partidos; su misión declarada es fomentar la participación informada e influir en políticas públicas mediante educación y cabildeo. La fecha de fundación del capítulo de Florida no se pudo resolver: las fuentes consultadas dan 1921 y 1939. Codemandante en el expediente de UnidosUS, representada por la ACLU. Capítulos de otros estados litigan leyes parecidas, como se cuenta más abajo.
Cómo se financia: comprobado solo contra un agregador del Form 990. ProPublica Nonprofit Explorer reporta unos 209.000 dólares de ingresos y 197.000 de gastos en 2024, con 27.700 en activos; es una 501(c)(4), así que sus donaciones no son deducibles. Existe una entidad hermana 501(c)(3), la League of Women Voters of Florida Education Fund, con perfil financiero distinto; no se confirmó si participa en el litigio. En sus palabras: Jessica Lowe-Minor, presidenta, en el comunicado de la ACLU ya citado: «No eligible Floridian should be pushed out of the voter rolls simply because of red tape.»
La ACLU, como representante legal. Fundada en 1920, opera con dos entidades: la ACLU, 501(c)(4), y la ACLU Foundation, 501(c)(3). Representa, con la ACLU de Florida, LatinoJustice PRLDEF y Advancement Project, a los demandantes de UnidosUS; la copia de esa demanda que este medio archivó la aloja la propia ACLU, no el tribunal.
Cómo se financia la ACLU: dice no recibir dinero del gobierno y financiarse con cuotas, donaciones y fundaciones; una cifra de segunda mano, no verificada contra su informe anual, sitúa su presupuesto combinado de 2024 en 383 millones de dólares. En el mismo comunicado, Jonathan Topaz, de su Proyecto de Derechos de Voto, llama a la ley «a blatant attempt to add unnecessary barriers to the ballot box» y dice que «targets Florida’s most vulnerable voters»; Carrie McNamara, de la ACLU de Florida: «This anti-voter law is the latest entry in that playbook.»
Lo que responde el Estado
Del otro lado, el Estado de Florida ha fijado su lectura en tres documentos ya citados en esta pieza: la Directiva 2026-03 del Secretario Byrd, que dice que la ley «does not condition registration on an applicant’s submission of documentary proof of citizenship» y ordena inscribir a todo solicitante «just as you always have»; la réplica del 16 de septiembre de 2026, que sostiene que la disputa es sobre cuándo, no sobre si, se verifica la ciudadanía; y la moción del 2 de octubre, verbatim: «Nothing in HB 991 requires the applicant to attach a birth certificate, passport, or any other documentary proof of citizenship when registering to vote.» Son argumentos de parte, no conclusiones de ningún tribunal.
Lo que ninguno de los dos lados tiene todavía es una decisión judicial: las mociones de desestimar siguen sin resolver, la réplica del Estado vence el 23 de octubre de 2026 y el juicio está fijado para noviembre de 2027. Los demandantes invocan la NVRA, las Enmiendas Primera y Decimocuarta y el precedente de Kansas, que se cuenta más abajo; el Estado, la letra de la ley y una orden reciente de la Corte Suprema sobre el sistema SAVE. Quién tiene razón lo dirá el tribunal; qué pretende cada cual lo dicen sus propios documentos, citados arriba.
Florida no es el único estado con esta disputa
Litigios parecidos existen en otros estados, según un mapeo interno de este medio del 20 de octubre de 2026 hecho con búsquedas, páginas de las propias organizaciones litigantes y rastreadores de legislación, no con lectura de los expedientes: Ohio, Dakota del Sur, Wyoming, New Hampshire, Indiana y Luisiana tienen o tuvieron demandas contra leyes de prueba documental de ciudadanía, y la de Arizona está ante la Corte Suprema, que según ese mapeo aceptó revisarla el 29 de junio de 2026. Varios de los mismos actores se repiten: capítulos de la League of Women Voters, la ACLU, Campaign Legal Center. Este medio no ha abierto ninguno de esos expedientes, no afirma su estado y los reserva para una pieza aparte.
El precedente que pesa sobre la HB 991: Arizona v. Inter Tribal Council
La demanda original de UnidosUS no citaba este caso entre sus pretensiones, que eran solo constitucionales; su demanda enmendada del 22 de julio de 2026 sí lo cita (párrafo 256, página 85), en uno de sus nuevos cargos bajo la NVRA. La de Black Voters Matter también lo cita (página 32), como apoyo de su primer cargo; la de la NAACP no se ha leído. Se cuenta aquí porque es el precedente de referencia sobre hasta dónde puede llegar un estado con la prueba de ciudadanía.
En Arizona v. Inter Tribal Council of Arizona, 570 U.S. 1, la Corte Suprema resolvió, por 7 votos contra 2, que la Ley Nacional de Registro de Votantes obliga a los estados a «aceptar y usar» el formulario federal de registro, que solo exige una declaración jurada de ciudadanía bajo pena de perjurio. Este medio leyó la sentencia completa, con sus dos disidencias, en el ejemplar oficial del Repertorio de Estados Unidos.
El juez Antonin Scalia escribió la opinión de la mayoría, con los jueces Roberts, Ginsburg, Breyer, Sotomayor y Kagan, y con Kennedy unido en parte. La ley de Arizona que exigía prueba documental de ciudadanía quedó desplazada, dice el sumario, «as applied to Federal Form applicants», en su aplicación a quien usa el formulario federal, no anulada en general. La sentencia deja además una puerta abierta: un estado puede pedir a la Comisión de Asistencia Electoral (EAC) que añada el requisito de prueba documental al formulario federal para ese estado, y si la comisión se niega, el estado puede impugnar esa negativa ante los tribunales.
También puede exigir la prueba en su propio formulario estatal, y «deny[ing] registration based on information in their possession establishing the applicant’s ineligibility», denegar el registro con información en su poder que establezca la inelegibilidad del solicitante, verbatim del sumario, páginas 1 y 2.
La Cláusula de Elecciones, dice ese mismo sumario, «imposes on States the duty to prescribe the time, place, and manner of electing Representatives and Senators, but it confers on Congress the power to alter those regulations or supplant them altogether»: encarga a los estados fijar el tiempo, el lugar y la forma de elegir a representantes y senadores, y faculta al Congreso para alterar esas normas. No es un poder que la cláusula reserve al Congreso; es al revés, y tampoco alcanza a la elección presidencial, que se rige por otro artículo de la Constitución.
Los jueces Clarence Thomas y Samuel Alito disintieron, cada uno por su cuenta. Thomas escribió, verbatim, que la Constitución da a los estados el poder de fijar quién puede votar, y que ese poder «necessarily includes the related power to determine whether those qualifications are satisfied», incluye necesariamente el poder de verificar si esas condiciones se cumplen.
Alito abrió su disidencia con una frase que se cita mucho desde entonces: «The Court reads an ambiguous federal statute in a way that brushes aside the constitutional authority of the States and produces truly strange results», la Corte lee una ley ambigua de forma que descarta la autoridad constitucional de los estados y produce resultados verdaderamente extraños, porque el éxito de una solicitud de registro pasa a depender de qué formulario, el federal o el estatal, decida rellenar el solicitante. Ninguna de las dos disidencias prevaleció.
Kansas ya lo intentó con una ley parecida, y perdió en los tribunales
Antes de Florida, fue Kansas. Su Secure and Fair Elections Act, en vigor desde el 1 de enero de 2013, exigía prueba documental de ciudadanía a todo el que se registrara, incluso al hacerlo en el mismo trámite de la licencia de conducir. La demanda, Fish v. Kobach, la presentaron ciudadanos a los que se les bloqueó el registro y la League of Women Voters de Kansas, contra el entonces secretario de Estado, Kris Kobach. Este medio leyó completas las dos sentencias del Décimo Circuito de Apelaciones que decidieron el caso.
En octubre de 2016 el Décimo Circuito confirmó una medida cautelar que obligaba a registrar a los afectados. El 18 de junio de 2018 el Tribunal de Distrito de Kansas dictó una orden permanente que impide aplicar la exigencia —«entered a permanent injunction against the enforcement of the DPOC requirement», dice la sentencia de apelación en su página 6—, y en abril de 2020 el Décimo Circuito lo confirmó en Fish v. Schwab, con un panel que actuó con dos jueces como quórum tras la muerte del juez McKay.
El razonamiento central: la NVRA solo permite a un estado exigir el mínimo de información necesaria para verificar elegibilidad, y ese mínimo es la declaración jurada, salvo que el estado demuestre con evidencia concreta que un número sustancial de no ciudadanos se registra con solo esa declaración. Kansas no pudo demostrarlo.
El tribunal de distrito halló, según recoge la sentencia de apelación de 2020 en su página 15, que «at most, 67 noncitizens registered or attempted to register in Kansas over the last 19 years», como mucho 67 no ciudadanos se registraron o lo intentaron en diecinueve años, de los cuales solo 39 lograron registrarse de verdad entre 1999 y 2013. Frente a eso, 31.089 solicitantes vieron denegado su registro, y el mismo tribunal halló (página 16) que más del 99 por ciento de quienes quedaron en suspenso eran ciudadanos.
Este medio no afirma que a la HB 991 de Florida le vaya a pasar lo mismo. Si las diferencias entre la ley de Florida y la de Kansas bastan para salvarla es lo que la demanda de UnidosUS discute, y ningún tribunal lo ha decidido todavía.
Un caso de 2013 sobre otra ley, y la respuesta legislativa que vino después
Conviene ser preciso con un segundo caso de 2013 que a veces se mezcla con el anterior sin serlo: Shelby County v. Holder, 570 U.S. 529, decidido por la Corte Suprema ocho días después de Arizona v. Inter Tribal Council y por la misma composición de jueces. Trata de otra ley, la Voting Rights Act de 1965, y de otro mecanismo, la aprobación federal previa (preclearance) de los cambios electorales en jurisdicciones con historial de discriminación. No trata de prueba de ciudadanía. Este medio leyó la sentencia completa.
Por 5 votos contra 4, con opinión del presidente de la Corte, John Roberts, la mayoría declaró inconstitucional la fórmula que decidía qué jurisdicciones necesitaban esa aprobación previa, por estar basada en datos de los años sesenta y setenta. Sin fórmula, el mecanismo de aprobación previa quedó inoperante en la práctica, aunque la sentencia no lo derogó como tal.
La jueza Ruth Bader Ginsburg, en disidencia, escribió la frase que más se cita desde entonces: tirar la aprobación previa cuando ha funcionado y sigue funcionando es «like throwing away your umbrella in a rainstorm because you are not getting wet», como tirar el paraguas en medio de una tormenta porque no te estás mojando. La frase aparece, verbatim, en la sentencia archivada.
El Congreso lleva desde 2013 sin aprobar una fórmula nueva. La versión pendiente en el 119º Congreso es el John R. Lewis Voting Rights Advancement Act, presentado en la Cámara como H.R. 14 por la representante Terri Sewell el 5 de marzo de 2025
, y en el Senado como S. 2523 por los senadores Dick Durbin y Raphael Warnock el 29 de julio de 2025.
Este medio leyó el texto de los dos proyectos, que crearía una fórmula de cobertura nueva basada en violaciones de derecho al voto de los últimos veinticinco años y no en datos de hace sesenta. Este medio archivó los dos textos presentados pero no un registro de su tramitación posterior; no afirma en qué punto exacto del proceso están hoy los dos proyectos.
En 2026, tres estados aprobaron su propia ley estatal de derecho al voto. Los tres actos constan en registros oficiales que este medio archivó en el expediente del caso el 26 de septiembre de 2026. Maryland fue el primero: el 28 de abril de 2026 el gobernador Wes Moore aprobó la SB 255, «Voting Rights Act of 2026 – Counties and Municipal Corporations», capítulo 157, según el registro de la Asamblea General de Maryland; la ley prohíbe a condados y municipios métodos de elección que diluyan el voto de una clase protegida.
Al día siguiente, el 29 de abril de 2026, la Corte Suprema, en Louisiana v. Callais, 608 U.S. ___, reinterpretó la Sección 2 de la propia Voting Rights Act, la que sigue vigente después de Shelby County, para exigir prueba de discriminación intencional en la redistritación y no solo de un resultado con menor representación. Este medio leyó el encabezado y la parte central de ese fallo, no la sentencia completa. Es un caso sobre mapas electorales de Luisiana, no sobre prueba de ciudadanía, y no decide nada sobre la HB 991 ni sobre el SAVE America Act.
Después vinieron Nueva Jersey y Delaware. El 2 de julio de 2026 la gobernadora Mikie Sherrill firmó la John R. Lewis Voter Empowerment Act of New Jersey (A-1715/S-282), y el comunicado de su oficina dice que el estado es «the first state to enact voting rights reform following the United States Supreme Court’s decision in Louisiana v. Callais»: la relación con el fallo la traza la propia gobernación, no este medio.
El 6 de agosto de 2026 el gobernador Matt Meyer firmó la HB 444, Delaware John Lewis Voting Rights Act, con vigencia desde el 1 de julio de 2027 según el comunicado oficial. Sobre Maryland no cabe trazar esa relación: su ley es anterior al fallo.
Los casos documentados de voto de no ciudadanos, y su verificación
La senadora Marsha Blackburn, republicana de Tennessee, no citó casos concretos en el pleno del Senado: dijo, en sus propias palabras, página S1069 del Diario de Sesiones del Senado del 17 de marzo de 2026, que este medio leyó en línea y vio página a página en su PDF oficial:
«You look at States like California and New York, which are home to more than 3½ million illegal aliens combined, and that is what you are seeing—making it easier to cheat, making it easier for noncitizens to vote.»
Sus palabras dicen que ciertas leyes facilitan el voto de no ciudadanos, no que ese voto sea masivo hoy: esa lectura no está en la cita y este medio no se la atribuye. Este medio buscó, estado por estado, los casos documentados de voto de no ciudadanos. Cuatro estados tienen sus cifras respaldadas por un documento archivado en este caso con su dirección: Michigan, Texas, Iowa y Nueva Jersey. Se dan a continuación, cada una con su fuente, y no se dan las de ningún otro estado, porque este medio no tiene archivado ningún documento que las contenga.
Michigan: 15 casos creíbles de voto de no ciudadanos sobre más de 5,7 millones de papeletas en la elección general de 2024, según el comunicado de su Departamento de Estado del 3 de abril de 2025, que califica estos casos de «extremadamente raros» y dice que 13 se remitieron a la fiscalía general para posibles cargos, uno murió y uno seguía bajo investigación.
El mismo comunicado explica la cifra de 16 que usa el rastreador del Center for Election Innovation and Research (CEIR), un centro de investigación y no una agencia oficial: dice, verbatim, que esos 15 casos, «along with the single case identified in October 2024 of a Chinese national who allegedly voted illegally», suman el 0,00028 por ciento de los votos emitidos. Es decir, 15 más 1 son los 16 de CEIR. Ninguno de los 16 es, según ese mismo comunicado, una condena: son casos remitidos, presuntos o bajo investigación.
Texas: 33 nombres remitidos por la secretaria de Estado a la fiscalía general en junio de 2025 para investigación, sobre unos 11 millones de votos emitidos en noviembre de 2024, según una nota de Texas Tribune del 5 de junio de 2025 archivada por este medio; es una remisión a investigación, no una auditoría cerrada. El rastreador de CEIR añade un episodio posterior: en octubre de 2025 Texas señaló 2.724 registros mediante el sistema federal SAVE, y las revisiones de los condados en diciembre atribuyeron «a large percentage» de ellos a ciudadanos confirmados o a personas registradas por error de las propias agencias.
Iowa, según el rastreador de CEIR, archivado el 25 de septiembre de 2026: 2.176 registros señalados en octubre de 2024, que CEIR describe como aproximadamente una décima parte del uno por ciento del padrón activo; 277 no ciudadanos confirmados en marzo de 2025; y 35 presuntos votos de no ciudadanos contados en la general de 2024. Este medio archivó además, el 26 de septiembre de 2026, el comunicado de la Secretaría de Estado de Iowa del 20 de marzo de 2025. Confirma los 277 y los 35, y añade 5 papeletas de no ciudadanos que fueron rechazadas.
Pero ese comunicado da la cifra inicial dos veces y de dos formas en frases consecutivas: «the former estimate of 2,186 potential noncitizens» y, acto seguido, «approximately 12% of the 2,176 individuals». CEIR usa 2.176. La diferencia de diez registros no está explicada en el comunicado y este medio no elige entre las dos: la anota.
Nueva Jersey, el cuarto caso, verificado hoy. Unas 6.600 personas que en su solicitud ante la Comisión de Vehículos Motorizados (MVC) de Nueva Jersey respondieron que no eran ciudadanas estadounidenses quedaron, aun así, registradas para votar entre junio de 2023 y junio de 2024, por un fallo del sistema informático de esa agencia, según el comunicado de la gobernadora Mikie Sherrill del 21 de julio de 2026, que este medio descargó y archivó el mismo día en que lo verificó.
Verbatim del propio comunicado: «roughly 6,600 people who indicated that they were not U.S. citizens» quedaron en el padrón. El fallo se originó bajo la administración anterior, la del gobernador Phil Murphy; Sherrill dijo haberlo conocido la semana previa al anuncio.
Del total, verbatim del mismo comunicado, «fewer than 400 individuals» votaron. El comunicado oficial no nombra a ningún proveedor de software. La prensa (NBC News, con firma de Dareh Gregorian y Jane C. Timm, 21 de julio de 2026) identificó a Idemia como la empresa que, según Sherrill, sería sustituida; este medio no traslada esa identificación como hecho oficial, porque el comunicado de la gobernadora no la contiene, y la atribuye aquí expresamente a esa prensa secundaria.
Idemia niega ser responsable del fallo. El comunicado del Comité Judicial de la Cámara del 11 de agosto de 2026, citado más abajo, dice, verbatim: «IDEMIA has refuted Governor Sherrill’s claims that the software error was the cause of the improper voter registrations, instead blaming the New Jersey state agencies». NBC News recoge además una respuesta propia de la empresa sobre su papel: dice que su función «is to transmit information through the motor vehicle system». Este medio nombra aquí a Idemia solo con esas dos versiones, la de la gobernación y la de la propia empresa, una frente a otra.
Hay una actualización posterior, del 19 de agosto de 2026, sobre estos mismos registros, con cifras más desglosadas. Este medio la había intentado abrir antes en New Jersey Monitor, que devolvió error 403; pero la propia gobernación publicó su actualización oficial, en español, que este medio sí pudo abrir y archivar. Da cuatro cifras de categorías distintas que el propio comunicado no suma entre sí: no deben sumarse aquí tampoco.
Primero, verbatim: «Aproximadamente 5,100 personas registradas han sido eliminadas del sistema, ya que fueron registradas erróneamente en el sistema y no tenían ningún otro registro ni declaración que certificara su elegibilidad para registrarse para votar».
Segundo, un grupo distinto, de personas con más trámite detrás: «Aproximadamente 1,450 personas registradas han tenido su estado de registro cambiado a ‘rechazado’ para impedirles votar mientras se realiza una revisión adicional», remitidas a los condados; el comunicado aclara que ninguna de ellas puede votar mientras dure esa revisión.
Tercero, cuántas de las recién registradas por el error llegaron a votar: «menos de 400 -alrededor de 340- de las personas recién registradas como resultado del error del sistema votaron». Y cuarto, un grupo aparte, que el comunicado distingue expresamente del anterior: «el Estado ha identificado a aproximadamente 220 personas que votaron pese a haber sido afectadas por el error del software, debido a que también contaban con un registro de votante anterior» o declaraciones independientes de elegibilidad.
El comunicado no llama fraude a ninguna de las dos cifras de personas que votaron -las 340 ni las 220-, ni habla de condenas ni de resultados judiciales: describe eliminaciones del padrón, cambios de estado y remisiones a los condados para revisión, y dice que la investigación sobre las causas del error sigue en curso. Este medio no suma 340 y 220, porque el comunicado describe dos grupos con origen distinto (uno, sin ningún otro registro; el otro, con un registro o declaración anterior que podría acreditar su elegibilidad), y sumarlos presentaría como una sola cifra algo que la propia fuente separa a propósito.
Declaraciones y cartas de legisladores localizadas sobre los casos revisados
Este medio buscó qué senadores o representantes han citado estos cuatro casos estatales —Iowa, Michigan, Texas y Nueva Jersey— con prueba documental real, no con una mención vaga, empezando por los legisladores de Florida. Revisó de nuevo, entera, la intervención de la senadora Blackburn del 17 de marzo de 2026 ya citada arriba: no nombra a ninguno de los cuatro estados por su cifra. Buscó además, fuera de ese debate, comunicados y declaraciones de legisladores de cualquier partido y estado, y verificó cada hallazgo contra la fuente propia del legislador antes de atribuírselo, no contra un resumen de prensa.
Florida, primero: dos representantes vinculados a las cartas sobre Nueva Jersey, y ninguna declaración verificada de los representantes de Miami-Dade. Este medio no encontró a ningún representante de un distrito de Miami-Dade —ni Díaz-Balart, ni Giménez, ni Salazar— citando alguno de los cuatro casos con cifra propia, en ningún comunicado archivado o localizado. Tampoco encontró, en las declaraciones propias de los senadores Rick Scott y Ashley Moody que este medio pudo abrir, una cita de las cifras exactas de Iowa, Michigan, Texas o Nueva Jersey.
Scott sí citó una cifra, pero en otro episodio y en otra fecha: en una columna de opinión en el Washington Examiner del 10 de septiembre de 2024, escribió, verbatim: «In the first two weeks of August, Texas, Alabama, and Virginia, all under Republican governors, released reports showing they had removed a combined 16,000 non-citizens from their states’ voter rolls.» Añadió que el gobernador de Texas, Greg Abbott, dijo que hasta 2.000 no ciudadanos podrían haber votado en anteriores elecciones del estado.
Este medio verificó la columna en línea el 28 de septiembre de 2026, contra el propio sitio del Washington Examiner y contra su reproducción en el sitio oficial del senador, y la archivó en el expediente del caso ese mismo día. Ninguna de las dos cifras de Scott es la misma que el caso de Texas ya documentado arriba (2.724 registros vía SAVE, octubre de 2025): son dos episodios de fechas y cifras distintas, y Scott no cita el segundo.
Sí hay una legisladora de Florida ligada al caso de Nueva Jersey, aunque no con una cita propia en sus palabras: la representante Laurel Lee, republicana por el distrito 15 de Florida —no un distrito de Miami-Dade—, y presidenta del Subcomité de Elecciones del Comité de Administración de la Cámara.
Según los comunicados oficiales de esos comités —del 3 y el 11 de agosto de 2026, cha.house.gov y judiciary.house.gov, archivados por este medio—, Lee envió, junto con el presidente del Comité de Administración, Bryan Steil, de Wisconsin, el presidente del Comité Judicial, Jim Jordan, de Ohio, y el representante de Nueva Jersey Jeff Van Drew, sendas cartas pidiendo registros a Nueva Jersey y a su proveedor de software sobre el caso de los 6.600 y unos 400 votos, la cifra que dan los propios comunicados («approximately 400»).
De las dos cartas, este medio localizó, descargó y leyó completa la del 3 de agosto (enlace directo de cha.house.gov caído desde al menos el 5 de octubre de 2026; copia local más abajo), dirigida al Teniente Gobernador y Secretario de Estado de Nueva Jersey, Dale G. Caldwell: cuatro páginas, con el mismo verbatim de los 6.600 y los «around 400» que ya citan los comunicados, y una solicitud de documentos y comunicaciones sobre cumplimiento de la Ley de Ayuda a Estados Unidos a Votar (HAVA), la Ley Nacional de Registro de Votantes (NVRA) y la Ley de Derechos Civiles de 1960 (CRA), para el periodo del 1 de enero de 2023 en adelante.
La firma, al cierre: Bryan Steil, presidente del Comité de Administración de la Cámara; Jim Jordan, presidente del Comité Judicial; Laurel Lee, presidenta del Subcomité de Elecciones; y Jeff Van Drew, presidente del Subcomité de Supervisión. Es una firma conjunta de comité, no una declaración individual con sus propias palabras, y la carta tampoco nombra al SAVE America Act.
Carta de los representantes Bryan Steil, Jim Jordan, Laurel Lee y Jeff Van Drew al Teniente Gobernador y Secretario de Estado de Nueva Jersey, Dale G. Caldwell, sobre el caso de los 6.600 registros, 3 de agosto de 2026, 4 páginas. Fuente 32.
La segunda carta, la del 11 de agosto, que anuncia el comunicado de judiciary.house.gov ya citado, sigue sin localizarse en PDF: este medio no la ha leído y no afirma que diga lo mismo que la primera, solo lo que dice el comunicado que la anuncia.
Un legislador citó el caso de su propio estado con cifra y en sus propias palabras: el senador Chuck Grassley, republicano de Iowa. En declaraciones propias archivadas en su sitio oficial, grassley.senate.gov, con fecha del 8 de diciembre de 2025, Grassley cita, verbatim, «277 people from Iowa’s 2024 voter registration list were noncitizens», y añade que el propio secretario de Estado de Iowa, Paul Pate, había pedido antes confirmar el estatus de «2,176 voters» señalados por registros de tráfico y licencias de conducir de Iowa («Driver Motor Vehicle records», verbatim de Grassley), y que «35 unlawful ballots were actually tallied».
Las tres cifras coinciden con el caso de Iowa ya documentado arriba. Esas declaraciones tratan del acceso al sistema federal SAVE —la base de datos de verificación, distinta del proyecto de ley SAVE America Act— y no nombran a S. 1383 ni al SAVE America Act por su nombre legislativo; Grassley no cita en ellas ni Michigan, ni Texas, ni Nueva Jersey.
Una segunda carta al caso de Nueva Jersey, esta con declaraciones individuales propias. Fuera de las cartas de comité citadas arriba, hay una tercera vía documental sobre el mismo caso: una carta del 24 de julio de 2026, liderada por el representante Jeff Van Drew, de Nueva Jersey, a nombre del Republican Study Committee (RSC) —un comité de partido, distinto de los comités oficiales de la Cámara que firman las cartas a Caldwell y al proveedor de software—, dirigida directamente a la gobernadora Sherrill.
El comunicado oficial del RSC que este medio descargó y archivó lista 19 firmantes o cofirmantes, entre ellos el representante de Florida Randy Fine, del distrito 6 —tampoco un distrito de Miami-Dade—, sin que el comunicado le atribuya una declaración individual propia.
Dos de esos 19 sí tienen declaración individual propia en ese mismo comunicado, con sus propias palabras y no solo como firmantes. La representante Nicole Malliotakis, de Nueva York, verbatim: «I join Rep. Jeff Van Drew and colleagues in requesting answers from New Jersey Governor Mikie Sherrill after a failure in her state’s voter-registration system which improperly added approximately 6,600 noncitizens to the voter rolls and enabled roughly 400 to cast ballots. It’s the latest example of why we need safeguards to ensure only American citizens vote in American elections.» Cita el caso de Nueva Jersey con su cifra exacta, pero no nombra al SAVE America Act.
El representante Tim Moore, de Carolina del Norte, tiene declaración propia en ese mismo comunicado del 24 de julio y, además, una segunda declaración más extensa en un comunicado separado del RSC, del 3 de agosto de 2026, que este medio también descargó y archivó. Ese comunicado reproduce fragmentos de una entrevista de radio que Moore dio a The Wilkow Majority, en SiriusXM Patriot; los puntos suspensivos de la cita son cortes del propio RSC, no de este medio, y lo archivado es esa transcripción parcial, no el audio.
En ese segundo comunicado, Moore es el único legislador que este medio encontró citando el caso de Nueva Jersey con cifra exacta y, en la misma cita, nombrando al SAVE America Act por su nombre legislativo:
«Voter registration information is by definition a public record everywhere in the country. The fact that it was discovered that 6,600 people illegally registered to vote, non-citizens…And then, all of a sudden, they want to sweep this under the rug. So I signed on, of course, to the letter demanding that we get the full information… I hope, frankly, that the U.S. Attorney there will prosecute those who have voted illegally…It’s an example of why we need to pass the SAVE America Act.»
Declaraciones y cartas localizadas sobre los casos revisados, no una cuenta cerrada. Esto es lo que este medio encontró y pudo verificar contra la fuente propia de cada legislador, no un recuento exhaustivo de todo lo que se haya dicho en el Congreso: puede haber más declaraciones, de estos u otros legisladores, en comunicados que este medio no localizó.
Con esa salvedad por delante: un senador, Grassley, citó un caso —el de su propio estado, Iowa— con cifra exacta y en sus propias palabras, sin nombrar al SAVE America Act. Una representante de Florida, Laurel Lee, junto con otros tres representantes de otros estados, firmó una carta de comité —leída completa por este medio— que cita el caso de Nueva Jersey con su cifra exacta, sin palabras individuales propias y sin nombrar al SAVE America Act.
Otro representante de Florida, Randy Fine, cofirmó una carta distinta, de un comité de partido, sin declaración individual propia. Dos representantes de fuera de Florida, Malliotakis y Moore, sí dejaron declaración individual propia citando el caso de Nueva Jersey con cifra exacta; de los dos, solo Moore, en su segundo comunicado, nombra además al SAVE America Act por su nombre legislativo en la misma cita.
Blackburn, la única voz a favor del proyecto citada con verbatim en el debate del 17 de marzo, no citó ninguno de los cuatro casos con cifra: su intervención fue el 17 de marzo de 2026, meses antes de que el caso de Nueva Jersey se hiciera público, el 21 de julio, así que no pudo haberlo citado, y este artículo no dice ni da a entender lo contrario en ningún punto.
Más allá de estos hallazgos, este medio no pudo comprobar que ningún otro legislador, de Florida o de cualquier otro estado, haya citado los casos de Michigan o de Texas —los dos que quedan sin una cita verificada de nombre propio— con prueba documental real: no se afirma que no exista esa cita en algún otro comunicado no localizado, solo que este medio no la encontró ni la puede probar hoy.
Dónde votan hoy residentes no ciudadanos en elecciones locales, y qué han dicho los tribunales
Hay una pieza del mapa que rara vez se cuenta junto a las anteriores, y que responde a una pregunta directa: cómo puede alguien sin ciudadanía votar legalmente en algo. La respuesta está en la letra de normas locales concretas. Los documentos oficiales que siguen los archivó este medio en el expediente del caso el 26 de septiembre de 2026.
Takoma Park, Maryland, extendió el voto municipal a sus residentes no ciudadanos con la resolución de enmienda de carta 1992-5A, de 1992, y la primera elección con votantes no ciudadanos fue en noviembre de 1993. Así lo recoge la proclamación de su alcaldesa, Talisha Searcy, del 8 de noviembre de 2023, que celebra los treinta años: «the first Takoma Park election that included noncitizen voters took place 30 years ago, in November 1993». La misma proclamación dice que varias jurisdicciones pequeñas del condado de Montgomery ya lo permitían antes.
La Proposición N de San Francisco, aprobada por los votantes en 2016, enmendó la carta de la ciudad para permitir votar en las elecciones de la junta escolar a residentes no ciudadanos que sean padres o tutores de menores de 19 años que vivan en la ciudad; la Junta de Supervisores la desarrolló por ordenanza en 2018. Así lo describe la sentencia de apelación de Lacy v. City and County of San Francisco (Tribunal de Apelaciones de California, Primer Distrito, División 5, caso A165899, 8 de agosto de 2023), leída en línea en la copia que aloja FindLaw; la copia oficial está pendiente de archivar.
Sobre si estos programas distinguen entre residente legal e inmigrante sin estatus regular: la página oficial de San Francisco sobre ese voto exige ser residente de la ciudad, ser padre, madre, tutor o cuidador de un menor que viva en ella, tener 18 años el día de la elección y no estar inhabilitado por la ley estatal. Entre esos requisitos no figura el estatus migratorio.
Y la misma página, bajo el encabezado «IMPORTANT NOTICE FOR NON-UNITED STATES CITIZENS», advierte al solicitante con estas palabras, las cuatro frases del aviso, vuelto a abrir el 26 de septiembre de 2026:
«Any information you provide to the Department of Elections, including your name and address, may be obtained by Immigration and Customs Enforcement (ICE) and other agencies, organizations, and individuals. In addition, if you apply for naturalization, you will be asked whether you have ever registered or voted in a federal, state, or local election in the United States. You may wish to consult with an immigration attorney, an organization that protects immigrant rights, or other knowledgeable source before providing any personal information to the Department of Elections and before registering to vote in San Francisco Board of Education Elections. You can find a list of nonprofit organizations that specialize in protecting the rights of immigrants on sfelections.org.»
Sobre Takoma Park, este medio no ha leído el texto de la resolución de 1992 y no afirma qué dice sobre el estatus.
Sobre si esto es legal: la historia judicial de San Francisco no es lineal, y hay que contarla entera. James V. Lacy y otros demandantes impugnaron el programa, y en julio de 2022 el Tribunal Superior de San Francisco les dio la razón y declaró la ordenanza «void and unenforceable», según recoge la propia sentencia de apelación; el comunicado del City Attorney de San Francisco del 8 de agosto de 2023 fecha esa anulación en julio de 2022. La fecha en que se presentó la demanda no consta en ninguna de las dos fuentes y no se da.
El 8 de agosto de 2023 el Tribunal de Apelaciones la revocó: «The judgment is reversed and remanded to the trial court with directions to enter a new judgment in favor of the City», y sostuvo que el programa es válido bajo la Constitución de California y la autoridad de San Francisco como ciudad con carta propia.
El nombre del juez de instancia no consta en la sentencia de apelación ni en el comunicado, y no se da aquí. En Maryland este medio no localizó ninguna sentencia, ni a favor ni en contra, sobre el programa de Takoma Park: dos búsquedas hechas el 26 de septiembre de 2026 no dieron con ningún litigio contra la enmienda 1992-5A, y eso no prueba que no exista. Sobre la base legal general de esa potestad municipal, este medio no afirma ninguna cláusula constitucional federal como fundamento: lo que hay archivado o leído es lo que deciden Lacy para California y la carta municipal de Takoma Park para Maryland, y nada más.
Por qué importa
Importa en Miami-Dade por una razón aritmética que tiene documento. Florida es el segundo estado del país en naturalizaciones: 93.240 personas residentes en Florida se hicieron ciudadanas estadounidenses en el año fiscal 2024, el 11 por ciento de todas las del país, solo por detrás de California (149.800), según el informe anual U.S. Naturalizations: 2024 de la Oficina de Estadísticas de Seguridad Nacional del DHS, que este medio abrió y archivó el 20 de octubre de 2026; la demanda de Black Voters Matter (página 27, párrafo 100) cita esa misma cifra de esa misma publicación. Cuántas de esas personas viven en Miami-Dade no consta en ningún documento archivado en este caso, y no se afirma.
Son ciudadanos con derecho a registrarse y a votar. Cuántos de ellos están inscritos y cuántos votan tampoco consta en ningún documento archivado en este caso: la cifra del DHS cuenta naturalizaciones, no inscripciones ni votos, y por sí sola no dice si las nuevas exigencias cambiarían o no su participación. Ni el proyecto federal ni la HB 991 les quitan la ciudadanía; lo que cambiaría es qué tendrían que demostrar, y cuándo, para registrarse o para que su voto cuente, y ese es justamente el punto que las demandas discuten.
Ahí está la pregunta concreta que este artículo todavía no puede contestar: cuántos votantes registrados de Miami-Dade nacieron fuera de Estados Unidos, y cuántos de ellos tienen a mano un documento de ciudadanía si el cruce con el DHSMV no los verifica. Un certificado de naturalización perdido se reemplaza con el formulario N-565 de USCIS, cuya tasa, según la tabla oficial de tarifas G-1055 (edición del 16 de octubre de 2026, página 31), es de 555 dólares en papel y 505 en línea.
Las demandas dan cifras compatibles con esa tabla: la de UnidosUS, más de 500 dólares (página 58); la de Black Voters Matter, hasta 555 dólares y un tiempo medio de 6,9 meses que atribuye a USCIS (página 26). Ese tiempo de tramitación este medio no pudo comprobarlo de forma independiente, porque la página de tiempos de USCIS no se pudo abrir el 20 de octubre de 2026, y queda como alegato de parte. No es imposible. Es dinero y es tiempo, y eso se puede medir.
Y hay un dato local que conecta directamente con esa pregunta: la propia Supervisora de Elecciones de Miami-Dade, Alina García, es una de las demandadas, en su capacidad oficial, en UnidosUS v. Byrd y en Black Voters Matter Fund v. Byrd, las demandas contra la HB 991. Es la oficina que administra el registro de votantes del condado; este medio no comprobó si sus sistemas guardan, en un campo propio, el país de nacimiento de cada votante registrado, y no lo afirma.
Importa también por lo segundo: hoy el registro no ha cambiado todavía. Quien diga en Miami-Dade que ya hay que llevar el pasaporte para registrarse está diciendo algo que a fecha de hoy es falso: las secciones de registro de la HB 991 rigen desde el 1 de enero de 2027, no antes. Ya rigen diez secciones de la ley (siete desde la firma, tres desde el 1 de julio de 2026, detalladas más arriba), pero son de calificación de candidaturas, prescripción de fraude electoral y declaración de ciudadanía del candidato: ninguna toca directamente el trámite de registro del votante.
Cronología
| Fecha | Quién | Hecho | Documento o estado de verificación |
|---|---|---|---|
| 1992 (verificada, sin día) | Concejo de Takoma Park, Maryland | Resolución de enmienda de carta 1992-5A: extiende el voto municipal a residentes no ciudadanos | comprobado, proclamación de la alcaldesa del 8 de noviembre de 2023, PDF en archivo |
| nov 1993 (verificada, sin día) | Ciudad de Takoma Park | Primera elección municipal con votantes no ciudadanos | misma proclamación |
| 1 ene 2013 (verificada) | Estado de Kansas | Entra en vigor la Secure and Fair Elections Act, con exigencia de prueba documental de ciudadanía | comprobado, Fish v. Schwab en archivo, página 7 |
| 17 jun 2013 (verificada) | Corte Suprema de Estados Unidos, opinión del juez Antonin Scalia | Arizona v. Inter Tribal Council of Arizona, 570 U.S. 1: la NVRA obliga a aceptar el formulario federal de registro tal como es, 7 votos contra 2 | comprobado, sentencia completa en archivo |
| 25 jun 2013 (verificada) | Corte Suprema de Estados Unidos, opinión del presidente John Roberts | Shelby County v. Holder, 570 U.S. 529: inconstitucional la fórmula de cobertura de la aprobación previa de la Voting Rights Act, 5 votos contra 4 | comprobado, sentencia completa en archivo |
| 19 oct 2016 (verificada) | Décimo Circuito de Apelaciones | Fish v. Kobach, 840 F.3d 710: confirmada medida cautelar contra la ley de prueba de ciudadanía de Kansas | comprobado, sentencia completa en archivo |
| nov 2016 (probable: el año consta en la sentencia Lacy y en sf.gov; el día no se comprobó) | Votantes de San Francisco | Aprueban la Proposición N, voto de padres y tutores no ciudadanos en elecciones de la junta escolar | comprobado, página oficial de sf.gov en archivo; sentencia Lacy en archivo (copia FindLaw, no oficial; copia oficial pendiente de archivar) |
| 2018 (verificada, sin día) | Junta de Supervisores de San Francisco | Ordenanza que desarrolla la Proposición N | sentencia Lacy en archivo (copia FindLaw, no oficial) |
| 18 jun 2018 (verificada) | Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Distrito de Kansas (nombre del juez no verificado contra la sentencia de distrito, no archivada) | Dicta una orden permanente que impide aplicar la exigencia de prueba de ciudadanía de Kansas | fecha referida en Fish v. Schwab, página 9 («Findings of Fact & Conclusions of Law, filed June 18, 2018»), y alcance en su página 6; sentencia de distrito no archivada |
| 29 abr 2020 (verificada) | Décimo Circuito de Apelaciones | Fish v. Schwab, 957 F.3d 1105: confirma la orden contra la ley de Kansas, panel con dos jueces como quórum | comprobado, sentencia completa en archivo |
| jul 2022 (verificada, sin día) | Tribunal Superior de San Francisco (juez no nombrado en las fuentes abiertas) | Declara nula la ordenanza de la Proposición N | comprobado, comunicado del City Attorney en archivo y sentencia de apelación en archivo (copia FindLaw, no oficial) |
| 8 ago 2023 (verificada) | Tribunal de Apelaciones de California, Primer Distrito, División 5 | Lacy v. City and County of San Francisco, A165899: revoca la anulación y declara válido el programa | comprobado, sentencia en archivo (copia FindLaw, no oficial); copia oficial pendiente de archivar |
| 8 nov 2023 (verificada) | Talisha Searcy, alcaldesa de Takoma Park | Proclamación por los treinta años del voto de no ciudadanos | comprobado, PDF en archivo |
| 5 mar 2025 (verificada) | Rep. Terri Sewell (D-AL) | Presenta el John R. Lewis Voting Rights Advancement Act como H.R. 14 | comprobado, texto del proyecto en archivo |
| 20 mar 2025 (verificada) | Paul Pate, secretario de Estado de Iowa | Comunicado: 277 no ciudadanos confirmados en el padrón, 35 votos contados en 2024 | comprobado, comunicado oficial en archivo; cifra inicial dada de dos formas (2.186 y 2.176) |
| 3 abr 2025 (verificada) | Departamento de Estado de Michigan | Comunicado: 15 casos creíbles de voto de no ciudadanos sobre 5,7 millones de papeletas | comprobado, HTML en archivo |
| 5 jun 2025 (verificada) | Secretaría de Estado de Texas, según Texas Tribune | Remite 33 posibles votantes no ciudadanos a la fiscalía general | nota de Texas Tribune en archivo (Nivel 2) |
| 29 jul 2025 (verificada) | Sens. Dick Durbin y Raphael Warnock | Presentan el John R. Lewis Voting Rights Advancement Act en el Senado como S. 2523 | comprobado, texto del proyecto en archivo |
| 8 dic 2025 (verificada) | Sen. Chuck Grassley (R-IA) | Declaraciones propias en su sitio oficial: cita el caso de Iowa con cifra propia (277 no ciudadanos confirmados, 2.176 señalados, 35 papeletas contadas), sobre el acceso al sistema federal SAVE, sin nombrar al SAVE America Act | comprobado, archivado el 28 de septiembre de 2026 |
| 25 feb 2026 (verificada) | Cámara de Representantes de Florida | Aprueba la CS/CS/HB 991 en tercera lectura, 83 votos a favor, 31 en contra y 3 sin votar; ese mismo día rechaza la enmienda 818439 de la representante Ashley Gantt (D-109), que vota en contra de la ley | comprobado, hoja de votación nominal oficial de la Cámara (Fuente 14) e historial oficial del proyecto (Fuente 1), en archivo. |
| 11 mar 2026 (verificada) | Senado de Florida | Rechaza la enmienda 305574 a la HB 991 en segunda lectura, 12 a favor, 24 en contra y 3 sin votar | comprobado, hoja de votación nominal oficial del Senado (Fuente 14), en archivo. |
| 12 mar 2026 (verificada) | Senado de Florida | Aprueba la CS/CS/HB 991 (1st Eng.) en tercera lectura, 27 a favor y 12 en contra, nadie sin votar: «N Calatayud-38», «Y Pizzo-37» | comprobado, hoja de votación nominal oficial del Senado (Fuente 14), en archivo. |
| 12 mar 2026 (verificada) | Cámara de Representantes de Florida | Acepta la versión del Senado de la HB 991, 77 a favor, 28 en contra y 12 sin votar; la Legislatura da por aprobada la ley | comprobado, hoja de votación nominal oficial de la Cámara (Fuente 14), en archivo. |
| 1 abr 2026 (verificada) | Ron DeSantis, gobernador de Florida | Firma la HB 991, capítulo 2026-26 (ley estatal de prueba de ciudadanía, distinta del SAVE America Act federal) | texto de la ley en archivo; fecha de firma y capítulo en el historial oficial de flsenate.gov, archivado en el expediente del caso |
| 1 abr 2026 (verificada) | UnidosUS y otros demandantes | Primera demanda contra la HB 991, UnidosUS et al. v. Byrd, 1:26-cv-22257, Distrito Sur de Florida, a las 9:32 de la mañana | comprobado, escrito completo en archivo; hora en el auto del 1 de mayo de 2026, página 2 |
| 1 abr 2026 (verificada) | Conferencia Estatal de la NAACP de Florida y Florida Alliance for Retired Americans | Segunda demanda, 4:26-cv-00147, Distrito Norte de Florida, unas dos horas después | comprobado en el auto del 1 de mayo de 2026, páginas 1 y 2, en archivo; escrito no leído |
| 28 abr 2026 (verificada) | Wes Moore, gobernador de Maryland | Aprueba la SB 255, Voting Rights Act of 2026, capítulo 157 | comprobado, registro de la Asamblea General de Maryland en archivo |
| 29 abr 2026 (verificada) | Corte Suprema de Estados Unidos, opinión del juez Samuel Alito | Louisiana v. Callais, 608 U.S. ___: reinterpreta la Sección 2 de la Voting Rights Act; no decide nada sobre la HB 991 ni el SAVE America Act | comprobado, encabezado y sección central del fallo leídos, no la sentencia completa |
| 1 may 2026 (verificada) | Jueza Jacqueline Becerra, Distrito Sur de Florida | Auto (documento 61): concede el traslado de la demanda de la NAACP al Distrito Sur y deniega sin perjuicio la consolidación plena | comprobado, auto completo en archivo (copia de Democracy Docket) |
| 20 may 2026 (verificada) | Jueza Jacqueline Becerra, Distrito Sur de Florida | Auto (documento 64): consolida 26-cv-23135-JB (NAACP) en 26-cv-22257-JB (UnidosUS) para juicio y calendario; cierra el expediente de la NAACP | comprobado, auto completo en archivo (copia de Democracy Docket) |
| 1 jul 2026 (verificada) | Estado de Florida | Entran en vigor las secciones 25, 28 y 30 de la HB 991 | comprobado, texto de la ley en archivo, páginas 60, 63 y 65 |
| 2 jul 2026 (verificada) | Mikie Sherrill, gobernadora de Nueva Jersey | Firma la John R. Lewis Voter Empowerment Act of New Jersey (A-1715/S-282) | comprobado, comunicado oficial de la gobernación en archivo |
| 10 jul 2026 (verificada; registrado en el expediente el 13 jul) | Jueza Jacqueline Becerra, Distrito Sur de Florida | Auto (documento 88): fija el juicio del caso consolidado para el periodo de dos semanas que comienza el lunes 8 de noviembre de 2027 | comprobado, auto completo en archivo (copia de Democracy Docket); firma en la página 6, registro en el encabezado |
| 21 jul 2026 (verificada) | Mikie Sherrill, gobernadora de Nueva Jersey | Comunicado: un fallo del sistema de la Motor Vehicle Commission registró a unas 6.600 personas que habían indicado no ser ciudadanas, entre junio de 2023 y junio de 2024; menos de 400 votaron | comprobado, comunicado oficial de la gobernación en archivo, descargado y verificado el 28 de septiembre de 2026 |
| 22 jul 2026 (verificada) | UnidosUS y las demás organizaciones demandantes | Demanda enmendada (documento 89) contra la HB 991: añade cinco cargos nuevos bajo las secciones 5, 6(a), 6(b), 7 y 8 de la NVRA y uno sobre la prohibición de identificación estudiantil | comprobado, escrito completo de 98 páginas en archivo (copia de Democracy Docket) |
| 24 jul 2026 (verificada) | Rep. Jeff Van Drew (R-NJ) a nombre del Republican Study Committee, con 18 cofirmantes | Carta a la gobernadora Sherrill sobre el caso de Nueva Jersey; comunicado con declaraciones individuales propias de varios firmantes, entre ellos Nicole Malliotakis (NY) y Tim Moore (NC), citando el caso con cifra exacta; Randy Fine (FL-06) cofirma sin declaración individual | comprobado, comunicado oficial de rsc-pfluger.house.gov archivado el 28 de septiembre de 2026 |
| 29 jul 2026 (verificada) | Cord Byrd, Secretario de Estado de Florida | Directiva 2026-03 a los supervisores de elecciones sobre la implementación de la HB 991: el registro no se condiciona a la prueba documental de ciudadanía; la verificación llega después, con papeleta provisional si no se verifica y aviso de baja solo si otra fuente confirma que el votante no es ciudadano | comprobado, Directiva 2026-03 (Fuente 2), PDF de 3 páginas leído completo y embebido en el cuerpo. |
| 3 ago 2026 (verificada) | Reps. Bryan Steil (R-WI), Jim Jordan (R-OH), Laurel Lee (R-FL) y Jeff Van Drew (R-NJ) | Comité de Administración de la Cámara y Comité Judicial piden registros a Nueva Jersey sobre el caso de los 6.600 registros; carta conjunta de cuatro páginas dirigida al Secretario de Estado Dale Caldwell, sin cita individual ni mención del SAVE America Act | comprobado, carta original en PDF leída completa y comunicado oficial de cha.house.gov, ambos archivados el 28 de septiembre de 2026 |
| 3 ago 2026 (verificada) | Rep. Tim Moore (R-NC) | Segundo comunicado del Republican Study Committee, con declaración más extensa; único legislador localizado por este medio que cita el caso de Nueva Jersey con cifra exacta y nombra al SAVE America Act en la misma cita | comprobado, comunicado oficial de rsc-pfluger.house.gov archivado el 28 de septiembre de 2026 |
| 6 ago 2026 (verificada) | Matt Meyer, gobernador de Delaware | Firma la HB 444, Delaware John Lewis Voting Rights Act | comprobado, comunicado oficial de la gobernación en archivo |
| 11 ago 2026 (verificada) | Reps. Jim Jordan (R-OH), Bryan Steil (R-WI), Jeff Van Drew (R-NJ) y Laurel Lee (R-FL) | Comité Judicial de la Cámara pide información al proveedor de software de Nueva Jersey sobre el mismo caso | comprobado, comunicado oficial de judiciary.house.gov archivado el 28 de septiembre de 2026 |
| 19 ago 2026 (verificada) | Mikie Sherrill, gobernadora de Nueva Jersey | Actualización oficial sobre el caso: aprox. 5.100 registros eliminados, aprox. 1.450 con estado cambiado a «rechazado» en revisión, aprox. 340 personas recién registradas por el error que votaron y aprox. 220 personas adicionales que votaron con registro o declaración de elegibilidad independiente previa; cuatro categorías que el propio comunicado no suma entre sí | comprobado, comunicado oficial en español de la gobernación (nj.gov) archivado el 28 de septiembre de 2026; un intento anterior de esta misma actualización contra New Jersey Monitor había dado 403 y no se usó |
| 1 sep 2026 (verificada) | Black Voters Matter Fund y LULAC | Tercera demanda contra la HB 991, Black Voters Matter Fund et al. v. Byrd, 1:26-cv-26047, División de Miami; seis cargos, cinco de la NVRA y uno de la Decimocuarta Enmienda; firma Jennifer Thelusma (SPLC) | comprobado, escrito de 43 páginas en archivo (copia del SPLC); páginas 27, 42 y 43 vistas en imagen |
| 16 sep 2026 (verificada) | Estado de Florida (Secretario Byrd y codemandados) | Réplica en apoyo de su moción de desestimación (documento 134): sostiene que la disputa es sobre cuándo, no sobre si, se puede verificar la ciudadanía, y que la mayoría de solicitantes queda inscrita sin prueba documental por el cotejo con el DHSMV y el sistema SAVE | comprobado, escrito completo de 12 páginas en archivo (copia de Democracy Docket); argumento del Estado, no conclusión de ningún tribunal |
| 28 sep 2026 (verificada) | Jueza Jacqueline Becerra, Distrito Sur de Florida | Auto que consolida Black Voters Matter Fund v. Byrd, 1:26-cv-26047, dentro de 1:26-cv-22257-JB y cierra el primero | comprobado en el registro del expediente 26047 en CourtListener (asiento 28, «ORDER CONSOLIDATING CASES Closing Case»; «Date Terminated: Sept. 28, 2026»), archivado el 20 de octubre de 2026; el auto mismo no se ha leído. |
| 2 oct 2026 (verificada) | Cord Byrd, Secretario de Estado de Florida | Moción para desestimar la demanda de Black Voters Matter (documento 146) y aviso de autoridad suplementaria (documento 147) que cita la orden de suspensión de la Corte Suprema en DHS v. League of Women Voters, No. 26A308, del 25 de septiembre de 2026 | comprobado, documento 146 (22 páginas, leídas las tres primeras) y documento 147 (3 páginas, leído completo), copias RECAP archivadas el 20 de octubre de 2026. |
| 7 oct 2026 (verificada) | UnidosUS y las demás organizaciones demandantes | Respuesta al aviso de autoridad suplementaria (documento 152): la orden de DHS v. League of Women Voters «has no bearing» en las mociones de desestimar | comprobado, documento 152 (3 páginas, leída la primera), copia RECAP archivada el 20 de octubre de 2026. |
| 16 oct 2026 (verificada) | Black Voters Matter Fund y LULAC | Oposición a la moción de desestimar (documento 156); réplica del Estado con plazo al 23 de octubre de 2026 | comprobado, documento 156 (27 páginas, leídas la portada y el índice) y asiento del registro («Replies due by 10/23/2026»), archivados el 20 de octubre de 2026. |
| 19 oct 2026 (verificada) | Conferencia Estatal de la NAACP de Florida y Florida Alliance for Retired Americans | Aviso de acción relacionada (documento 157): notifica el nuevo pleito Florida State Conf. of Branches and Youth Units of the NAACP v. Byrd, 1:26-cv-27307, sobre la disposición de identificación estudiantil de la HB 991 | comprobado, documento 157 (3 páginas, leído completo), copia RECAP archivada el 20 de octubre de 2026; el expediente 27307 no se ha abierto. |
| 1 ene 2027 (verificada) | Estado de Florida | Entran en vigor las secciones de registro de la HB 991 | comprobado, texto de la ley en archivo, página 72 |
| 1 jul 2027 (verificada) | Estado de Florida | Las licencias e identificaciones estatales de ciudadanos deben incluir su estatus de ciudadanía impreso | comprobado, texto de la ley en archivo, página 64 |
La pregunta que este artículo deja abierta
¿Cuántos votantes registrados de Miami-Dade no podrán ser verificados como ciudadanos por el cruce con el DHSMV desde el 1 de enero de 2027, y tendrán que aportar un documento —un pasaporte, o un certificado de naturalización que cuesta hasta 555 dólares reponer— para que su voto cuente con papeleta ordinaria? Ni el Estado ni los demandantes han puesto esa cifra en ningún documento que este medio haya leído, y la oficina que la tendría, la de la Supervisora de Elecciones, es una de las demandadas.
Preguntas frecuentes
¿Qué es el SAVE Act de Florida, la HB 991?
Es la ley electoral de Florida, firmada el 1 de abril de 2026 como capítulo 2026-26. Desde el 1 de enero de 2027 cruzará los datos de quien se registre con los del DHSMV para verificar su ciudadanía. Lo que se discute es qué pasa si esa verificación falla: según la interpretación del Secretario de Estado en su Directiva 2026-03, que los demandantes disputan, el registro se hace igual y el documento solo se exige después, para votar con papeleta ordinaria; los demandantes sostienen que la ley condiciona el registro a esa verificación. Sus secciones sobre el registro no rigen todavía; enfrenta tres demandas federales consolidadas y una cuarta notificada, y ningún tribunal ha decidido entre las dos lecturas.
¿Ya hay que llevar pasaporte para registrarse a votar en Florida?
No. Las secciones de registro de la HB 991 rigen desde el 1 de enero de 2027, no antes. Hoy ya rigen diez secciones de la ley, siete desde la firma y tres desde el 1 de julio de 2026, pero son de calificación de candidaturas, prescripción del fraude electoral, contribuciones de extranjeros y declaración de ciudadanía del candidato: ninguna toca el trámite de registro del votante. Quien diga en Miami-Dade que ya hay que llevar el pasaporte para registrarse está diciendo algo que a fecha de hoy es falso.
¿Quién demanda la HB 991 y qué alegan?
UnidosUS, la Liga de Mujeres Votantes de Florida, Florida Rising Together, Hispanic Federation, Florida Immigrant Coalition y Common Cause, representados por la ACLU, desde el 1 de abril de 2026; la Conferencia Estatal de la NAACP de Florida y la Florida Alliance for Retired Americans, ese mismo día; y Black Voters Matter Fund y LULAC, desde el 1 de septiembre. Las tres están consolidadas bajo un solo número, y la NAACP notificó una cuarta el 19 de octubre. Alegan violaciones de la Ley Nacional de Registro de Votantes y de las Enmiendas Primera y Decimocuarta, y una carga desproporcionada sobre naturalizados, votantes negros de edad avanzada, mujeres que cambiaron de apellido y personas de bajos ingresos. El Estado pide desestimar.
¿Cuántos casos documentados de voto de no ciudadanos existen?
Este reportaje no da una cifra nacional, porque no existe en ningún documento archivado en este caso. Verificó casos en Iowa, Michigan, Texas y Nueva Jersey, cada uno con la fuente identificada en el cuerpo —oficial en Iowa, Michigan y Nueva Jersey; una nota de prensa y el rastreador de un centro de investigación en Texas— y sin sumarlos, porque cada estado mide algo distinto: registros señalados, remisiones a investigación o votos presuntos. Ninguna de esas cifras es un recuento de condenas.
¿Qué identificaciones servirán para votar en persona desde 2027?
Según la sección 13 de la ley, desde el 1 de enero de 2027: la licencia de conducir de Florida; la identificación estatal del DHSMV; el pasaporte o la tarjeta de pasaporte de Estados Unidos; la identificación de los servicios uniformados o de la Marina Mercante; la tarjeta de salud de veterano; la licencia de armas ocultas; y cualquier otra identificación emitida por una entidad federal, estatal, de condado o municipal, salvo las de centros educativos. Dejan de valer las tarjetas de débito o crédito y las identificaciones de estudiante, de centros de retiro, de asociaciones de vecinos y de asistencia pública.
¿Qué diferencia hay entre la HB 991 y el SAVE America Act federal?
La HB 991 es una ley estatal: rige solo en Florida, está promulgada, y la parte que toca el registro de votantes empieza a aplicarse el 1 de enero de 2027. El SAVE America Act es un proyecto federal que, de aprobarse, regiría en todo el país para las elecciones federales, pero mientras no termine su trámite en el Congreso y reciba la firma presidencial no tiene fuerza de ley en ningún estado; a 26 de octubre de 2026 sigue sin serlo (esta sesión buscó una votación final del Senado posterior a la del 24 de marzo de 2026 y no encontró ninguna). Ninguna de las dos depende de la otra, y las demandas contra la HB 991 no cambian el trámite federal.
Fuentes consultadas
Nivel 1, oficiales
- Legislatura de Florida. CS/CS/HB 991 (2026), Elections, texto aprobado, 72 páginas, leídas las 72, PDF archivado Descargar PDF). Historial oficial del proyecto, con la fecha de firma (1 de abril de 2026) y el capítulo 2026-26, archivado en el expediente del caso Ver historial).
- Secretario de Estado de Florida, Cord Byrd. Directive 2026-03 – Implementation of HB 991 Citizenship Verification, memorando a los supervisores de elecciones, 29 de julio de 2026, 3 páginas, leídas las 3. PDF archivado. Descargar PDF
- Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Distrito Sur de Florida. UnidosUS et al. v. Byrd, 1:26-cv-22257, escrito de demanda del 1 de abril de 2026. PDF archivado, alojado originalmente por la ACLU, uno de los bufetes que representan a los demandantes. Descargar PDF
- Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Distrito Sur de Florida, jueza Jacqueline Becerra. Auto del 1 de mayo de 2026 (documento 61 del expediente 1:26-cv-22257) que concede el traslado de Florida State Conference of Branches and Youth Units of the NAACP et al. v. Byrd, 4:26-cv-00147 (Distrito Norte), y deniega sin perjuicio la consolidación plena, 8 páginas Leer auto); y auto del 20 de mayo de 2026 (documento 64) que consolida 26-cv-23135-JB en 26-cv-22257-JB para juicio y calendario y cierra el primero, 2 páginas Leer auto). Los dos archivados en el expediente del caso, en las copias que aloja Democracy Docket, que no es el sitio del tribunal. El escrito de demanda de la NAACP no se ha leído.
- Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Distrito Sur de Florida, División de Miami. Black Voters Matter Fund et al. v. Byrd, 1:26-cv-26047, escrito de demanda del 1 de septiembre de 2026, 43 páginas, leídas las 43 en la copia que aloja el Southern Poverty Law Center, uno de los bufetes que representan a los demandantes; las páginas 27, 42 y 43 vistas en imagen; archivado en el expediente del caso. Descargar PDF
- Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Distrito Sur de Florida. Registro de asientos del expediente consolidado UnidosUS v. Byrd, 1:26-cv-22257-JB, en CourtListener (espejo de PACER, no el sitio del tribunal), páginas 1 y 2, asientos 1 a 157, archivadas el 20 de octubre de 2026; y registro del expediente Black Voters Matter Fund v. Byrd, 1:26-cv-26047 (asiento 28, «ORDER CONSOLIDATING CASES Closing Case», 28 de septiembre de 2026; «Date Terminated: Sept. 28, 2026»). Ver expediente consolidado, ver expediente 26047
- Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Distrito Sur de Florida, jueza Jacqueline Becerra. Auto firmado el 10 de julio de 2026 y registrado en el expediente el 13 de julio (documento 88, expediente 1:26-cv-22257-JB), que fija el juicio para el periodo de dos semanas que comienza el 8 de noviembre de 2027, 9 páginas, leídas las 9. Archivado el 27 de septiembre de 2026, en la copia que aloja Democracy Docket, que no es el sitio del tribunal. Leer auto
- Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Distrito Sur de Florida. Demanda enmendada de UnidosUS y las demás organizaciones demandantes, presentada el 22 de julio de 2026 (documento 89, expediente 1:26-cv-22257-JB), 98 páginas, leídas las 98. Añade cinco cargos bajo la NVRA (secciones 5, 6(a), 6(b), 7 y 8) y cita Arizona v. Inter Tribal Council of Arizona en su párrafo 256 (página 85). Archivada el 27 de septiembre de 2026, en la copia que aloja Democracy Docket, que no es el sitio del tribunal. Leer demanda enmendada
- Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Distrito Sur de Florida. Réplica del Estado en apoyo de su moción de desestimación, presentada el 16 de septiembre de 2026 (documento 134, expediente 1:26-cv-22257-JB/Torres), 12 páginas, leídas las 12. Archivada el 27 de septiembre de 2026, en la copia que aloja Democracy Docket, que no es el sitio del tribunal. Leer réplica
- Mismo expediente, documentos en copia RECAP, archivados el 20 de octubre de 2026: 146, moción de Byrd para desestimar la demanda de Black Voters Matter, 2 de octubre, 22 páginas, leídas las tres primeras; 147, aviso de autoridad suplementaria del Estado, 2 de octubre, 3 páginas, leído completo; 152, respuesta de UnidosUS, 7 de octubre, 3 páginas, leída la primera; 156, oposición a esa moción, 16 de octubre, 27 páginas, leídas la portada y el índice ; 157, aviso de acción relacionada, 19 de octubre, 3 páginas, leído completo Leer documento 157
- Senado de Florida. Registro de nombramientos ejecutivos, Appointee Cord Byrd, 2023, Secretary of State: primer nombramiento con inicio de mandato el 17 de mayo de 2022, no considerado por el Senado («Failed to Confirm Not Considered», 5 de mayo de 2023); renombramiento con inicio el 3 de enero de 2023, confirmado el 26 de abril de 2023. No indica partido. HTML archivado el 20 de octubre de 2026. Ver registro
- Senado de Florida. Página oficial de la senadora Alexis Calatayud, Distrito 38 («Party: Republican; District 38 consisted of part of Miami-Dade county»; servicio 2022-2024 y 2024-2026). HTML archivado el 20 de octubre de 2026. Ver página
- Senado de Florida. Página oficial del senador Jason W. B. Pizzo, Distrito 37 («Party: No Party Affiliation»; «Consists of parts of Broward, Miami-Dade counties»; servicio desde 2018). HTML archivado el 20 de octubre de 2026. Ver página
- Legislatura de Florida. Hojas de votación nominal oficiales de la CS/CS/HB 991 (2026), un PDF de una página por votación, enlazadas desde el historial oficial del proyecto y archivadas el 21 de octubre de 2026; dan nombre, distrito y voto de cada legislador, no su partido. Cámara, 25 de febrero de 2026, tercera lectura, 83 a favor, 31 en contra, 3 sin votar, «N Gantt-109» Descargar PDF). Senado, 11 de marzo de 2026, enmienda 305574, segunda lectura, 12 a favor, 24 en contra, 3 sin votar Descargar PDF). Senado, 12 de marzo de 2026, tercera lectura, 27 a favor, 12 en contra, nadie sin votar, «N Calatayud-38», «Y Pizzo-37» Descargar PDF). Cámara, 12 de marzo de 2026, aceptación de la versión del Senado, 77 a favor, 28 en contra, 12 sin votar, «N Gantt-109» Descargar PDF).
- Senado de Florida. Roster oficial de senadores (nombre, distrito, partido y condados), tal como estaba el 21 de octubre de 2026, no como estaba en marzo de 2026. Cruce de los doce votos en contra del 12 de marzo: Arrington (25), Berman (26), Bernard (24), Bracy Davis (15), Davis (5), Jones (34), Osgood (32), Polsky (30), Rouson (16), Sharief (35) y Smith (17) figuran como demócratas; Calatayud (38), como republicana. HTML archivado el 21 de octubre de 2026. Ver roster
- Cámara de Representantes de Florida. Página oficial de la representante Ashley Viola Gantt, Distrito 109 («District: 109 — Democrat»; «I proudly represent House District 109 in Miami-Dade County»), HTML archivado el 21 de octubre de 2026 Ver página); y enmienda de la Cámara 818439 a la CS/CS/HB 991, «Representative Gantt offered the following», aprobada para registro el 20 de febrero de 2026, 48 páginas, leída la primera, rechazada por la Cámara el 25 de febrero según el historial oficial (Fuente 1). PDF alojado en flsenate.gov, archivado el 21 de octubre de 2026 Descargar PDF).
- Corte Suprema de Estados Unidos. Arizona v. Inter Tribal Council of Arizona, Inc., 570 U.S. 1 (2013), 17 de junio de 2013, sentencia completa con sus dos disidencias. PDF del Repertorio de Estados Unidos (Library of Congress) archivado. Descargar PDF
- Corte de Apelaciones del Décimo Circuito. Fish v. Kobach, 840 F.3d 710, 19 de octubre de 2016 Descargar PDF) y Fish v. Schwab, 957 F.3d 1105, 29 de abril de 2020 Descargar PDF), las dos leídas completas. Espejo de CourtListener; el enlace directo del tribunal devolvió 404.
- Corte Suprema de Estados Unidos. Shelby County v. Holder, 570 U.S. 529 (2013), 25 de junio de 2013, sentencia completa con su disidencia. PDF del Repertorio de Estados Unidos archivado. Descargar PDF
- Congreso 119º. John R. Lewis Voting Rights Advancement Act of 2025: H.R. 14 (5 de marzo de 2025) y S. 2523 (29 de julio de 2025). Textos presentados, vía GovInfo, archivados.
- Asamblea General de Maryland. Registro de la SB 255 (2026), Voting Rights Act of 2026 – Counties and Municipal Corporations, aprobada por el gobernador el 28 de abril de 2026, capítulo 157. Archivado en el expediente del caso el 26 de septiembre de 2026. Ver registro
- Corte Suprema de Estados Unidos. Louisiana v. Callais, 608 U.S. ___ (2026), 29 de abril de 2026. Leídos el encabezado y la sección central. PDF oficial archivado. Descargar PDF
- Oficina de la Gobernadora de Nueva Jersey. «Governor Sherrill Signs Historic Legislation Making New Jersey First State to Enact Voting Rights Reform Following Supreme Court Decision.» 2 de julio de 2026. Archivado en el expediente del caso el 26 de septiembre de 2026. Ver comunicado
- Oficina del Gobernador de Delaware. «Governor Meyer Signs John Lewis Voting Rights Act, Strengthening Voting Rights Protections in Delaware.» 6 de agosto de 2026. Archivado en el expediente del caso el 26 de septiembre de 2026. Ver comunicado
- Congreso de Estados Unidos. Congressional Record, volumen 172, número 48, 17 de marzo de 2026, páginas S1066 a S1088. Leído en línea el 23 y el 26 de septiembre de 2026; las páginas S1066, S1067 y S1074 a S1078 vistas en imagen en el PDF oficial de GovInfo el 26 de septiembre; archivado en el expediente del caso. Acceder al Diario de Sesiones, PDF oficial
- Departamento de Estado de Michigan. «Michigan Department of State review confirms instances of noncitizen voting are extremely rare.» 3 de abril de 2025. HTML archivado. Ver comunicado
- Secretaría de Estado de Iowa. «Iowa Secretary of State’s audit of voter registration lists finds 277 confirmed noncitizens registered to vote.» 20 de marzo de 2025. Archivado en el expediente del caso el 26 de septiembre de 2026. Ver comunicado
- Oficina de la Gobernadora de Nueva Jersey. «Statement by Governor Mikie Sherrill» sobre el fallo del sistema de la Motor Vehicle Commission (aproximadamente 6.600 registros de no ciudadanos, menos de 400 votos). 21 de julio de 2026. Descargado y archivado por este medio el 28 de septiembre de 2026, el mismo día en que se verificó. Ver comunicado
- Oficina de la Gobernadora de Nueva Jersey. «Declaración actualizada de la gobernadora Mikie Sherrill sobre la Comisión de Vehículos Motorizados (MVC)», versión en español. 19 de agosto de 2026. Archivado el 28 de septiembre de 2026. Un intento anterior de esta misma actualización, contra newjerseymonitor.com, había devuelto 403 y no se usó. Ver comunicado
- Comité de Administración de la Cámara de Representantes de Estados Unidos (comunicado de comité: Nivel 1 como prueba de que se dijo y de que la carta se envió, no de que lo dicho sea cierto). «Steil, Jordan, Lee, and Van Drew Demand Answers from New Jersey Officials After Admitting 6,600 Non-Citizens were Added to State’s Voter Rolls.» 3 de agosto de 2026. Archivado en el expediente del caso el 28 de septiembre de 2026. Ver comunicado
- Comité Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos (comunicado de comité: Nivel 1 como prueba de que se dijo y de que la carta se envió, no de que lo dicho sea cierto). «House Republicans Seek Information From New Jersey Vendor on Alleged Software Error that Registered Thousands of Noncitizens to Vote.» 11 de agosto de 2026. Archivado en el expediente del caso el 28 de septiembre de 2026. Ver comunicado
- Comité de Administración de la Cámara y Comité Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Carta original de cuatro páginas al Teniente Gobernador y Secretario de Estado de Nueva Jersey, Dale G. Caldwell, firmada por los representantes Bryan Steil, Jim Jordan, Laurel Lee y Jeff Van Drew. 3 de agosto de 2026. PDF oficial, leído completo, archivado el 28 de septiembre de 2026.
- Senador Chuck Grassley (R-IA). Declaraciones propias (declaración política en sitio oficial: Nivel 1 como prueba de que se dijo, no de que lo dicho sea cierto), «Grassley Praises Trump Administration’s Work to Crack Down on Noncitizen Voting, Welcomes Improvements to Voter Verification Systems.» 8 de diciembre de 2025. Archivado en el expediente del caso el 28 de septiembre de 2026. Ver declaraciones
- Republican Study Committee, Cámara de Representantes de Estados Unidos (comité de partido, alojado en infraestructura oficial de la Cámara, house.gov; declaración política: Nivel 1 como prueba de que se dijo, no de que lo dicho sea cierto). «Rep. Van Drew Leads RSC Members’ Letter to New Jersey Governor Sherrill.» 24 de julio de 2026, con declaraciones individuales propias de varios firmantes, entre ellos Nicole Malliotakis y Tim Moore. Archivado el 28 de septiembre de 2026. Ver comunicado
- Republican Study Committee, Cámara de Representantes de Estados Unidos (comité de partido; declaración política: Nivel 1 como prueba de que se dijo, no de que lo dicho sea cierto). «Rep. Moore on Democrats’ Refusal to Support the SAVE America Act.» 3 de agosto de 2026, declaración individual propia del representante Tim Moore. Archivado el 28 de septiembre de 2026. Ver comunicado
- Ciudad de Takoma Park, Maryland. «Mayoral Proclamation Recognizing the 30th Anniversary of Noncitizen Voting and 10th Anniversary of 16- and 17-Year Old Voting in Takoma Park.» 8 de noviembre de 2023. PDF archivado entero en el expediente del caso el 26 de septiembre de 2026. Descargar PDF
- Tribunal de Apelaciones de California, Primer Distrito, División 5. Lacy v. City and County of San Francisco, A165899, 8 de agosto de 2023. Leída en línea el 26 de septiembre de 2026 y archivada en el expediente del caso, en la copia que aloja FindLaw, que no es el sitio oficial del tribunal; copia oficial pendiente de archivar. Leer sentencia
- Ciudad y Condado de San Francisco. «Non-citizen voting rights in local Board of Education elections.» Archivado en el expediente del caso el 26 de septiembre de 2026, tras leerlo cuatro veces. Ver página oficial
- City Attorney de San Francisco. «Appeal Court upholds San Francisco’s noncitizen voting program.» 8 de agosto de 2023. Archivado en el expediente del caso el 26 de septiembre de 2026. Ver comunicado
- Departamento de Seguridad Nacional, Office of Homeland Security Statistics. U.S. Naturalizations: 2024, informe anual en HTML, «Last updated: June 4, 2026»: «Florida (93,240)», «Florida home to 11% (93,240)», segundo estado tras California (149.800). Archivado el 20 de octubre de 2026 junto con el índice de informes anuales. Ver informe
- U.S. Citizenship and Immigration Services. Form G-1055, Fee Schedule, edición del 16 de octubre de 2026, 60 páginas; página 31, N-565: «Paper Filing: $555 | Online Filing: $505». PDF oficial archivado el 20 de octubre de 2026, junto con la página oficial del formulario N-565. La página de tiempos de tramitación de USCIS no se pudo abrir ese día. Descargar PDF
Nivel 2, medios, centros de investigación, registros no oficiales y declaraciones de parte
- Florida Phoenix. «Florida House passes election bill requiring U.S. citizenship to register to vote.» 25 de febrero de 2026 (publicada, según el propio fichero, a las 00:21 UTC del 26 de febrero, la noche del 25 en Florida). Fuente de las palabras de la representante Ashley Gantt sobre su enmienda y el caso de su tía, cotejadas verbatim en el fichero; los hechos de la votación y de la enmienda se anclan en las Fuentes 1, 14 y 16, no en esta nota. HTML archivado el 21 de octubre de 2026. Leer artículo
- American Civil Liberties Union (organización litigante; comunicado de parte: Nivel 2 por su custodio, prueba de que se dijo y quién lo dijo, no de que lo dicho sea cierto). «Voting Rights Advocates Sue to Block Florida’s Restrictive ‘Show Your Papers’ Law.» 1 de abril de 2026, caso UnidosUS v. Byrd, con las declaraciones de Jared Nordlund (UnidosUS), Jessica Lowe-Minor (League of Women Voters of Florida), Jonathan Topaz (ACLU) y Carrie McNamara (ACLU de Florida), cotejadas verbatim en el fichero. HTML archivado el 20 de octubre de 2026. Ver comunicado
- Southern Poverty Law Center (bufete de los demandantes; comunicado de parte: Nivel 2 por su custodio, prueba de que se dijo y quién lo dijo, no de que lo dicho sea cierto). «Voting Rights Groups Sue To Stop Florida SAVE Act.» 2 de septiembre de 2026, caso Black Voters Matter Fund et al. v. Byrd, con las declaraciones de April England-Albright (Black Voters Matter Fund) y Juan Proaño (LULAC), cotejadas verbatim en el fichero. La dirección corta redirige a splcenter.org/presscenter/lawsuit-anti-voter-florida-save-act/; se archivó la página final. HTML archivado el 20 de octubre de 2026. Ver comunicado
- Center for Election Innovation and Research (centro de investigación, no agencia oficial). «Noncitizen registration and voting: analysis update.» HTML archivado el 25 de septiembre de 2026. El fichero contiene las cifras de Iowa (2.176, 277 y 35), Michigan (16) y Texas (2.724, octubre de 2025); no contiene cifras de ningún otro estado. Ver análisis
- The Texas Tribune. «Texas secretary of state refers 33 potential noncitizen voters for criminal investigation.» 5 de junio de 2025. HTML archivado. Leer artículo
- NBC News. «6,600 noncitizens were registered to vote in N.J. because of a ‘software error,’ governor says.» Firma de Dareh Gregorian y Jane C. Timm. 21 de julio de 2026. Archivado en el expediente del caso el 28 de septiembre de 2026; fuente de la atribución del proveedor de software, Idemia, y de la respuesta propia de la empresa sobre su papel, que el comunicado oficial de la gobernadora no nombra. Leer artículo
- Sen. Rick Scott (R-FL). Columna de opinión en un medio privado (Nivel 2 por su custodio; prueba de que la escribió, no de que lo dicho sea cierto), «The SAVE Act is essential in preventing illegal immigrants from voting and protecting integrity of US elections.» Washington Examiner, 10 de septiembre de 2024. Verificada en línea el 28 de septiembre de 2026 contra el sitio del propio medio y contra su reproducción en el sitio oficial del senador, y archivada en el expediente del caso ese mismo día. Leer columna
- ClickOrlando. «Non-citizens, felons on probation among 20 charged in Florida election fraud crackdown.» 24 de septiembre de 2026. HTML archivado; consultada y no usada en el cuerpo, porque trata de veinte detenciones y no del informe estatal de enero de 2026 que se buscaba. Leer artículo
Descargo
News Miami Dade muestra las fuentes originales de los hearings públicos, los documentos Legistar, los memos de la County Attorney’s Office, las recomendaciones del staff del Department of Regulatory and Economic Resources, los archivos de Granicus y los registros de la Florida Division of Elections y de la Miami-Dade Commission on Ethics. Cada afirmación factual se ancla en su fuente primaria identificable; las posiciones se citan con fuente y verbatim cuando está disponible.
En esta pieza, esas fuentes primarias son el texto aprobado de la HB 991 de Florida y su historial oficial en flsenate.gov, la Directiva 2026-03 del Secretario de Estado, los escritos y autos de los expedientes federales contra la HB 991, las sentencias citadas como precedente, los textos de los proyectos federales de derecho al voto, los comunicados oficiales de cada estado y municipio nombrado, los registros oficiales del Senado de Florida sobre sus miembros y nombramientos, y los comunicados de las organizaciones demandantes, que se citan como declaraciones de parte.
Esta pieza no toma partido en los litigios que aquí se describen, y lo que no se pudo comprobar contra un documento propio se dice con esas palabras y no se presenta como hecho cerrado. No se afirma que la HB 991 de Florida sea constitucional o inconstitucional: eso lo decidirán los tribunales que la tienen ante sí.
Las personas nombradas lo son en su capacidad oficial o pública, o como partes o abogados de un procedimiento judicial cuyo expediente es público. Las organizaciones se describen por sus propios documentos, su propio litigio y sus propias palabras citadas; no se les atribuye ningún motivo ni intención, ni a ellas ni al Estado.
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Una ley de Florida que ya lo es y entra de lleno el 1 de enero de 2027, tres demandas federales consolidadas y una cuarta en camino, y la Supervisora de Elecciones de Miami-Dade entre los demandados. En News Miami Dade seguimos el litigio con el documento delante. No te pierdas ni un detalle.
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