Cámaras escolares en Miami-Dade: alarmante expansión y $47 millones proyectados.

Cámaras escolares en Miami-Dade: alarmante expansión y $47 millones proyectados. Un contrato copiado de 6 zonas a 206.

El documento con el que la administración pidió a los comisionados aprobar las cámaras de velocidad en zonas escolares describía el programa, por escrito, como positivo en ingresos. Año y medio después, el presupuesto adoptado del condado consigna casi 47 millones de dólares como ingreso condal por esas multas y reparte dos tercios del fondo bajo dos renglones de destino amplio.

El 17 de enero de 2024, la Junta de Comisionados de Miami-Dade aprobó el contrato para instalar cámaras automáticas de velocidad en las 206 zonas escolares ya autorizadas por ordenanza, sin sacarlo a concurso, adhiriéndose a un contrato que la ciudad de Alpharetta, Georgia, había adjudicado en 2019 y que se implementó en seis zonas escolares. El presupuesto adoptado para el ejercicio 2025-26 consigna 46.987.000 dólares de ingresos por esas multas, y consigna 15.506.000 como pago a la empresa que opera el sistema. El programa, por ordenanza, solo funciona en el área no incorporada del condado.

Qué pasó

Expediente 232491: memorando de la alcaldesa del punto 8(P)(2) y resolución R-901-23, con su votación nominal. Documento oficial de Miami-Dade County, Fuente 4.

El asunto no empezó en enero de 2024. Empezó el 3 de octubre de 2023, cuando la Junta adoptó la resolución R-901-23, patrocinada por el entonces vicepresidente Anthony Rodríguez, hoy presidente de la Junta, que ordenaba a la alcaldesa negociar un contrato con RedSpeed Georgia LLC. La resolución no ordenaba estudiar el mercado ni licitar: nombraba a la empresa. Se aprobó por diez votos a favor y dos en contra, los de las comisionadas Eileen Higgins y Raquel Regalado, con el comisionado René García ausente.

Expediente 231648: ordenanza 23-99, que identifica las 206 zonas escolares, con la Declaración de Impacto Fiscal y la Declaración de Equidad Social. Documento oficial de Miami-Dade County, Fuente 3.

El 7 de noviembre de 2023 la Junta aprobó la ordenanza 23-99, que crea la sección 30-5.1 del Código del condado e identifica las 206 zonas escolares donde se instalarían los sistemas. La patrocinó el mismo Rodríguez. Su Declaración de Impacto Fiscal, firmada por el jefe de Seguridad Pública del condado, decía que por la cantidad de variables no podía calcularse el impacto, pero que se anticipaba que el programa fuera generador de ingresos.

La ley estatal exige algo más que aprobar la ordenanza: obliga a considerar, en la audiencia pública, datos de tráfico u otra evidencia que respalde la instalación de cada sistema propuesto, y a determinar que cada zona escolar donde se vaya a colocar constituye un riesgo elevado que justifica medidas adicionales.

La ordenanza declara haber considerado datos de tráfico u otra evidencia, y hace la determinación en una sola fórmula que cubre las 206 zonas a la vez: dice que en el área no incorporada, donde la vigilancia no se complementa con policía municipal, existe un riesgo elevado. La evidencia que consta en el expediente publicado es la cifra global de cerca de 2.500 multas de 2022. No se localizaron datos desglosados por zona.

Expediente 240293: copia oficial del Clerk de la resolución R-40-24 tal como quedó adoptada, con la votación nominal en la página 12. Documento oficial de Miami-Dade County, Fuente 5.

El 17 de enero de 2024 llegó el punto de adjudicación, que se aprobó como resolución R-40-24. El memorando de la alcaldesa que lo acompañaba describía el sistema como financiado exclusivamente por el infractor, sin coste para el condado y, textualmente, positivo en ingresos, con una proyección de 144 millones de dólares para el condado y 71 millones para la empresa a lo largo de seis años.

Conviene entender qué es la cifra de 215 millones que figura en el título de la resolución, porque no es lo que el condado paga al proveedor. Son las dos proyecciones sumadas: 144 más 71. Y el propio memorando advierte que el condado no retendría necesariamente esos 144 millones, porque de cada multa de cien retiene sesenta y remite cuarenta.

El pliego original era de 2019. Alpharetta lo sacó el 6 de junio de aquel año pidiendo un sistema para 9 zonas escolares, recibió 3 propuestas, de RedSpeed, Verra Mobility y Sensys America, y adjudicó a RedSpeed con efecto del 21 de julio de 2019 por cinco años más cinco prórrogas anuales. Cuando Miami-Dade se adhirió, en enero de 2024, faltaban seis meses para que venciera el plazo base. El memorando del condado añade una frase que conviene retener: en enero de 2024, no había contrato en vigor.

La ficha del proveedor que el propio memorando incluye explica algo que en Miami-Dade se pregunta a menudo. RedSpeed Georgia, LLC tiene su domicilio principal en Lombard, Illinois. En la casilla de domicilio local, el documento dice ninguno. Empleados residentes en Miami-Dade: cuatro, el 4 por ciento de su plantilla. Y en el apartado de ordenanzas aplicables, el memorando marca que la preferencia para pequeñas empresas y la preferencia local no se aplican. Esas dos preferencias son figuras del concurso público, y aquí no hubo concurso: al adherirse al contrato de otra jurisdicción, el propio memorando las marca como no aplicables.

En la sesión, el comisionado René García, exsenador estatal, preguntó cuánto esperaba ganar el proveedor sin que Miami-Dade hubiera hecho una licitación propia. La respuesta de la administración fue que las cifras eran proyecciones basadas en cómo estaba estructurado el contrato de Alpharetta: tomaron lo que aquella ciudad recaudó en un año con seis zonas y lo extrapolaron a las 206 de Miami-Dade. Preguntada después si los términos eran idénticos, como exige la figura de la adhesión, la administración respondió que el porcentaje era el mismo pero que la diferencia clave eran las seis zonas frente a las 206.

Expediente 250658: resolución R-363-25 y texto de la Implementing Order 3-38, la orden que regula la adhesión a contratos de otras jurisdicciones. Documento oficial de Miami-Dade County, Fuente 8.

Consultada sobre si lo habitual es adherirse a contratos de tamaño comparable, respondió que en general sí, pero que en este caso se recomendaba porque existía una instrucción previa de la propia Junta.

Durante el debate, la comisionada Eileen Higgins pidió que un abogado del condado confirmara que la multa sería una sanción civil sin efecto sobre el carné de conducir, como se le había dicho al órgano. La abogada asistente del condado Anita Viciana respondió que son notificaciones de infracción bajo el capítulo 316 y que, si no se pagan, pueden convertirse en multas de tráfico uniformes que, si tampoco se atienden ni se pagan conforme al procedimiento legal, pueden conducir a la suspensión del carné. Higgins pidió que constara en acta que la información anterior era incorrecta y anunció voto en contra por el procedimiento, no por el fondo.

La comisionada Raquel Regalado advirtió que el distrito escolar debería estar participando y no lo estaba, que hay escuelas del condado sin guardias de cruce por falta de financiación, y que no se había visto evidencia de que el programa fuera necesario. Esa intervención está confirmada en vídeo.

Ya al final del debate, Regalado señaló que el condado dispone de datos propios sobre dónde ocurren realmente los atropellos, dentro de su programa de seguridad vial, y que esos datos no se aportaron al expediente. Atribución confirmada en vídeo por la editora, minuto 03:34:07 de la grabación de la sesión.

La comisionada Raquel Regalado pregunta a la administración y objeta que no se haya visto evidencia de que el programa sea necesario. Sesión del 17 de enero de 2024. Grabación oficial, Fuente 12.

El entonces vicepresidente Anthony Rodríguez, hoy presidente de la Junta, patrocinador de la ordenanza y de la resolución y autor de la enmienda, defendió que la adhesión es un procedimiento legal y habitual y que evita esperar años a una nueva licitación. Y dijo, textualmente, que la intención no es generar ingresos: que la idea es generar cero dólares, porque cero significaría que todos los conductores han frenado.

Los documentos que él mismo patrocinó decían otra cosa. La Declaración de Impacto Fiscal de su ordenanza anticipaba que el programa fuera generador de ingresos. El memorando que respondía a su resolución lo describía como positivo en ingresos y proyectaba 144 millones para el condado.

El responsable policial que respondió a las preguntas sobre aplicación equitativa, privacidad y errores reconoció que no había cámaras de ese tipo en la jurisdicción no incorporada del condado y que sus agentes no tenían experiencia con ellas. Explicó que la empresa filtraría primero las multas y solo pasaría a los agentes las que considerase infracciones legítimas.

El punto se aprobó con una enmienda del propio Rodríguez que trasladaba la administración del contrato de la policía al Departamento de Transporte y Obras Públicas. El cambio se puede seguir en el papel sin necesidad de la grabación.

El orden del día oficial de aquel 17 de enero, que News Miami Dade descargó y conserva, deja fijado el punto de partida. El asunto figuraba como punto 8(P)(2), dentro del bloque del Departamento de Compras Estratégicas, y su enunciado decía, textualmente, que se autorizaba el acceso al contrato número 20-103, sistema de cámaras de detección de velocidad para zonas escolares con RedSpeed Georgia, LLC, para el Departamento de Policía de Miami-Dade, por un importe total estimado de 215 millones de dólares a seis años. Ese mismo documento recoge que el punto venía del comité del 8 de enero con recomendación favorable por tres votos a uno.

Orden del día oficial de la sesión de la Junta de Comisionados del 17 de enero de 2024, reunión 5034. El punto 8(P)(2) figura en la página 36 con el contrato de RedSpeed asignado al Departamento de Policía de Miami-Dade. Documento oficial de Miami-Dade County, Fuente 10.

Lo que salió de la sesión llevaba otro nombre. El propio expediente del punto registra que la resolución fue adoptada con enmienda ese 17 de enero, y su historial legislativo recoge que lo enmendado fue el departamento responsable de administrar el contrato, que pasó del Departamento de Policía de Miami-Dade al Departamento de Transporte y Obras Públicas, con la policía y el departamento de Tecnología en coordinación.

El título de la resolución tal como quedó adoptada nombra ya a Transporte y Obras Públicas. El historial legislativo del expediente recoge además la moción leída en acta por un abogado asistente del condado: trasladar el departamento responsable de administrar el contrato de la policía a Transporte y Obras Públicas, y sustituir todas las referencias a la policía en el memorando de la alcaldesa.

Un abogado asistente del condado lee al acta la enmienda que traslada el contrato de la policía a Transporte y Obras Públicas, y cita el contrato por su número. Sesión del 17 de enero de 2024. Grabación oficial, Fuente 12.

La votación quedó diez a tres. En contra, el comisionado René García, que en octubre había estado ausente, y las comisionadas Eileen Higgins y Raquel Regalado. El recuento nominal consta en la copia oficial del Clerk, aunque en sala se votó a viva voz.

Cómo empezó todo

La cronología cabe en una tabla. Cada fila sale de un documento oficial o de la grabación de la sesión.

Por qué importa

Estatutos de Florida, sección 316.1896: sistemas de detección de velocidad en zonas escolares, los cuatro supuestos de citación, penalidades, reparto de fondos e informes. Texto oficial de la Legislatura de Florida, Fuente 1.

La ley que autoriza el programa fija cómo se reparte cada multa de cien dólares. Sesenta se los queda el condado o municipio para administrar el sistema y otras iniciativas de seguridad pública. Veinte van al fondo general del estado. Doce al distrito escolar, amarrados a seguridad escolar, transporte de estudiantes o seguridad de los que van caminando. Cinco al condado o municipio para el programa de guardias de cruce. Y tres a un fondo estatal de formación policial.

Es decir: de cada cien dólares que paga un conductor multado junto a una escuela, doce llegan al sistema escolar y sesenta y cinco se quedan en la jurisdicción que puso la cámara.

Qué se hace con la porción de sesenta figura, con nombre y número, en el Presupuesto Adoptado del ejercicio 2025-26. Los cinco dólares de los guardias de cruce tienen finalidad legal separada y no se mezclan aquí. Las cámaras tienen fondo propio, el G3109, dentro de Transporte y Obras Públicas. El libro consigna 46.987.000 dólares de ingresos por multas y 6.500.000 de remanente, y reparte los 53.487.000 resultantes en cinco renglones: 15.506.000 de pago a la empresa; 2.037.000 para revisiones de infracciones y gastos de oficiales de vistas; 705.000 de administración del departamento; 14.500.000 de transferencia a la oficina de la Sheriff para iniciativas de seguridad pública; y 20.739.000 bajo el epígrafe de otros costes de proyecto legalmente elegibles.

Fuente: Miami-Dade County, Presupuesto Adoptado del ejercicio 2025-26, Volumen 1, página 166. Captura de News Miami Dade. Sin modificación. Fuente 9.

Son cifras presupuestadas, no recaudación comprobada. Pero permiten tres cuentas que el propio libro sostiene, y que News Miami Dade hace sobre cifras del mismo documento.

La primera identifica qué es ese renglón de ingresos. Los 15.506.000 del proveedor coinciden, al redondeo, con el 33 por ciento de los 46.987.000 consignados. Y el 33 por ciento es, según el propio condado, la parte que la empresa cobra de los sesenta dólares que el condado retiene. Hay una segunda comprobación que apunta a lo mismo, y es lo que el fondo no tiene.

La ley obliga al condado a remitir veinte dólares al estado, doce al distrito escolar y tres a un fondo de formación policial. Si el ingreso consignado fuera bruto, el lado del gasto tendría que llevar esas remesas, más de dieciséis millones. Tiene cinco renglones y ninguno es una remesa. Es decir, esos casi 47 millones no son la recaudación bruta de las multas: son la porción condal. La recaudación bruta que implican, a cien dólares por multa, rondaría los 78 millones, y supondría unas 783.000 multas pagadas en un solo ejercicio.

La segunda: la revisión y la administración condales cuestan 2.742.000, el 5,1 por ciento del fondo. Sumando el pago a la empresa, el coste operativo identificable sube a 18.248.000, alrededor del 34 por ciento.

La tercera: los dos renglones de destino más amplio, la transferencia a la oficina de la Sheriff y los otros costes legalmente elegibles, suman 35.239.000, dos tercios del total del fondo.

Y hay una cifra anterior que hasta ahora no se había contado. El ejercicio 2024-25, el primero con cámaras encendidas, cerró con un dinero que no estaba presupuestado. En junio de 2026, la administración llevó a la Junta la ordenanza de ajustes de cierre de aquel ejercicio, y su Anexo A abre una línea para el fondo G3109 con un único concepto de ingreso, llamado literalmente ingreso por cámaras de RedSpeed: 10.500.000 dólares. De ellos, 4.000.000 a gastos de programa y 6.500.000 a reserva.

Dos cosas se ven ahí.

La primera: todos los demás fondos de esa misma página traen una línea de ingresos ya aprobados, y el de las cámaras no la trae. Su única línea de ingresos es la de las multas. Ese dinero entró entero por la vía del ajuste de cierre, y el propio memorando lo dice: el suplemento se financia con ingresos nuevos por multas del programa.

La segunda: los 6.500.000 que van a reserva son exactamente los 6.500.000 que el presupuesto del ejercicio siguiente consigna como remanente del mismo fondo.

Expediente 260553: Ordenanza 26-38, ajustes de cierre del ejercicio 2024-25, con el fondo G3109 en su Anexo A. Documento oficial de Miami-Dade County, Fuente 7.

La Junta lo aprobó el 2 de junio de 2026 como Ordenanza 26-38, patrocinada por el presidente Anthony Rodríguez. Es decir: ratificó 10,5 millones de ingresos por cámaras de un ejercicio que había cerrado en septiembre de 2025. El acta recoge que el presidente abrió la audiencia pública y, al no presentarse nadie a hablar, la cerró.

Ese dinero no va a un fondo común. En la audiencia de presupuesto del 4 de septiembre de 2025, la comisionada Eileen Higgins lo explicó en sesión pública: el ingreso de las cámaras se divide en trece partes, una por distrito, y no volvía al fondo general. Ella misma presentó una enmienda formal para mandar la porción de su distrito al fondo general y destinarla a organizaciones comunitarias. El texto de la ordenanza de adopción recoge la cifra exacta: 17.388 dólares.

El comisionado René García sitúa en unos veinte millones de dólares lo que el programa asigna a la comisión. Audiencia de presupuesto del 4 de septiembre de 2025. Grabación oficial, Fuente 12.

El intercambio en el que queda establecido en acta que el condado no paga la tecnología, con el desglose del reparto legal de cada multa. Sesión del 17 de enero de 2024. Grabación oficial, Fuente 12.

Esa etiqueta elástica tiene otro nombre doce páginas más allá, en el mismo libro. El Apéndice G, que recoge los gastos no departamentales del área no incorporada, consigna la misma cifra, 20.739.000, bajo un rótulo que no deja lugar a dudas: proyectos de RedSpeed por distrito de comisión. Es la confirmación documental de lo que la comisionada Higgins había dicho en sesión: que ese dinero se divide por distritos. Lo que sigue sin publicarse es cuánto va a cada uno.

Lo que dice el primer informe anual

Expediente 252478: primer informe anual del programa, con las siete cifras obligatorias, la escala de pago por tramos y el reparto de fondos. Documento oficial de Miami-Dade County, Fuente 6.

El 21 de enero de 2026, la Junta recibió el primer informe anual del programa, obligatorio por ley estatal y por la sección 30-5.1(7) del Código del condado. Se trató como punto independiente y la administración leyó las cifras en voz alta, advirtiendo que hay componentes que deben constar en acta.

Del 1 de diciembre de 2024 al 31 de julio de 2025 se emitieron 252.873 notificaciones de infracción. Se impugnaron 2.129. Se confirmaron 1.598 y se desestimaron 531. Se pagaron 170.404. Y 75.468 se emitieron como multas de tráfico uniformes: treinta de cada cien.

Conviene poner esa primera cifra al lado de la que el propio condado usó para justificar el programa. En todo el año 2022, con agentes, la policía emitió cerca de 2.500 multas por velocidad en zona escolar en el área no incorporada. En ocho meses, con cámaras encendidas en 27 de las 206 zonas, se emitieron 252.873 notificaciones. Es 100 veces más con una décima parte del despliegue previsto. La comparación admite dos lecturas y las dos son legítimas: que había una infracción masiva que nadie estaba sancionando, o que el aparato detecta a una escala que la vigilancia con agentes nunca tuvo.

Esa última cifra es la que cierra el círculo con la sesión de enero de 2024. Es exactamente el paso que la abogada del condado describió cuando corrigió a la Junta: la conversión en multa de tráfico, que es la vía por la que, si tampoco se atiende, puede acabar costando el carné.

El reparto declarado del periodo: 3.408.080 al fondo general del estado; 511.212 al fondo de formación policial; 2.044.848 al distrito escolar; 852.020 al programa de guardias de cruce; 6.645.756 al condado para administración e iniciativas de seguridad pública; y 3.578.484 a la empresa. Total, 17.040.400 dólares.

Lo que pasó cuando la Junta recibió ese informe

El informe no se aceptó en silencio. La comisionada Raquel Regalado lo sacó de la lista de la agenda para discutirlo, y lo que dijo apunta justo a lo que este artículo ha tenido que reconstruir a mano: que el informe cuenta lo recaudado pero no lo cruza con el presupuesto. Explicó que tuvo que ir ella misma al libro de presupuesto a cuadrar las cifras, y pidió que en adelante el informe incluya las proyecciones y su encaje presupuestario. La directora de Transporte y Obras Públicas, Stacey Miller, aceptó hacerlo, y el presidente ordenó que constara en acta.

La comisionada Raquel Regalado saca el informe anual de la lista y pide que en adelante se cruce con el presupuesto. Sesión del 21 de enero de 2026. Grabación oficial, Fuente 12.

Fue la propia directora Miller quien leyó al acta, una por una, las cifras que la ley obliga a leer en voz alta.

La directora de Transporte y Obras Públicas, Stacey Miller, lee al acta las cifras que la ley obliga a leer en voz alta. Sesión del 21 de enero de 2026. Grabación oficial, Fuente 12.

Después intervino el comisionado Keon Hardemon, y ahí apareció algo que no está en ningún documento del programa. Dijo que durante el ciclo presupuestario la Junta había dado instrucciones sobre cómo repartir ese dinero, y que estaba previsto que cada distrito afectado recibiera una parte para invertirla en su comunidad. Y dijo que le sorprendió descubrir que el total de lo que entra va primero a la oficina de la Sheriff, antes de que los distritos puedan disponer de nada. Su objeción de fondo fue esa: que una cosa es que a un barrio le lluevan las multas y otra que ese barrio pueda reinvertir lo que paga.

El comisionado Keon Hardemon plantea que la oficina de la Sheriff cobra primero, y la comisionada Regalado le responde. Sesión del 21 de enero de 2026. Grabación oficial, Fuente 12.

Para responder bajó al estrado el director de la Oficina de Gestión y Presupuesto, Ray Baker, y describió el mecanismo con una claridad que el expediente no tiene. Primero entra, o se proyecta que entre, lo que corresponde a la Sheriff. Una vez recibido lo que cuadra con el presupuesto para eso, la porción siguiente es la que queda disponible para los trece distritos, repartida según las asignaciones del programa de mejoras de barrio y fijada en lo que él llamó el segundo memorando presupuestario. Y reconoció en voz alta la duda que eso deja abierta: si habrá dinero suficiente para esa porción. Propuso dar actualizaciones periódicas de lo realmente recaudado, para saber cuándo se puede empezar a gastar.

El comisionado Oliver G. Gilbert III lo resumió en una frase: que a ellos no les pagan hasta que han cobrado todos los demás.

El director de la Oficina de Gestión y Presupuesto, Ray Baker, explica el orden de reparto y el segundo memorando presupuestario, y el comisionado Oliver G. Gilbert III lo resume. Sesión del 21 de enero de 2026. Grabación oficial, Fuente 12.

Al cerrar, Raquel Regalado propuso dejar de mirar esto una vez al año y revisarlo cada tres o cuatro meses, precisamente porque parte de ese dinero financia a la Sheriff. El informe se aceptó con un voto a viva voz, sin recuento nominal.

Todo lo anterior son posiciones expresadas en sesión pública, no hechos probados sobre cómo funciona el programa. Se recogen aquí como lo que son: lo que dijeron, con la grabación al lado para que cualquiera lo compruebe.

La cifra del informe que no cuadra con el propio informe

El 33 por ciento no es una cifra que aparezca por primera vez en 2026. El memorando de la alcaldesa ya lo decía dos veces en enero de 2024: que la empresa recibe el 33 por ciento de cada multa en el contrato de la ciudad, y que tendría derecho al 33 por ciento de los 60 dólares que retiene el condado.

Y no era una cifra suelta: el memorando trae la escala completa. La empresa cobra el 33 por ciento de esos 60 dólares por los primeros 100 sistemas instalados, el 32 por ciento entre 101 y 200, el 31 por ciento entre 201 y 300, y el 30 por ciento de 301 en adelante. Cuantos más aparatos, menor porcentaje. El memorando lo resume en una promesa: que el proveedor cobrará por multa lo mismo o menos que en el contrato de la ciudad.

El informe anual declara ese mismo tramo: que la empresa recibe el 33 por ciento de los 60 dólares cuando hay hasta 100 sistemas instalados, y declara que había 70. El 33 por ciento de 60 son 19,80 por multa, que sobre 170.404 multas pagadas darían 3.373.999 dólares.

El informe reporta 3.578.484, es decir 204.485 más. Esa cantidad equivale a 21,00 dólares exactos por multa pagada, que es el 35 por ciento de los sesenta, no el 33 que el propio documento describe.

Esa cuenta la hace News Miami Dade sobre las tres cifras del propio informe. La exactitud del resultado, veintiún dólares clavados, apunta más a una tarifa fija por multa cobrada que a un porcentaje. Conviene decir también lo que la cifra no desmiente: veintiún dólares siguen siendo menos que los 24,75 que la empresa cobra en Alpharetta, donde el 33 por ciento se aplica sobre una multa de 75 dólares. La promesa de cobrar lo mismo o menos por multa se sostiene. Lo que no encaja es el porcentaje.

No hay nada que permita afirmar irregularidad: puede tratarse de una condición contractual distinta de la que el informe resume, o de un error de redacción. Lo resolvería el contrato firmado con su tabla de precios. Y hay un dato del expediente que apunta en esa dirección: el pliego original de Alpharetta permitía expresamente que el proveedor cobrara de una de dos maneras, un reparto porcentual por multa pagada o una cantidad fija por multa pagada.

Ese contrato no está publicado. La Junta aprobó mediante la resolución R-40-24 el acceso al contrato 20-103 de RedSpeed por un valor estimado de 215 millones de dólares a seis años. Pero ni el contrato firmado, ni la carta de acuerdo con el condado, ni los anexos de precios y reparto de ingresos figuran entre los documentos del expediente legislativo, que se limita al paquete de recomendación y a la copia oficial del Clerk.

Lo dice la propia resolución, en el párrafo que precede a la votación: los documentos del contrato están archivados y disponibles a petición en el Strategic Procurement Department. News Miami Dade abrió los dos expedientes legislativos del punto y comprobó que no están ahí: el único adjunto que ambos listan es la resolución anterior, la R-901-23. Archivado y disponible a petición no es lo mismo que publicado.

El mismo informe añade un dato que da relieve a la pregunta: bajo el acuerdo, es la propia empresa la que se encarga de facturar, cobrar y distribuir los importes de las infracciones, además de presentar al estado los informes trimestrales en nombre del condado.

Lo que el condado escribió y lo que dijo

El contraste queda en tres documentos y una frase. La Declaración de Impacto Fiscal de la ordenanza decía que se anticipaba generador de ingresos. El memorando de la alcaldesa lo llamaba positivo en ingresos y proyectaba 144 millones para el condado. El presupuesto adoptado consigna casi 47 millones de ingresos por multas en un solo ejercicio. Y en la sesión donde se aprobó se defendió diciendo que la idea era generar cero dólares.

La misma Declaración de Equidad Social del expediente aporta la línea de base: la policía de Miami-Dade emitió cerca de 2.500 multas por exceso de velocidad en zona escolar en todo el año 2022, en el área no incorporada. Y explica por qué se buscaba el cambio: dice que sancionar solo con agentes es difícil, porque mientras uno para y multa a un conductor, otros cometen la infracción y escapan.

Vale la pena leer la proyección con el calendario delante. El memorando dice, textualmente, que el ingreso previsto es de 144 millones para el condado y 71 millones para el proveedor a lo largo de un plazo de seis años, y esos dos números estaban calculados para las 206 zonas escolares.

Para compararlos con el presupuesto hay que poner los dos lados en la misma base, y News Miami Dade lo hace así. Los 144 millones son la parte que le queda al condado una vez separada la del proveedor; el renglón de 46.987.000 del presupuesto, en cambio, es el ingreso del fondo antes de pagar a la empresa, porque ese pago sale del mismo fondo.

Comparando lo comparable por cualquiera de las dos vías sale la misma cuenta. Sumando las dos proyecciones, 215 millones en seis años son unos 35,8 millones anuales, frente a los 46.987.000 consignados. Y descontando el proveedor en los dos lados, 24 millones proyectados frente a 31.481.000. En ambos casos, alrededor de un tercio más de lo previsto.

Lo que da peso a ese tercio es a qué escala se produce. El primer informe anual sitúa el programa que generó esas cifras en 70 sistemas repartidos en 27 zonas escolares, poco más de una de cada diez de las 206 sobre las que se hizo la proyección.

Dos precisiones para que la comparación sea justa. Lo que consigna el presupuesto es ingreso previsto, no recaudación cerrada. Y las 252.873 multas del informe anual corresponden a ocho meses, no a un ejercicio completo. Aun con esas dos cautelas, la distancia entre lo proyectado y lo presupuestado no la explica ningún documento del expediente.

Lo que el condado dice hoy

La página oficial del condado afirma que el sistema de foto-detección se financia enteramente con las multas pagadas y que la infracción se produce al superar el límite en más de diez millas por hora.

Esa frase es cierta, pero se queda corta, porque no dice cuál de los dos límites ni en qué momento. La ley que autoriza el programa no contempla un supuesto de multa: contempla cuatro, y no funcionan igual.

Tres de ellos miden contra el límite reducido de la zona escolar y solo operan en ventanas cortas: los treinta minutos anteriores y posteriores al inicio del programa de desayuno, los mismos treinta alrededor del inicio de las clases, y otros treinta alrededor de la salida. El cuarto es distinto en todo. Invoca otro artículo, el de velocidad ilegal general; mide contra el límite normal de la vía, no contra el escolar; y no opera en una ventana de media hora sino, en palabras del propio estatuto, durante la totalidad de la sesión escolar.

Es decir: a media mañana, cuando el límite reducido de la zona escolar no está en vigor, la cámara sigue funcionando. Lo que mide entonces es si el conductor supera en más de diez millas el límite normal de esa vía.

Eso enlaza con lo que la ley exige colocar. El letrero permanente debe llevar el límite de la zona escolar y las horas en que rige, o una baliza intermitente en lugar de las horas. No obliga a colocar dentro de la zona el límite normal de la vía. Y el supuesto que corre toda la jornada se mide, según el texto legal, contra el límite colocado.

El primer informe anual no permite saber cuánto pesa cada supuesto: da los 252.873 avisos emitidos y las demás cifras que la ley exige, pero no los desglosa por el artículo que invoca cada citación. Ese desglose existe necesariamente, porque cada citación se emite bajo uno u otro.

Y el propio informe anual aclara la escala real: entre el 1 de diciembre de 2024 y el 31 de julio de 2025 había 70 sistemas instalados en 27 zonas escolares, de las 206 que autorizó la ordenanza 23-99. El programa que produjo esas cifras funciona, por tanto, en poco más de una de cada diez zonas aprobadas.

Preguntas pendientes

• ¿Cuántas zonas se han sumado desde julio de 2025 y cuándo se completarán las 206?
• ¿Cobra la empresa un porcentaje o una cantidad fija por multa, y bajo qué cláusula?
• ¿Qué ha hecho el distrito escolar con su parte?
• ¿Qué contienen exactamente los 20.739.000 de otros costes legalmente elegibles, distrito por distrito?
• ¿Y redujo el programa la velocidad?

El informe anual que la ley exige se presentó el 21 de enero de 2026 y contiene las siete cifras obligatorias, pero ninguna de ellas mide si la gente frena. No se localizó una evaluación de reducción de velocidad ni en el informe anual ni en los expedientes revisados.

Estatutos de Florida, sección 316.1895: establecimiento de zonas escolares, requisitos del letrero permanente, letrero de multas dobles, mantenimiento e inspección periódica. Texto oficial de la Legislatura de Florida, Fuente 1b.

Hay otra que nace de la propia señalización. La ley que regula las zonas escolares exige que el letrero permanente lleve el límite reducido y, escritas en él, las horas en que ese límite rige, o bien una baliza intermitente como alternativa a las horas. No obliga a colocar dentro de la zona el límite normal de la vía. Y define la infracción contra lo que está colocado. Con agentes eso importaba poco; con un sistema que multa por franjas horarias, importa. ¿Llevan las 206 zonas las horas escritas o la baliza? La misma ley exige además, desde 2008, un letrero de multas dobles dentro de toda zona escolar de nueva creación o cuya señalización se haya reemplazado.

Y esa pregunta tiene un responsable con nombre en la propia ley. Las zonas escolares mantenidas por el condado, que son las del área no incorporada donde funcionan estas cámaras, deben ser inspeccionadas periódicamente por la oficina de la Sheriff o por otro agente cualificado, para determinar si se están manteniendo adecuadamente, y mantener incluye expresamente los letreros.

Esa obligación es de la ley general y rige para cualquier zona escolar mantenida por un condado en Florida: no nació con este programa ni depende de él. Esa oficina cumple además otras dos funciones documentadas en el programa: revisa las infracciones y recibe del fondo una transferencia de 14.500.000 dólares para iniciativas de seguridad pública. Este artículo no afirma que una función condicione a la otra. Lo que los registros pueden responder es esto: ¿existen esas inspecciones, con qué frecuencia y qué encontraron?

Y una más, que la ley plantea sola. El estatuto obliga a dos cosas sobre el informe anual: que no se trate en agenda de consentimiento y que se permita comentario público sobre él. Lo primero se cumplió, y consta en el orden del día de la sesión del 21 de enero de 2026, que News Miami Dade descargó y conserva. Ese documento tiene un bloque de asuntos de consentimiento, el número tres, y el informe no está en él: aparece en el bloque catorce, el de asuntos sujetos a la regla de cuatro días, como punto 14(B)(1), expediente 252478, con el título de informe anual sobre los sistemas de detección de velocidad en zonas escolares.

Orden del día oficial de la sesión de la Junta de Comisionados del 21 de enero de 2026, reunión 5452. El informe anual figura en la página 50 como punto 14(B)(1), dentro del bloque de asuntos sujetos a la regla de cuatro días. Documento oficial de Miami-Dade County, Fuente 10.

Lo segundo es más difícil de dar por cumplido o por incumplido. News Miami Dade leyó la grabación completa de esa sesión del 21 de enero de 2026. El turno de comentario público se abrió y se cerró a los cuarenta y siete minutos de sesión, unos cinco minutos antes de que la Junta llegara al punto, y ninguno de los vecinos que hablaron mencionó el programa de cámaras.

Al llegar al punto no se abrió un turno específico: se pasó de la petición de la comisionada Regalado a la lectura de las cifras y de ahí a la discusión entre comisionados. Si ese turno general, cerrado antes de que el asunto se tratara, satisface lo que la ley pide para este informe en concreto, es una pregunta que el condado no ha respondido.

Todas esas preguntas tienen un mismo sitio donde empezar a responderse. La resolución que aprobó el programa dice, en el párrafo que precede a la votación, que los documentos del contrato están archivados y disponibles a petición en el Departamento de Compras Estratégicas del condado. Archivado y disponible a petición no es lo mismo que publicado.

Materiales embebidos y sus fuentes originales

Los nueve fragmentos de vídeo de esta pieza proceden de las grabaciones oficiales de las sesiones públicas de la Junta de Comisionados de Miami-Dade, recogidas en la fuente 12.

News Miami Dade los aloja en su canal de YouTube, subtitulados en español, y desde ahí se muestran en este artículo; la grabación original completa sigue estando en el archivo público del condado. Junto a los nueve fragmentos se publica también, íntegro y sin cortes, el punto 8(P)(2) completo del 17 de enero de 2024, sesenta y cinco minutos, para que cualquiera pueda comprobar por sí mismo el contexto de lo que aquí se cita.

Cuatro son de la sesión del 17 de enero de 2024, en la que se aprobó el contrato; dos, de la del 4 de septiembre de 2025; y cuatro, de la del 21 de enero de 2026, en la que se presentó el primer informe anual. News Miami Dade descargó las grabaciones completas, las transcribió, cortó los fragmentos y comprobó uno por uno el rótulo en pantalla que identifica a cada interviniente. No se ha alterado el audio ni la imagen: solo se ha recortado el tramo citado.

La captura de la tabla del fondo G3109 procede del Presupuesto Adoptado del ejercicio 2025-26, Volumen 1, página 166, recogido en la fuente 9. Es una captura sin modificación.

Las dos órdenes del día que se muestran, la del 17 de enero de 2024 y la del 21 de enero de 2026, son los documentos oficiales que publica la Oficina del Coordinador de Agenda del condado del condado, recogidos en la fuente 10. News Miami Dade los descargó y los publica íntegros, sin modificación.

La página oficial del programa, fuente 11, se consultó y archivó en copia local el 23 de agosto de 2026. Se cita enlazada, sin captura embebida.

Fuentes consultadas

Nivel 1, fuentes oficiales

• 1. Estatutos de Florida, sección 316.1896, sistemas de detección de velocidad en zonas escolares, penalidades, reparto de fondos e informes. Texto oficial de la Legislatura de Florida.
• 1b. Estatutos de Florida, sección 316.1895, establecimiento de zonas escolares de velocidad, señalización, mantenimiento e inspección. Fuente de los requisitos del letrero permanente, del letrero de multas dobles, del reparto de la obligación de mantenimiento y de la inspección periódica por la oficina de la Sheriff. Texto oficial de la Legislatura de Florida, descargado y archivado por News Miami Dade el 24 de agosto de 2026.
• 2. Estatutos de Florida, sección 316.0776(3), colocación e instalación, y obligación de llevar el informe anual al orden del día sin tratarlo en agenda de consentimiento y permitiendo comentario público. Texto oficial.
• 3. Miami-Dade County, expediente 231648, ordenanza que crea la sección 30-5.1 del Código, identifica las 206 zonas escolares y contiene la Declaración de Impacto Fiscal y la Declaración de Equidad Social. Segunda lectura, 7 de noviembre de 2023, punto 7(E). Expediente.
• 4. Miami-Dade County, expediente 232491, memorando de la alcaldesa del punto 8(P)(2) y resolución R-901-23 con su votación nominal. Expediente.
• 5. Miami-Dade County, expediente 240293, copia oficial del Clerk de la resolución R-40-24 tal como quedó adoptada, con su votación nominal en la página 12. Expediente.
• 6. Miami-Dade County, expediente 252478, primer informe anual del programa, punto 14(B)(1) de la sesión del 21 de enero de 2026, con las siete cifras que exige la ley, la escala de pago por tramos y el reparto de fondos. Expediente.
• 7. Miami-Dade County, expediente 260553, Ordenanza 26-38, ajustes suplementarios de cierre del ejercicio 2024-25, con el fondo G3109 en su Anexo A, página 30. Expediente.
• 8. Miami-Dade County, expediente 250658, resolución R-363-25 y texto de la Implementing Order 3-38, la orden que regula la adhesión a contratos de otras jurisdicciones. Expediente.
• 9. Miami-Dade County, Presupuesto Adoptado del ejercicio 2025-26, Volumen 1: fondo G3109 en la página 166 y Apéndice G en la página 285. Oficina de Gestión y Presupuesto.
• 10. Miami-Dade County, Oficina del Coordinador de Agenda del condado. Órdenes del día oficiales de las sesiones de la Junta del 17 de enero de 2024, identificada como reunión 5034 e impresa el 16 de enero de 2024, y del 21 de enero de 2026, identificada como reunión 5452 e impresa el 20 de enero de 2026. News Miami Dade las descargó y conserva ambas. El condado no publica cada orden del día en una dirección propia: se recuperan por fecha desde su base de datos oficial de órdenes del día. Las actas de esas mismas sesiones se recuperan igual desde la base de datos de actas.
• 11. Miami-Dade County, Departamento de Transporte y Obras Públicas, página oficial del programa y preguntas frecuentes. Red Speed Initiative.
• 12. Miami-Dade County. Grabaciones oficiales de las sesiones del 17 de enero de 2024, del 4 de septiembre de 2025 y del 21 de enero de 2026, accesibles en el archivo público de retransmisiones del condado. News Miami Dade descargó las grabaciones completas, las transcribió y tradujo al español, y cortó los fragmentos que se muestran en esta pieza.

Nivel 2, medios

13. Cobertura de prensa sobre resoluciones judiciales de 2026 en otros condados de Florida. Consultada como pista y expresamente NO utilizada como base de ninguna afirmación de esta pieza.

Descargo

News Miami Dade muestra las fuentes originales de los hearings públicos, los documentos Legistar, los memos de la County Attorney’s Office, las recomendaciones del staff del Department of Regulatory and Economic Resources, los archivos de Granicus y los registros de la Florida Division of Elections y de la Miami-Dade Commission on Ethics.

Esta pieza referencia material gubernamental publicado por la jurisdicción correspondiente y citas directas de hearings públicos transmitidos por Granicus. Cada afirmación factual se ancla en su fuente primaria identificable. Las atribuciones de posiciones se citan con fuente y verbatim cuando está disponible.

Esta pieza no afirma que se haya cometido ninguna irregularidad. La diferencia entre el 33 por ciento que describen los documentos del condado y los 21,00 dólares por multa que resultan de las cifras del informe anual se publica como lo que es, una incongruencia aritmética entre documentos oficiales, con dos explicaciones posibles señaladas en el propio texto. El documento que la resolvería es el contrato firmado con su tabla de precios, que no figura publicado entre los adjuntos de los expedientes legislativos.

Los cálculos atribuidos a News Miami Dade son operaciones aritméticas sobre cifras que constan en documentos oficiales, y se identifican como tales allí donde aparecen.

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El condado copió un contrato pensado para seis zonas escolares y lo estiró a 206, y hoy su presupuesto cuenta con casi 47 millones de dólares que salen del bolsillo de quien va deprisa junto a una escuela. La pregunta que nadie ha respondido no es cuánto se recauda, sino si alguien frena. En News Miami Dade leemos el expediente entero y seguimos tu dinero público dólar por dólar. No te pierdas ni un detalle.

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