CAIR-Florida suspende operaciones: la designación terrorista de Florida entra en vigor tras negarse un juez federal a frenarla
El juez federal Allen Winsor, del Distrito Norte de Florida, rechazó la mayor parte de la solicitud cautelar de CAIR, pero protegió el acceso a servicios legales. Florida mantiene las designaciones estatales; las organizaciones apelaron el fallo y rechazan las acusaciones del Estado.
La organización CAIR-Florida, Inc., que opera solo en Florida, suspendió sus operaciones en el estado en torno a la entrada en vigor, el 5 de noviembre de 2026, de su designación como «organización terrorista doméstica» por el gobernador y el Gabinete. Un aviso en su oficina lo dice, y WUSF lo fotografió.
El día 4, el juez federal Allen Winsor, del Distrito Norte de Florida, había negado la mayor parte de la medida cautelar que pedían CAIR-Florida y CAIR-Foundation, salvo en un punto: los fiscales no pueden aplicar el delito de apoyo material contra ellas, sus empleados o terceros por los servicios legales que se les presten (auto ECF 65, caso 4:26-cv-521, pág. 36). Es una decisión sobre una medida cautelar, no sobre el fondo del pleito.
Captura NMD de la página 36 del auto ECF 65 del 4 de noviembre de 2026, CAIR-Foundation v. DeSantis, 4:26-cv-521: el fallo, «GRANTED in part» y «otherwise DENIED».
Los antecedentes: la orden ejecutiva y el primer fallo de Walker (diciembre de 2025 a marzo de 2026)
Ron DeSantis, gobernador de Florida, firmó el 8 de diciembre de 2025 la orden ejecutiva 25-244, impugnada en CAIR I. Foto: retrato oficial, flgov.com.
La orden ejecutiva 25-244, titulada «Protecting Floridians from Radical Islamic Terrorist Organizations», es el acto del gobernador Ron DeSantis con el que empezó todo en Florida, y CAIR lo impugnó en su primera demanda, CAIR I (orden ejecutiva 25-244, sitio oficial del gobernador). La firmó el 8 de diciembre de 2025: «this 8th day of December, 2025» (pág. 4). El auto ECF 43 lo dice así: «On December 8, 2025, Governor Desantis signed Executive Order 25-244» (ECF 43, pág. 2).
Ron DeSantis, gobernador de Florida, firmó el 8 de diciembre de 2025 la orden ejecutiva 25-244, impugnada en CAIR I. Página 1 de la orden ejecutiva 25-244 del gobernador Ron DeSantis, 8 de diciembre de 2025: «(Protecting Floridians from Radical Islamic Terrorist Organizations)».
El auto ECF 43 lo dice así: «On December 8, 2025, Governor Desantis signed Executive Order 25-244» (ECF 43, pág. 2).
Walker decidió sobre un acto del gobernador. El 4 de marzo de 2026 concedió la medida contra la orden ejecutiva 25-244 y escribió que la Primera Enmienda impide al gobernador «continuing the troubling trend of using an executive office to make a political statement at the expense of others’ constitutional rights» (ECF 43, pág. 1).
Mark E. Walker, juez de distrito, firmó el 4 de marzo de 2026 el auto ECF 43. Foto: Wikimedia Commons, United States Senate Committee on the Judiciary, Public domain.
Página 1 del auto ECF 43 del 4 de marzo de 2026, CAIR-Foundation v. DeSantis, 4:25-cv-516, firmado por Mark E. Walker: «The First Amendment bars the Governor from continuing the troubling trend of using an executive office to make a political statement at the expense of others’ constitutional rights».
CAIR-Foundation y CAIR-Florida han presentado tres demandas contra Florida en el Distrito Norte de Florida. Conviene no confundirlas.
| Nombre corto | Número | Qué impugna | Estado al 8 nov 2026 |
|---|---|---|---|
| CAIR I | 4:25-cv-516, presentada el 15 dic 2025 (ECF 2) | La orden ejecutiva 25-244 del gobernador | Medida cautelar concedida el 4 mar 2026; el gobernador apeló; el 13 oct el Undécimo Circuito ordenó fijar argumento oral, incluida la petición de descalificación del juez original (ECF 110, pág. 2) |
CAIR I,
| Nombre corto | Número | Qué impugna | Estado al 8 nov 2026 |
|---|---|---|---|
| CAIR II | 4:26-cv-315, presentada el 1 jul 2026 | La ley HB 1471 y sus normas | Desestimada el 1 oct 2026 por falta de legitimación: el juez concluyó que los temores de julio eran «speculative fears of possible future harms» y dejó la puerta abierta a «a new lawsuit» (ECF 69, págs. 2, 5 y 6) |
| Nombre corto | Número | Qué impugna | Estado al 8 nov 2026 |
|---|---|---|---|
| CAIR III | 4:26-cv-521, presentada el 1 oct 2026 (registro del caso) | La designación como organización terrorista doméstica y el régimen de la ley | Medida cautelar concedida en parte el 4 nov 2026; plan de litigio conjunto en 14 días, es decir para el 18 nov; las demandantes apelan el 5 nov al Undécimo Circuito (ECF 66) |
CAIR-FOUNDATION INC v. DESANTIS (4:26-cv-00521)
District Court, N.D. Florida
- Last Updated: Nov. 9, 2026, 6:42 a.m.
- Assigned To: Allen Cothrel Winsor
- Referred To: Martin A. Fitzpatrick
- Citation: CAIR-FOUNDATION INC v. DESANTIS, 4:26-cv-00521, (N.D. Fla.)
- Date Filed: Oct. 1, 2026
- Date of Last Known Filing: Nov. 4, 2026
- Cause: 42:1983 Civil Rights Act
- Nature of Suit: 440 Civil Rights: Other
- Jury Demand: None
- Jurisdiction Type: Federal Question
Qué penaliza la ley de Florida
Después del fallo de Walker, la Legislatura de Florida aprobó las leyes HB 1471 y HB 1473, «which created a DTO designation process» (ECF 65, pág. 2). La votación final fue el 12 de marzo de 2026, en la Cámara de Representantes. El gobernador las firmó el 7 de abril de 2026 como capítulos 2026-28 y 2026-29, y entraron en vigor el 1 de julio (ficha de HB 1471 y ficha de HB 1473, Senado de Florida). HB 1471 («Systems of Law and Terrorist Organizations») es la ley de fondo, y trae además disposiciones sobre escuelas y universidades que esta pieza no resume; HB 1473 («Pub. Rec./Terrorist Organizations») es una exención de registros públicos ligada a ella.
HB 1471
HB 1473
El FDLE dictó después la regla de emergencia 11RER26-8, «which implements this legislation» (ECF 65, pág. 3); se presentó y entró en vigor el 11 de septiembre de 2026,
y el Florida Administrative Register la publicó el 14 de septiembre (vol. 52, núm. 178, págs. 3967 y 3968). Con la ley, la designación pasó a ser un procedimiento: la propone el Jefe de Seguridad Doméstica y la aprueban el gobernador y el Gabinete.
Esta sección resume solo lo que dicen los textos de los estatutos de Florida, edición 2026, tal como los publica Online Sunshine, el sitio oficial de la Legislatura de Florida (leg.state.fl.us): 943.03102, 775.30, 775.33 y 775.34,
943.03102
775.30
775.33
775.34
y los que el auto cita como parte del mismo régimen (ECF 65, pág. 3): 617.1420, 823.05 y 874.03 a 874.12;
617.1420
823.05
El capítulo 874, del 874.01 al 874.12.
No es asesoría legal: quien necesite saber cómo le afecta debe consultar a un abogado.
| Pregunta | Qué dice el texto | Artículo |
|---|---|---|
| Qué es una «organización terrorista doméstica» | Una «organization whose designation as such has been published in the Florida Administrative Register». La designa el Jefe de Seguridad Doméstica si halla que opera en el estado o en EE. UU., que «is engaging in terrorist activity as defined in s. 775.30» y que esa actividad «is an ongoing threat». El Gobernador y el Gabinete aprueban o rechazan «by a majority vote»; la organización puede impugnar en 30 días ante el circuito de Leon. | 943.03102(1)(a)1, (2)(d), (2)(f); 775.33(1)(b) |
| Qué es «terrorist activity» | Una actividad que «Involves» un acto violento o peligroso para la vida humana que viole las leyes penales (o una violación de 815.06) y que «Is intended to» intimidar, herir o coaccionar a una población civil, influir en la política de un gobierno por intimidación o coacción, o afectar la conducta del gobierno mediante destrucción de propiedad, asesinato, secuestro o piratería aérea. Esa definición no menciona opiniones ni donaciones. | 775.30(1)(a) |
| Qué es apoyo material, y las donaciones | «any property, tangible or intangible, or service, including currency or monetary instruments or financial securities, financial services, lodging, training, expert advice or assistance … personnel»; «does not include medicine or religious materials». El dinero entra como «currency or monetary instruments»; el texto no usa la palabra «donación» ni distingue por monto. El delito (primer grado) exige «knowingly» y «knowledge» de que la organización está designada o ha incurrido en terrorismo. | 775.33(1)(d), (3) |
| Si una opinión de apoyo cuenta | La definición de apoyo material no enumera la expresión de opiniones. Los dos elementos que el auto trata como habla (ECF 65, págs. 33 y 34) son «training» («instruction or teaching designed to impart a specific skill rather than general knowledge») y «expert advice or assistance» («derived from scientific, technical, or other specialized knowledge»). Sobre opiniones, la ley no lo especifica. | 775.33(1)(c), (1)(f); ECF 65, págs. 33-34 |
| Qué pide el delito de pertenencia | «willfully becomes a member» y «serves under the direction or control of that organization with the intent to further the illegal acts of the organization»; delito de segundo grado. La ley no define «member». | 775.34(2) |
| Empleados y voluntarios | La ley no usa las palabras «empleados» ni «voluntarios». Sobre «personnel», es apoyo material proveerse a sí mismo u otra persona para trabajar «under the direction and control» de la organización o dirigir sus operaciones; quien «acts entirely independently» no trabaja bajo su dirección y control. | 775.33(5) |
| Contratos, bienes y personalidad jurídica | Solo regula a agencias estatales, subdivisiones políticas y distritos escolares que gastan fondos estatales o cobran impuestos: no pueden gastar fondos «to support» a la organización o a un miembro, contratar con ella ni aceptar fondos suyos (salvo multas, penalidades, decomisos, impuestos o pago por bienes o servicios). Sobre contratos entre particulares o bienes, esta sección no lo especifica; la disolución de la corporación la regula el 617.1420 (fila siguiente). | 943.03102(4) |
| Si la organización puede ser disuelta | El Departamento de Estado puede iniciar un procedimiento para disolver por vía administrativa una corporación sin fines de lucro de Florida si fue designada «as a domestic terrorist organization or foreign terrorist organization pursuant to s. 943.03102», la designación se publicó en el Registro Administrativo «and any timely judicial challenge under that section has been resolved against the organization». | 617.1420(1)(f) |
| Si se la trata como «criminal gang» | El capítulo de pandillas define «criminal gang» como un grupo que tiene «as one of its primary activities the commission of criminal or delinquent acts», «including, but not limited to, terrorist organizations», y define «terrorist organization» de modo que incluye a «A domestic terrorist organization whose designation as such has been published in the Florida Administrative Register in accordance with s. 943.03102». El capítulo permite agravar las penas de los delitos cometidos para beneficiar a una «criminal gang» (874.04), castiga como delito de primer grado dirigir su actividad delictiva (874.10), permite decomisar los bienes usados en ella (874.08) y da al Estado una acción civil por el triple de los daños (874.06). Cada una de esas normas describe una conducta concreta que hay que probar. | 874.03(1) y (8); 874.04 a 874.12 |
| Molestia pública | Una «criminal gang» o sus miembros o asociados «who engages in the commission of criminal gang-related activity is a public nuisance», y lo mismo el uso de un lugar para esa actividad; el Estado, por medio del Departamento de Asuntos Legales, de un fiscal estatal o de sus agencias y municipios, puede iniciar un proceso civil, y el tribunal de circuito puede dictar órdenes para impedirlo. | 823.05(2) |
| Excepciones | No se procesa a quien actuó con autorización de una agencia gubernamental o policial de Florida o de EE. UU. «in the agency’s official capacity and pursuant to a lawful purpose»; el texto pide que los apartados (2) y (3) se interpreten «in a manner consistent with federal case law interpreting 18 U.S.C. ss. 2339A and 2339B». La ley no trae una excepción para servicios legales. La regla de emergencia 11RER26-8(5) dice que el FDLE no verá causa para procesar «based solely on the provision of legal counsel or legal support services» para litigar sobre una designación o defenderse de una acusación penal; el juez anotó que esa regla «does not purport to bind the twenty State Attorneys or the Attorney General» (ECF 65, pág. 31). | 775.33(6), (7) |
El estatuto 775.33 de Florida, edición 2026, en Online Sunshine: la definición de «material support or resources» («any property, tangible or intangible, or service … The term does not include medicine or religious materials») y el delito de primer grado de quien «knowingly provides material support or resources» a una organización terrorista doméstica.
La designación: aviso, aprobación y publicación (septiembre y octubre de 2026)
Fechas legales, con su cálculo. La designación fue aprobada por el gobernador y el Gabinete el 29 de septiembre de 2026 y publicada en el Registro Administrativo de Florida el 6 de octubre (ECF 65, pág. 3).
El aviso del FDLE en el Registro Administrativo lo dice así: «the Governor and Cabinet approved the designation of Council on American Islamic Relations (CAIR) as a Domestic Terrorist Organization pursuant to Section 943.03102, F.S. This designation is effective 30 days after the publication of this notice» (Registro Administrativo de Florida, vol. 52, núm. 194, 6 oct 2026, pág. 4406). El aviso nombra a «Council on American Islamic Relations (CAIR)» y no menciona por separado a CAIR-Florida.
El auto de Winsor, en cambio, dice que el gobernador y el Gabinete «designated Plaintiffs CAIR-Foundation, Inc., and CAIR-Florida, Inc., as DTOs» (ECF 65, pág. 1).
En el mismo número, con la misma fórmula, se publicaron las designaciones de la Hermandad Musulmana y de Antifa (págs. 4405 y 4406).
Captura NMD de la página 4406 del Registro Administrativo de Florida, vol. 52, núm. 194, 6 de octubre de 2026: el aviso del FDLE, «the Governor and Cabinet approved the designation of Council on American Islamic Relations (CAIR) as a Domestic Terrorist Organization».
El auto cita el estatuto 943.03102(2)(f), que da 30 días tras la publicación para impugnarla en el Circuito Judicial Segundo, y la regla 11RER26-8(3), según la cual la designación no es efectiva durante ese plazo (ECF 65, págs. 19 y 20; estatutos de Florida de 2026, creados por las leyes HB 1471 y HB 1473 de 2026, según los cita el auto).
Cálculo: 6 de octubre más 30 días es el 5 de noviembre de 2026, la fecha que fija el auto: «The designations take effect on November 5, 2026» (pág. 1). No se halló ningún auto posterior que cambie esa fecha.
Octubre de 2026: la nueva demanda y el cambio de juez
El 1 de octubre de 2026, el juez Walker desestimó por falta de legitimación el segundo pleito de CAIR, el que impugnaba la ley HB 1471 (ECF 69 de CAIR II).
Ese mismo día, CAIR-Foundation y CAIR-Florida presentaron el tercero, CAIR III, contra la designación ya aprobada (registro del caso 4:26-cv-521).
El 6 de octubre, el día en que el FDLE publicó la designación en el Registro Administrativo (pág. 4406), Walker negó la orden de restricción temporal y dejó el resto de la moción para después de oír a los demandados: «insofar as» las designaciones «do not take effect until November 5, 2026», escribió, no estaba convencido de que hubiera que decidir antes (ECF 28).
Página 6 del auto ECF 69 del 1 de octubre de 2026, CAIR-Foundation v. DeSantis, 4:26-cv-315, firmado por Mark E. Walker: «this case is DISMISSED for lack of subject-matter jurisdiction insofar as Plaintiffs did not have standing at the time the case was filed on July 1, 2026» y «Plaintiffs may, of course, file a new lawsuit»
Página 1 del auto ECF 28 del 6 de octubre de 2026, CAIR-Foundation v. DeSantis, 4:26-cv-521: la orden de restricción temporal se niega «insofar as» las designaciones «do not take effect until November 5, 2026».
El caso cambió de juez a mitad de camino. Walker llevó CAIR III hasta el 15 de octubre. Ese día se apartó porque el Undécimo Circuito había fijado argumento oral, en el primer pleito, sobre la petición de descalificarlo que presentó el gobernador. Escribió que esa petición le parecía «meritless and nothing but rank judge shopping», pero que no tenía sentido seguir «if the Eleventh Circuit ultimately disagrees» (ECF 56, págs. 1 y 2). El caso pasó un día por el juez Robert L. Hinkle y el 16 de octubre llegó a Winsor (registro del caso).
Página 2 del auto de descalificación ECF 56 del 15 de octubre de 2026, CAIR-Foundation v. DeSantis, 4:26-cv-521, firmado por Mark E. Walker: «the arguments in favor of disqualification are meritless and nothing but rank judge shopping. … Accordingly, I hereby disqualify myself.»
La decisión del 4 de noviembre y sus efectos
El auto ECF 65, de 36 páginas y firmado por Winsor, juez jefe del distrito, concede la medida «en parte». Ordena a los fiscales estatales y al fiscal general abstenerse de aplicar el estatuto 775.33(3) de Florida (apoyo material) contra los demandantes, sus empleados o terceros que les presten servicios legales «based on the provision of legal services to Plaintiffs», y agrega: «The motion is otherwise DENIED». La orden entra en vigor al depositar una fianza de 1.000 dólares (ECF 65, pág. 36).
Allen C. Winsor, juez jefe del Distrito Norte de Florida, firmó el 4 de noviembre de 2026 el auto ECF 65.
Sobre el fondo, el juez escribe en la página 6: «the issue at this stage is not whether Plaintiffs are, in fact, terrorist organizations. The parties present vastly different views on this point.» Reconoce que el esquema es «novel—and perhaps unprecedented», pero añade que la Constitución no prohíbe una ley por ser novedosa. Sobre la entidad: «Because one Plaintiff (CAIR Florida, Inc.) operates exclusively in Florida, it says it will shut down entirely … based on undisputed statements in Plaintiffs’ declarations, I accept these representations as true» (ECF 65, págs. 6 y 7).
El tribunal halló probable que los demandantes ganen solo en un punto: la restricción de «expert advice» aplicada a su recepción de servicios legales vulnera la Primera Enmienda. «As to all other claims, they have not shown a likelihood of success on the merits» (ECF 65, págs. 34 y 35).
Sobre el debido proceso, el juez concluyó que el trámite disponible fue suficiente: hubo aviso, objeciones por escrito y un plazo de 30 días para apelar ante un tribunal estatal, que los demandantes no usaron (ECF 65, págs. 3 y 19-20). Los demandantes sostienen lo contrario y anuncian que apelarán, según la ACLU de Florida.
La excepción de servicios legales la crea el auto, no el estatuto. Winsor ordena a los fiscales estatales y al fiscal general abstenerse de aplicar el 775.33(3) contra las demandantes, sus empleados o terceros que les presten servicios legales «based on the provision of legal services to Plaintiffs» (ECF 65, pág. 36). El juez halló probable que la restricción de «expert advice» aplicada a la recepción de servicios legales vulnere la Primera Enmienda, y observó que la ley criminaliza que cualquier tercero, incluido un abogado, dé «expert advice» «of any kind» a las demandantes (págs. 33 a 35).
La ACLU de Florida, que representa a las demandantes con la ACLU nacional, el Southern Poverty Law Center y el bufete Bondurant Mixson & Elmore, publicó el 5 de noviembre que CAIR y CAIR-Florida «will appeal» el auto. El comunicado añade un dato que no está en el auto: «On Wednesday night, the defendants also stipulated that they would not prosecute (a) employees, board members, and third parties for their good-faith and reasonable involvement in the groups’ two legal challenges to Florida officials’ designations, or (b) good-faith and reasonable actions undertaken to comply with state and federal legal obligations» (ACLU de Florida, 5 nov 2026).
Esa estipulación consta solo en el comunicado de una de las partes: NMD no ha localizado el escrito en el expediente. El mismo comunicado reconoce que el auto «does not resolve the case, address all claims in it, or make factual findings about Florida officials’ allegations». Daniel Tilley, director legal de la ACLU de Florida, dijo que el auto «at least recognizes that an organization cannot be prosecuted for participating in its own legal defense».
Por qué el resultado difiere del de marzo. El juez Mark Walker frenó el 4 de marzo de 2026 la orden ejecutiva 25-244 del gobernador por probable vulneración de la Primera Enmienda, y solo respecto de CAIR-Foundation: «It does not even enjoin Defendant’s actions as to the other Plaintiff in this case, CAIR-FL» (ECF 43, pág. 27).
Winsor decidió sobre otro instrumento: según el auto, la Legislatura aprobó después las leyes HB 1471 y HB 1473, que crearon un proceso de designación, y las demandantes pidieron la medida cautelar con solo cuatro argumentos (debido proceso, libertad de asociación, restricción previa y discriminación por punto de vista o contenido), no con su queja de represalia (ECF 65, págs. 2 y 5). El detalle está más abajo.
Por qué Walker y Winsor decidieron distinto
Winsor decidió sobre un régimen legal y administrativo. Según el auto, tras la decisión de Walker la Legislatura aprobó las leyes HB 1471 y HB 1473 y el FDLE dictó la regla de emergencia 11RER26-8. Las demandantes recibieron el aviso de intención de designar el 18 de septiembre, presentaron objeciones por escrito, el Gobernador y el Gabinete aprobaron las designaciones el 29 de septiembre y el FDLE las publicó el 6 de octubre; las demandantes no usaron el recurso estatal (ECF 65, págs. 2 y 3).
Además, su queja de que las designaciones responden a animosidad contra su fe no formó parte de la solicitud cautelar (pág. 5).
El auto no compara su razonamiento con el de Walker. Lo que documenta es una diferencia de instrumento y de lo pedido: la propia decisión llama al esquema «novel—and perhaps unprecedented» (pág. 6) y empieza el relato diciendo que «This is Florida’s second effort to designate Plaintiffs as terrorist organizations» (pág. 2).
5 de noviembre: la suspensión de operaciones en Florida
La reportera Stephany Matat, de la red USA TODAY (Tallahassee Democrat), describió un letrero naranja neón («neon orange sign») en la ventana de la oficina principal de la organización en Temple Terrace, en una nota actualizada el 4 de noviembre de 2026 (Yahoo/Tallahassee Democrat).
WUSF, en una nota de Gabriella Paul publicada el 6 de noviembre, ubica las oficinas en North 56th St., en Tampa, y publicó dos fotos propias: la fachada con el rótulo «CAIR-FL» y un aviso pegado por dentro de una ventana (WUSF, Central Florida Public Media).
WLRN publicó el 9 de noviembre que Wilfredo Ruiz, «former communications director» de la organización, dijo que él y «around a dozen of his other coworkers were let go» cuando CAIR cesó sus operaciones en Florida (WLRN, Sofia Zarran, 9 nov).
NMD abrió la foto de la ventana, que es legible. En un papel naranja, detrás del vidrio y bajo otro cartel con el horario de oficina, se lee: «We have suspended our operations in Florida because of Governor DeSantis and other state officials’ baseless and unconstitutional enforcement of the state’s unprecedented new ‘domestic terrorist organization’ laws against us.» El aviso sigue con una referencia a la ACLU, al SPLC y a «a federal lawsuit challenging this designation on First Amendment and due process grounds», y remite a www.aclu.org/cases. La foto no muestra la fecha en que se colgó. El texto que WUSF transcribe en su artículo es algo distinto: dice «Ron» y no trae «unprecedented».
| Medio | Texto citado entre comillas | Dónde y cuándo lo ubica |
|---|---|---|
| Tallahassee Democrat (Yahoo) | «We have suspended our operations in Florida because of Governor DeSantis and other state officials’ baseless and unconstitutional enforcement of the state’s unprecedented new ‘domestic terrorist organization’ laws against us.» | Ventana de la oficina de Temple Terrace; pie de foto del 4 nov 2026 |
| Washington Times | El mismo texto, con «Governor [Ron] DeSantis» (el nombre entre corchetes lo añade el diario) | Letrero naranja brillante («bright orange sign») fuera de la oficina de Temple Terrace; artículo del 5 nov |
| WUSF (artículo) | «We have suspended our operations in Florida because of Governor Ron DeSantis and other state officials’ baseless and unconstitutional enforcement of the state’s new domestic terrorist organizations laws against us.» | Aviso naranja en la puerta de la sede en Tampa «el 5 de noviembre»; WUSF añade que el comunicado es lo único que hay en el sitio de CAIR |
| WUSF (foto de la ventana, lectura de NMD) | El texto de la primera fila, con «Governor DeSantis» y «unprecedented», más las líneas sobre la ACLU y el SPLC | Papel naranja dentro de la ventana de la oficina de Tampa; la foto no trae fecha |
El núcleo coincide en los tres medios y en la foto: la organización dice haber suspendido sus operaciones en Florida por la aplicación de las leyes estatales. Difieren detalles: si aparece «Ron», si está «unprecedented», si el aviso está en la puerta o en la ventana y si es del 4 o del 5. Por eso NMD no fija un texto único: la foto de WUSF permite leer una de las versiones, y NMD no ha abierto las fotos del Tallahassee Democrat ni del Washington Times.
Además del letrero, CAIR puso un aviso en su sitio web para los residentes de Florida, según la nota de Juan Carlos Chavez publicada en Yahoo el 6 de noviembre: «As a precaution and to protect our supporters in Florida, CAIR is not accepting donations from, or providing support to, anyone who lives in or is located in Florida, or any business, foundation or other organization based in Florida» (Yahoo, 6 nov 2026).
El diario universitario The Independent Florida Alligator escribió que desde Florida el enlace al sitio de CAIR lleva a esa declaración (Alligator, 5 nov).
Hiba Rahim, directora ejecutiva de CAIR-Florida, dijo en una declaración escrita recogida por la ACLU de Florida y por Florida Phoenix:
«CAIR-Florida categorically rejects Florida officials’ baseless designation of us. Nevertheless, we are heartbroken that we have no choice but to close our doors to protect our staff and people of all faiths who support our work» (ACLU de Florida, 5 nov 2026).
Los medios usan palabras distintas para el cierre: «indefinitely» (Tallahassee Democrat, Washington Times, WUSF), «temporarily» (titular de Yahoo del 6 nov) y «suspended» (el aviso). El sitio RAIR Foundation, un medio que defiende la designación, escribió que CAIR-Florida cerró «officially and permanently» (RAIR, 5 nov). Ningún texto de CAIR citado por la prensa dice «permanente».
El fiscal general de Florida, James Uthmeier, publicó en X el 5 de noviembre de 2026: «CAIR has officially suspended operations in Florida.» (publicación de Uthmeier en X, 5 nov). Es la misma palabra, «suspended», que usa el aviso de la oficina de CAIR-Florida; la frase es del fiscal general, cuya oficina defiende al Estado en el pleito, y se cita como lo que él dijo.
La apelación y lo que viene
La apelación se presentó ese mismo 5 de noviembre: «Plaintiffs CAIR-Foundation, Inc. and CAIR Florida, Inc. appeal to the United States Court of Appeals for the Eleventh Circuit from the Order, entered on November 4, 2026, ECF No. 65, denying in part Plaintiffs’ Emergency Motion for a Preliminary Injunction» (aviso de apelación, ECF 66, p. 1). Al día siguiente quedó registrada la fianza de 1.000 dólares de la que dependía la protección de los servicios legales: una carta de Daniel Tilley, director legal de la ACLU de Florida, que adjunta el cheque «in accordance with Chief Judge Winsor’s preliminary-injunction order» (aviso de fianza, ECF 67, p. 1).
Página 1 del aviso de apelación ECF 66 del 5 de noviembre de 2026, CAIR-Foundation v. DeSantis, 4:26-cv-521, copia publicada por la ACLU, firmado por Ashley Gorski: «appeal to the United States Court of Appeals for the Eleventh Circuit from the Order, entered on November 4, 2026, ECF No. 65»
El auto ordena que, «Within fourteen days», las partes se consulten y presenten un informe conjunto con un plan de litigio (ECF 65, pág. 36). Cálculo de NMD: 4 de noviembre más 14 días es el 18 de noviembre de 2026. Al 8 de noviembre, la página del caso de la ACLU registra como último documento la fianza del 6 de noviembre, y el registro del caso en CourtListener (copia archivada por NMD el 9 de noviembre, actualizada ese día a las 6:42 am) termina en el auto del 4 de noviembre; no se halló entonces ninguna resolución posterior.
Después llegaron tres novedades. El 7 de noviembre, las demandantes pidieron con urgencia una medida cautelar mientras dura la apelación (ECF 69, según el registro del caso).
Al día siguiente 5 de noviembre de 2026 quedó registrada la fianza de 1.000 dólares de la que dependía la protección de los servicios legales: una carta de Daniel Tilley, director legal de la ACLU de Florida, que adjunta el cheque «in accordance with Chief Judge Winsor’s preliminary-injunction order» (aviso de fianza, ECF 67, p. 1).
El 10 de noviembre, Winsor la negó en una orden de una página: «the court concludes Plaintiffs have not shown a substantial likelihood of success on appeal» (ECF 74). El Undécimo Circuito asignó a la apelación el número 26-14146-G (ECF 75).
El auto ordena que, «Within fourteen days», las partes se consulten y presenten un informe conjunto con un plan de litigio (ECF 65, pág. 36).
4 de noviembre más 14 días es el 18 de noviembre de 2026. Al 8 de noviembre, la página del caso de la ACLU registra como último documento la fianza del 6 de noviembre, y el registro del caso en CourtListener (copia archivada por NMD el 9 de noviembre, actualizada ese día a las 6:42 am) termina en el auto del 4 de noviembre; no se halló ninguna resolución posterior.
Cuestiones jurídicas pendientes
- Si el Undécimo Circuito revisa el auto del 4 de noviembre: apelación presentada el 5 de noviembre (ECF 66), caso 26-14146-G. La medida cautelar que las demandantes pidieron mientras dura la apelación (ECF 69) la negó Winsor el 10 de noviembre (ECF 74). El certificado de preparación del expediente (regla 11 de apelaciones) vence el 9 de diciembre de 2026, según el registro del caso.
- El fondo de CAIR III (Distrito Norte de Florida, juez Winsor): el auto resolvió solo la medida cautelar; quedan sin resolver, entre otras, la reclamación de represalia y la de preeminencia federal (ECF 65, pág. 5), y el plan de litigio vence el 18 de noviembre.
- CAIR I (orden ejecutiva): apelación del gobernador pendiente ante el Undécimo Circuito, que el 13 de octubre ordenó fijar argumento oral, incluida la petición de descalificación del juez original; el 4 de noviembre un juez magistrado concedió la moción del gobernador DeSantis para obligar a producir documentos y dio por renunciadas las objeciones de las demandantes y «all First-Amendment associational privilege claims of both Plaintiffs» (ECF 116, pág. 63).
- Si un Estado puede crear un régimen de designación doméstica como este: el auto lo llama «novel—and perhaps unprecedented» y no lo cerró.
- Texas: la moción federal del Distrito Oeste de Texas y la petición de Paxton en el condado de Collin; NMD no halló resolución de ninguna.
- Datos que faltan: el escrito de la estipulación del Estado (solo consta por el comunicado de la ACLU), la transcripción de la audiencia del 28 de octubre (ECF 64, restringida hasta el 8 de febrero de 2027, así que lo dicho por Cooper queda como testimonio de prensa) y la fecha en que se colgó el aviso.
Por qué importa
Para los residentes de Miami-Dade y de Florida, el auto fija una regla práctica inmediata: la designación está en vigor y, según el tribunal, trae «criminal and civil penalties for certain activities» para los designados y para quienes los apoyan (ECF 65, pág. 1). El único punto que el juez frenó: los fiscales del estado y el fiscal general no pueden aplicar el estatuto 775.33(3) contra CAIR-Florida, CAIR-Foundation, sus empleados o terceros por prestarles servicios legales; la medida entraba en vigor al depositarse una fianza de 1.000 dólares, que se registró el 6 de noviembre (ECF 65, pág. 36; ECF 67).
CAIR dice en su sitio que no acepta donaciones ni presta apoyo a quienes vivan o estén en Florida: «As a precaution, and to protect our supporters in Florida, CAIR is not accepting donations from, or providing support to, anyone who lives in or is located in Florida». Es el aviso que cair.com mostraba el 9 de noviembre de 2026 a quien entraba desde Miami-Dade.
El caso deja una pregunta jurídica abierta que el tribunal no cerró: si un Estado puede designar a una organización doméstica como terrorista con un trámite administrativo y consecuencias penales, algo que el propio juez llama «novel—and perhaps unprecedented». Y deja pendiente en el litigio otra cuestión: el auto del 4 de noviembre de 2026 no determina si las acusaciones de Florida contra CAIR son verdaderas. Mientras tanto, una organización que, según el Tallahassee Democrat, tiene su oficina de Temple Terrace desde hace más de veinte años, ha suspendido su actividad en Florida.
Las acusaciones del Estado y la respuesta de CAIR
Charles J. Cooper, del bufete Cooper & Kirk, firma como abogado de los demandados (ECF 55, pág. 55; también en el ECF 58, pág. 2).
ECF 55,
ECF 58
La reportera Stephany Matat, que cubrió la audiencia del 28 de octubre, lo cita así: «‘It is Florida’s view that CAIR is Hamas’ largest charitable front,’ said Charles Cooper» (Tallahassee Democrat, 29 oct).
En su nota del 4 de noviembre resume que Cooper dijo al juez que Florida ve a CAIR como «Hamas’ largest charitable front» (Tallahassee Democrat, 4 nov).
Otro medio recoge una redacción distinta de la misma audiencia: según WLRN, Cooper dijo a Winsor que CAIR sirve como «terrorist front group» de Hamás y de los Hermanos Musulmanes, que «hides activities behind a charitable organization».
La transcripción oficial (ECF 64) existe, porque el auto la cita en la página 2, pero está restringida hasta el 8 de febrero de 2027 según la entrada 64 del registro del caso. Hasta poder leerla, las palabras exactas de Cooper en sala son testimonio de prensa con dos redacciones, no un verbatim.
Por escrito, el Estado sí dijo algo que se puede citar tal cual. El escrito de oposición del 12 de octubre abre así: «The Council on American-Islamic Relations was founded as a front for Hamas and the Muslim Brotherhood—a role it continues to serve today.» Añade que el Departamento de Justicia incluyó a CAIR como «unindicted co-conspirator» en el juicio de la Holy Land Foundation (ECF 55, pág. 9).
página 9 del PDF (página 1 del escrito) de la oposición del Estado de Florida del 12 de octubre de 2026, ECF 55: «was founded as a front for Hamas and the Muslim Brotherhood»
En la página 51 del PDF (43 del escrito), el Estado sostiene que acudir al derecho penal ordinario «is not an effective remedy when dealing with front groups that, like CAIR, conceal nefarious conduct behind the façade of civil rights advocacy and charitable activities» (ECF 55, pág. 51 del PDF).
El escrito apoya su tesis también en declaraciones recientes de su director. Dice que el director ejecutivo de CAIR, Nihad Awad, se mostró «happy to see» los ataques del 7 de octubre (ECF 55, pág. 9 del PDF). Sus palabras, en una convención en Chicago en noviembre de 2023, fueron: «The people of Gaza only decided to break the siege the walls of the concentration camp on October 7. Yes, I was happy to see people breaking the siege and throwing down the shackles of their own land» (ABC7 Chicago, 8 dic 2023).
En un comunicado que recoge ABC7, Awad dijo que sus palabras se sacaron de contexto: «targeting civilians is never an acceptable means of doing so, which is why I have again and again condemned the violence against Israeli civilians on October 7th». La Casa Blanca, entonces del presidente Joe Biden, respondió por boca de su portavoz Andrew Bates: «We condemn these shocking, antisemitic statements in the strongest terms» (The Hill, 8 dic 2023).
Esa es la posición del Estado, no una conclusión del tribunal. El auto del 4 de noviembre la resume así: los demandados «say Plaintiffs operate as fronts for Hamas and the Muslim Brotherhood. ECF No. 55 at 9», mientras que los demandantes sostienen que su misión, «rooted in faith, is to enhance the public’s understanding of Islam, protect civil rights, promote justice, and empower American Muslims» (ECF 65, pág. 6).
El fiscal general escribió en X que el tribunal «upheld Florida’s Domestic Terrorist Organization law and rejected CAIR’s attempt to stop the designations» (Uthmeier en X, 5 nov). La segunda parte coincide con el auto; que el tribunal haya respaldado la tesis del frente de Hamás no consta en el auto.
James Uthmeier, fiscal general de Florida, escribió el 5 de noviembre de 2026 en X que el tribunal «upheld Florida’s Domestic Terrorist Organization law and rejected CAIR’s attempt to stop the designations». Foto: retrato oficial, myfloridalegal.com/ag-bio.
El Departamento de Aplicación de la Ley de Florida (FDLE) publicó en X que «A federal court has affirmed Florida’s designation of CAIR, the Muslim Brotherhood, and Antifa as domestic terrorist organizations», según Yahoo; el auto resolvió únicamente la petición de CAIR-Foundation y CAIR-Florida sobre sus propias designaciones; las de la Hermandad Musulmana y de Antifa no eran objeto de ese pleito (Yahoo, 6 nov). El auto menciona a la Hermandad una sola vez, al recoger la postura de los demandados: «Defendants, on the other hand, say Plaintiffs operate as fronts for Hamas and the Muslim Brotherhood» (ECF 65, pág. 6).
Los dos lados, con sus palabras
Del lado del Estado: Florida sostiene en su escrito que CAIR es un frente de Hamás y de los Hermanos Musulmanes y que la designación era legítima; el fiscal general celebró el auto («Great win by our Solicitor General’s office and for the people of Florida!», en su publicación en X del 5 nov). RAIR Foundation, que respalda esa lectura, tituló su nota «A Win in Florida as CAIR ‘Hamas’ Largest Charitable Front’ Shuts Down Operations After DeSantis Administration’s Terror Designation» y escribió que «an Islamic terrorist front is an Islamic terrorist front», opinión del sitio que el auto no recoge (RAIR, 5 nov).
En diciembre de 2025, ante el anuncio de CAIR de que demandaría contra la orden ejecutiva del gobernador (según Florida’s Voice), el fiscal general escribió en X el día 9: «CAIR does not have the constitutional right to provide material support to terrorism, and we look forward to discovery» (Uthmeier en X, 9 dic 2025).
Según recogió Florida’s Voice el 9 de diciembre de 2025, el gobernador Ron DeSantis dijo en rueda de prensa: «I welcome the lawsuit, because what will happen is that will give the state of Florida discovery rights — to subpoena the bank records, to be able to do that» (Florida’s Voice, 9 dic 2025). NMD no localizó la grabación de esa rueda de prensa: la frase está comprobada en la página del medio, que se la atribuye al gobernador, y no en su voz.
Del lado de la organización: CAIR-Florida «categorically rejects» la designación y la llama «baseless» (Rahim). La abogada Ashley Gorski, de la ACLU, dijo que el fallo «upholds state officials’ sweeping power to punish American organizations they brand as ‘terrorist,’ without due process and in violation of the First Amendment» (ACLU de Florida). El comunicado sostiene que ninguna de las dos organizaciones «has ever been charged, let alone convicted of, any crime». En audiencia, Gorski dijo que «the terrorism label is easily abused in order to target disfavored speech» (Tallahassee Democrat, 29 oct).
Qué es cada pieza de evidencia
| Pieza | Qué es | Qué no es |
|---|---|---|
| Escrito del Estado de Florida (ECF 55, 12 oct 2026) | La posición procesal de una parte: «was founded as a front for Hamas and the Muslim Brotherhood» (pág. 9) | No es un hallazgo del tribunal: el auto lo resume como lo que los demandados «say» (ECF 65, pág. 6) |
| Testimonio de Lara Burns, exagente del FBI (Senado, 5 ago 2026) | Lo que ella declaró por escrito: «As of 1994, the four U.S.-based Hamas front organizations were the HLF, IAP, UASR, and CAIR» | No es un hallazgo judicial ni una acusación formal contra CAIR |
| Condenas de la Holy Land Foundation (jurado de Dallas, 2008) | La responsabilidad de la fundación y de sus líderes, condenados en aquel juicio | No son condenas de CAIR: CAIR figuró como «co-conspirador no acusado» en una lista de la fiscalía y no fue acusada |
| Auto sobre CAIR (ECF 65, 4 nov 2026) | Lo que el tribunal resolvió: medida cautelar concedida solo en servicios legales | No determina si las acusaciones del Estado son verdaderas: «the issue at this stage is not whether Plaintiffs are, in fact, terrorist organizations» (pág. 6) |
Contexto: el Gobierno federal, Texas y la Holy Land Foundation
El Estado de Florida, el gobernador de Texas y el fiscal general de Texas unen a CAIR con la Hermandad Musulmana. El Gobierno federal ha dado un paso sobre la Hermandad, no sobre CAIR. La orden ejecutiva 14362, firmada el 24 de noviembre de 2025, ordenó evaluar a ciertas ramas nacionales (govinfo).
El 13 de enero de 2026, los departamentos de Estado y del Tesoro designaron a la rama libanesa como organización terrorista extranjera y terrorista global, y a las ramas egipcia y jordana como terroristas globales (Departamento de Estado; Tesoro).
Fuera de Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos incluyó al «Council on American-Islamic Relations (CAIR)» en la lista de 83 organizaciones terroristas que su Gabinete aprobó en noviembre de 2014 en aplicación de la Ley Federal 7 de 2014, la misma lista en la que figura «The Muslim Brotherhood (MB) organisation and groups» (The National, 16 nov 2014).
NMD reconstruyó país por país quién ha declarado terrorista a la Hermandad, quién la ha prohibido y quién se ha negado a hacerlo en ¿Es la Hermandad Musulmana una organización terrorista? 46 años y 4 vías legales documentadas.
Texas
Texas tomó una vía distinta: no una ley con trámite de designación, sino una proclama del gobernador. El 18 de noviembre de 2025 Greg Abbott anunció que designaba a la Hermandad Musulmana y a CAIR «as foreign terrorist organizations and transnational criminal organizations», con la prohibición de «purchasing or acquiring land in Texas» (comunicado del gobernador de Texas).
CAIR Texas, CAIR DFW y CAIR Austin demandaron a Abbott y al fiscal general Ken Paxton en el Distrito Oeste de Texas (caso 1:25-cv-01878). La demanda original se presentó el 20 de noviembre de 2025, y la enmendada, el 6 de enero de 2026, «adding CAIR Texas as a Plaintiff», según la moción del 22 de enero de 2026, el documento que NMD ha leído, que no nombra al juez (ECF 30, pág. 3).
En esa moción pidieron una medida cautelar sobre dos cargos: que la Proclamación 41-4241 excede la autoridad del gobernador e invade una competencia federal exclusiva,
y que impone consecuencias punitivas «without any notice or opportunity to be heard» (ECF 30, págs. 1 y 2; págs. 5 y 6 del PDF).
El 5 de febrero de 2026 Paxton fue más allá: presentó en un tribunal de distrito del condado de Collin una petición contra cinco demandados, la Hermandad Musulmana, CAIR-Foundation, CAIR-Texas, CAIR-Texas Dallas Fort Worth y CAIR-Austin, en la que pide declararlos organización terrorista extranjera y criminal transnacional y prohibirles «engaging in any activities within the State of Texas» o, como alternativa, las actividades de pandilla que enumera el Código de Práctica y Recursos Civiles de Texas, 125.061 (petición del Estado de Texas, pág. 31; 32 páginas, leída entera; número de causa en blanco).
página 31 de la petición del Estado de Texas contra la Hermandad Musulmana y CAIR, tribunal de distrito del condado de Collin, 5 de febrero de 2026: la súplica pide declarar a todos los demandados «Foreign Terrorist Organization» y «Transnational Criminal Organization» y prohibirles «engaging in any activities within the State of Texas».
El comunicado de prensa habló de los capítulos de «Austin, Houston, and DFW»; ningún capítulo de Houston figura entre los demandados. En la petición, Houston aparece como dirección de los agentes registrados de CAIR-Texas y de CAIR-Austin, y en el párrafo 89, en hechos de terceros sin relación con CAIR que la petición atribuye a grupos «Muslim Brotherhood-inspired» (págs. 4, 21 y 22). El comunicado afirma también que «CAIR-Texas’s founding board member was convicted in 2008 of funneling $12.4 million to Hamas through the Holy Land Foundation, and CAIR was named an unindicted co-conspirator in that case» (fiscal general de Texas, 5 feb 2026).
The Texas Tribune recoge la respuesta de un portavoz de CAIR: «We have also defeated Greg Abbott’s attacks on the Constitution three different times in a row. We look forward to doing so again.» NMD no ha encontrado una resolución de la moción del Distrito Oeste de Texas ni de la petición de Paxton.
Lo último documentado es que, al 4 de marzo de 2026, la moción federal seguía en fase de descubrimiento, con la réplica de los demandantes prevista para el 27 de marzo (ECF 43 de Florida, pág. 2, nota 2). Cómo terminan las dos no se pudo comprobar.
| Fecha | Quién lo genera | Hecho | Documento o sesión |
|---|---|---|---|
| 18 nov 2025 (verificada) | Greg Abbott, gobernador de Texas | Designa a la Hermandad Musulmana y a CAIR como organizaciones terroristas extranjeras y criminales transnacionales; les prohíbe adquirir tierra en Texas | Comunicado del gobernador |
| 22 ene 2026 (verificada) | CAIR Texas, CAIR DFW y CAIR Austin, por sus abogados | Moción de medida cautelar en el Distrito Oeste de Texas, caso 1:25-cv-01878 | ECF 30 |
| 5 feb 2026 (verificada) | Ken Paxton, fiscal general de Texas | Petición en el tribunal de distrito del condado de Collin contra la Hermandad Musulmana, CAIR-Foundation, CAIR-Texas, CAIR-Texas Dallas Fort Worth y CAIR-Austin | Petición; Comunicado del fiscal general; Texas Tribune |
| 26 feb 2026 (verificada por cita) | Tribunal del Distrito Oeste de Texas, según el auto de Mark E. Walker | Orden de programación: la moción federal sigue en descubrimiento; réplica de los demandantes para el 27 mar 2026 | ECF 43 de Florida, pág. 2, nota 2 |
El paralelo es de fondo, no de resultado. En ambos estados, una organización llamada CAIR cuestiona ante un tribunal federal una designación terrorista dictada por una autoridad estatal; pero los documentos no son equivalentes: Texas impugna una proclama, Florida una ley y una designación aprobada con aviso y objeciones por escrito.
La Holy Land Foundation
CAIR no figura en esas designaciones federales. Sus abogados afirman, en el comunicado de la ACLU, que «Neither group has ever been charged, let alone convicted of, any crime». Uno de los orígenes del debate sobre CAIR es el caso federal de la Holy Land Foundation, una organización benéfica de Texas. En 2008, un jurado de Dallas condenó a esa fundación y a sus líderes por financiar a Hamás, según el Departamento de Justicia.
Los fiscales habían incluido a CAIR en una lista de 246 «co-conspiradores no acusados» (Quinto Circuito, 2010, pág. 3).
y en esa lista CAIR figuraba bajo el encabezado de quienes «are and/or were members of the U.S. Muslim Brotherhood’s Palestine Committee and/or its organizations», según el propio Gobierno (escrito de la fiscalía del 4 sep 2007, Doc. 824, pág. 6, copia publicada por The Investigative Project).
Página 3 de la opinión del Quinto Circuito del 20 de octubre de 2010, United States v. Holy Land Foundation (recurso de NAIT), No. 09-10875: la lista de «246 individuals and entities», el «unfortunate oversight» que admite el Gobierno y la nota 1, «CAIR is not a party to this appeal».
En julio de 2009, el juez federal Jorge A. Solis, que presidió el juicio de Dallas, resolvió la petición de CAIR para que se borrara su nombre de esa lista. Escribió que las cuatro pruebas en que se apoyaba el Gobierno «do create at least a prima facie case as to CAIR’s involvement in a conspiracy to support Hamas» (orden del 1 jul 2009, caso 3:04-cr-240, Doc. 1356, pág. 7). Y más adelante: «Government has produced ample evidence to establish the associations of CAIR, ISNA and NAIT with HLF, the Islamic Association for Palestine (‘IAP’), and with Hamas» (pág. 15).
En la misma frase reconoce que esas pruebas «largely predates the HLF designation date», es decir, que en su mayoría son anteriores a diciembre de 2001, cuando el Departamento del Tesoro designó a la Holy Land Foundation y la cerró (Departamento de Justicia), y aun así las considera suficientes. La orden es una copia publicada por The Investigative Project con la cabecera del tribunal.
Esas cuatro pruebas, según la orden, eran un documento del Gobierno sobre el objetivo del Comité de Palestina, apoyar a Hamás; otro que sitúa al fundador de CAIR Omar Ahmad en ese comité, con Mousa Abu Marzook a la cabeza; otro que lista a CAIR como parte del comité; y el testimonio de la agente Lara Burns, que coloca a Ahmad en la conferencia de Filadelfia de 1993 (págs. 6 y 7). La agenda del comité del 30 de julio de 1994, escribe el juez, «lists IAP, HLF, UASR and CAIR as working organizations for the Palestine Committee» (pág. 16).
De Filadelfia, la orden recoge que los asistentes acordaron «not to mention the word Hamas but to refer to Hamas as ‘Samah’ which is Hamas spelled backwards», y que Ahmad participó con los acusados Baker y Elashi en varias de esas reuniones (págs. 18 y 19). La misma orden cita un memorando de 1991 de la Hermandad Musulmana en Norteamérica que describe su trabajo en Estados Unidos como «a kind of grand Jihad in eliminating and destroying the Western civilization from within» (pág. 15); la lista de organizaciones que la orden cita de ese memorando (ISNA, NAIT, la Occupied Land Fund y la UASR) no incluye a CAIR.
Solis no ordenó retirar el nombre de CAIR. Selló la lista entera, porque una lista publicada «without any supporting evidence» no se puede contrastar, y precisó que «stops short of ordering CAIR, ISNA and NAIT’s names expunged» (pág. 19); mantener esos nombres le pareció «appropriate in light of the evidence proffered by the Government» (pág. 15). La orden no es una condena: CAIR nunca fue acusada.
Ghassan Elashi, que había sido presidente de la junta de la Holy Land Foundation según el Departamento de Justicia («HLF’s former Chairman of the Board», comunicado del 24 nov 2008), fue, según el estudio de Lorenzo Vidino para el Program on Extremism de la Universidad George Washington, «the founding board member of CAIR’s Texas chapter» (Vidino, 2023, pág. 13).
El Quinto Circuito confirmó en 2011 su condena a 65 años de prisión (United States v. El-Mezain, pág. 15). Eso no equivale a decir que la organización nacional CAIR haya sido acusada o condenada: es la conducta de un fundador de un capítulo local.
Lara Burns, agente retirada del FBI que dirigió la investigación de ese caso, declaró por escrito ante el Senado el 5 de agosto de 2026: «As of 1994, the four U.S.-based Hamas front organizations were the HLF, IAP, UASR, and CAIR» (testimonio de Burns, pág. 19). En el mismo testimonio dice que unas escuchas de 1999 presentadas al jurado «demonstrated that a senior leader of an ostensibly independent civil rights organization, CAIR, was directing expenditures of a Hamas fundraising organization» (págs. 22 y 23).
En 2009, el FBI escribió al senador Jon Kyl que en el juicio se habían presentado pruebas que «demonstrated a relationship among CAIR, individual CAIR founders (including its current President Emeritus and its Executive Director) and the Palestine Committee», y de ese comité con Hamás, y que «In light of that evidence» había suspendido «all formal contacts between CAIR and the FBI» (carta del FBI, 28 abr 2009).
La carta precisa que esa decisión «was not intended to reflect a wholesale judgment of the organization and its entire membership», y sigue: «Nevertheless, until we can resolve whether there continues to be a connection between CAIR or its executives and HAMAS, the FBI does not view CAIR as an appropriate liaison partner» (carta del FBI, 28 abr 2009).
La Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia publicó en septiembre de 2013 una revisión de esa política. Según su informe, el FBI la fijó en 2008 a raíz del proceso penal «in which CAIR and other organizations were named as unindicted co-conspirators», y la describe así: «The policy broadly prohibited non-investigative community outreach interactions with CAIR, such as attending CAIR-sponsored events and allowing CAIR to attend FBI-sponsored events, while permitting interactions regarding civil rights complaints and criminal investigations» (Inspector General del Departamento de Justicia, informe I-2013-007R, págs. 1 y 31).
Según el mismo informe, el FBI restringió esos contactos, en parte, para «ensure that the FBI is not supporting individuals who support extremist or terrorist ideologies» (pág. 1). El informe halló también que en tres de los cinco casos que revisó las oficinas del FBI no coordinaron sus contactos con CAIR como exigía esa política (pág. 1).
página 19 (20 del PDF) del testimonio escrito de Lara Burns ante el Subcomité de Tribunales Federales, Supervisión, Acción de Agencias y Derechos Federales del Comité Judicial del Senado, 5 de agosto de 2026: «As of 1994, the four U.S.-based Hamas front organizations were the HLF, IAP, UASR, and CAIR.» Es la afirmación de la testigo, no un hallazgo judicial.
carta del FBI al senador Jon Kyl del 28 de abril de 2009, firmada por Richard C. Powers, Assistant Director, alojada por un medio: «the FBI suspended all formal contacts between CAIR and the FBI» y, en la frase siguiente, «was not intended to reflect a wholesale judgment of the organization and its entire membership».
Del lado contrario, también con documentos. El Quinto Circuito escribió en 2010, sobre otra entidad de la misma lista, la North American Islamic Trust, que su inclusión fue «simply an untested allegation of the Government» (pág. 10) y que los hallazgos «do not amount to a ruling that NAIT took part in a criminal conspiracy to support Hamas» (pág. 12); la misma opinión aclara que «CAIR is not a party to this appeal» (Quinto Circuito, 2010, págs. 3, 10 y 12).
El Instituto de Estudios de Seguridad Nacional de Israel (INSS), en el análisis INSS Insight núm. 2100 de Elad Ben David, del 12 de febrero de 2026, escribió que «questions regarding CAIR’s alleged links to the Muslim Brotherhood have persisted, based on considerable historical connections», porque algunos de sus fundadores, entre ellos Omar Ahmad y Nihad Awad, militaron antes en la Islamic Association for Palestine (IAP), «an organization considered close to Hamas».
El mismo análisis añade que sus nombres aparecieron en documentos reunidos como prueba en el caso de la Holy Land Foundation, «but not as defendants or convicts», y que «no legal proof has been presented to date of a formal or institutional link between CAIR and the Muslim Brotherhood or Hamas» (INSS).
Página 10 de la opinión del Quinto Circuito, No. 09-10875: «NAIT’s inclusion in the brief was simply an untested allegation of the Government».
Página 12 de la opinión del Quinto Circuito, No. 09-10875: «the district court’s findings do not amount to a ruling that NAIT took part in a criminal conspiracy to support Hamas»
carta del FBI al senador Jon Kyl del 28 de abril de 2009, firmada por Richard C. Powers, Assistant Director, alojada por un medio: «the FBI suspended all formal contacts between CAIR and the FBI» y, en la frase siguiente, «was not intended to reflect a wholesale judgment of the organization and its entire membership».
El auto del 4 de noviembre de 2026 no determina si las acusaciones de Florida contra CAIR son verdaderas: «the issue at this stage is not whether Plaintiffs are, in fact, terrorist organizations» (ECF 65, pág. 6). Cada lado mantiene su posición: el Estado de Florida afirma en su escrito que CAIR es un frente de Hamás y de la Hermandad Musulmana; CAIR lo niega.
Cronología de autos y hechos
| Fecha | Quién lo genera | Hecho | Documento o sesión |
|---|---|---|---|
| 8 dic 2025 (verificada) | Ron DeSantis, gobernador de Florida | Firma la orden ejecutiva 25-244, «Protecting Floridians from Radical Islamic Terrorist Organizations», que impugna CAIR I | Orden ejecutiva 25-244, pág. 4 |
| 9 dic 2025 (el post, verificado; la frase de DeSantis, solo por Florida’s Voice) | James Uthmeier, fiscal general (post en X); Florida’s Voice (página del mismo día) | El fiscal general escribe en X que CAIR «does not have the constitutional right to provide material support to terrorism, and we look forward to discovery»; Florida’s Voice recoge que DeSantis dijo en rueda de prensa «I welcome the lawsuit, because what will happen is that will give the state of Florida discovery rights» (grabación no localizada) | Uthmeier en X; Florida’s Voice |
| 4 mar 2026 (verificada) | Mark E. Walker, juez de distrito | CAIR I: el juez Mark Walker concede la medida cautelar contra la orden ejecutiva. Escribe que la Primera Enmienda impide al gobernador «continuing the troubling trend of using an executive office to make a political statement at the expense of others’ constitutional rights» | ECF 43 |
| 6 mar 2026 (verificada) | Ronald DeSantis, gobernador, por sus abogados | CAIR I: el gobernador presenta aviso de apelación al Undécimo Circuito | ECF 44 |
| 12 mar, 7 abr y 1 jul 2026 (verificada) | Legislatura de Florida (aprobación); Ron DeSantis, gobernador (firma) | Votación final el 12 mar. El gobernador firma HB 1471 y HB 1473 (capítulos 2026-28 y 2026-29), que según el auto crean el proceso de designación de organizaciones terroristas domésticas; HB 1473 es una exención de registros públicos; entran en vigor el 1 jul. | HB 1471, Senado de Florida; HB 1473, Senado de Florida; ECF 65, págs. 2 y 3 |
| 1 a 23 jul 2026 (verificada) | Mark E. Walker, juez de distrito | CAIR II: se presenta la demanda el 1 jul; el 6 jul se niega en parte la orden de restricción temporal y la moción se tramita como medida cautelar; el 23 jul se deniega sin perjuicio la medida cautelar porque los demandantes la retiran | ECF 26; ECF 41 |
| 21 ago y 14 sep 2026 (verificada) | Demandados (Estado de Florida), por sus abogados; Mark E. Walker, juez de distrito | CAIR II: el Estado pide descalificar a Walker; el juez niega la moción y escribe que es «nothing more than rank judge-shopping» | ECF 50; ECF 60 |
| 11 y 14 sep 2026 (verificada) | FDLE | Se presenta y entra en vigor la regla de emergencia 11RER26-8, que desarrolla la ley (11 sep); el Florida Administrative Register la publica el 14 sep, vol. 52, núm. 178, págs. 3967 y 3968 | Florida Administrative Register, vol. 52, núm. 178 |
| 29 sep y 6 oct 2026 (verificada) | Gobernador y Gabinete de Florida (aprobación); FDLE (publicación); según el resumen de Allen Winsor, juez jefe, en ECF 65 | El gobernador y el Gabinete aprueban las designaciones (29 sep); el FDLE las publica en el Registro Administrativo (6 oct) | ECF 65, pág. 3; Registro Administrativo de Florida, vol. 52, núm. 194, pág. 4406 |
| 1 oct 2026 (verificada) | Mark E. Walker, juez de distrito | CAIR II: «This case is DISMISSED for lack of subject-matter jurisdiction»: la legitimación se mide el día de la demanda, el 1 de julio, y entonces el daño era especulativo; las demandantes pueden presentar una nueva demanda, y CAIR III se presentó ese mismo día | ECF 69 de 4:26-cv-315 También citado en ECF 65, págs. 2-3, nota 1 y ECF 56, pág. 1 |
| 1 a 6 oct 2026 (verificada) | CAIR-Foundation y CAIR-Florida, por sus abogados; Mark E. Walker, juez de distrito | CAIR III: demanda (1 oct), moción de emergencia (2 oct) y denegación de la orden de restricción temporal por Walker (6 oct), «insofar as» las designaciones «do not take effect until November 5, 2026» | ECF 28 |
| 12 oct 2026 (verificada; texto del escrito) | Escrito de los demandados (Estado de Florida); firman Charles J. Cooper, de Cooper & Kirk, y David M.S. Dewhirst, Solicitor General, bajo el fiscal general James Uthmeier (ECF 55, pág. 55) | CAIR III: el Estado se opone a la medida; el escrito dice que CAIR «was founded as a front for Hamas and the Muslim Brotherhood» | ECF 55, pág. 9 |
| 13, 15 y 16 oct 2026 (verificada; la orden del 13 oct, solo por cita del auto de Walker) | Mark E. Walker, juez de distrito (la orden del Undécimo Circuito, por su cita) | El 13 oct el Undécimo Circuito ordena fijar argumento oral en CAIR I, incluida la descalificación. Walker se descalifica en CAIR I y en CAIR III el 15 oct; CAIR III pasa primero al juez Robert L. Hinkle y, el 16 oct, a Winsor (ECF 59, según el registro del caso) | ECF 56 (CAIR III); ECF 110 (CAIR I) registro del caso 4:26-cv-521 en CourtListener (entradas 56, 59 y 64) |
| 28 oct 2026 (audiencia verificada; contenido, ver abajo) | Allen Winsor, juez jefe (audiencia); contenido, prensa | CAIR III: audiencia de la medida cautelar ante Winsor; la transcripción es el ECF 64, restringida hasta el 8 de febrero de 2027 según la entrada 64 del registro, de modo que su contenido no se pudo comprobar | ECF 65, pág. 2 registro del caso 4:26-cv-521 en CourtListener (entradas 56, 59 y 64) |
| 4 nov 2026 (verificada) | Allen Winsor, juez jefe del Distrito Norte de Florida | CAIR III: Winsor concede la medida en parte (solo servicios legales) y niega el resto; ordena un informe conjunto con plan de litigio en 14 días | ECF 65 |
| 4 nov 2026 (verificada; parte dispositiva) | Michael J. Frank, juez magistrado | CAIR I: un juez magistrado concede la moción del gobernador DeSantis para obligar a CAIR-Foundation y CAIR-Florida a producir documentos y declara renunciadas las objeciones de ambas demandantes a más de cuarenta peticiones de producción, y sus reclamaciones de privilegio asociativo de la Primera Enmienda | ECF 116 |
| 4 nov 2026, por la noche (probable; solo por comunicado de parte) | Demandados (Estado de Florida), según la ACLU de Florida | El Estado estipula que no procesará a empleados, miembros de la junta y terceros por su participación de buena fe en los dos pleitos, ni por actos de buena fe para cumplir obligaciones legales | ACLU de Florida, 5 nov |
| 4 o 5 nov 2026 (probable: WUSF dice 5 nov; el Tallahassee Democrat ya lo describía el 4; la foto no trae fecha) | CAIR-Florida (aviso propio); WUSF (foto y nota del 6 nov) | Aviso de suspensión de operaciones en la oficina de CAIR-Florida: en Tampa según WUSF, en Temple Terrace según el Tallahassee Democrat; NMD lee el texto en la foto de WUSF | WUSF; Tallahassee Democrat |
| 5 nov 2026 (verificada: comunicado de parte y publicación de X archivada) | ACLU de Florida (por CAIR y CAIR-Florida); James Uthmeier, fiscal general | La designación entra en vigor; la ACLU anuncia que CAIR y CAIR-Florida «will appeal»; el fiscal general James Uthmeier celebra el auto en X | ACLU de Florida; publicación de Uthmeier en X |
| 5 nov 2026, 5:20 pm UTC (verificada: publicación de X archivada) | James Uthmeier, fiscal general | Segunda publicación del fiscal general en X ese día: «CAIR has officially suspended operations in Florida.» | segunda publicación de Uthmeier en X |
| 5 nov 2026 (verificada) | CAIR-Foundation y CAIR Florida, por sus abogados (firma Ashley Gorski, ACLU) | Aviso de apelación al Undécimo Circuito contra el auto ECF 65 | ECF 66 |
| 6 nov 2026 (verificada; carta fechada el 5 nov) | Daniel Tilley, director legal de la ACLU de Florida | Aviso de depósito de la fianza de 1.000 dólares, de la que depende que la medida sobre servicios legales entre en vigor | ECF 67 (3 páginas escaneadas, leídas por OCR) La fianza la exige ECF 65, pág. 36 |
| 7 nov 2026 (verificada, por el registro del caso) | CAIR-Foundation y CAIR Florida, por sus abogados | Moción de urgencia para una medida cautelar mientras dura la apelación | ECF 69 (según el registro del caso; el PDF no está disponible en RECAP) |
| 10 nov 2026 (verificada) | Allen Winsor, juez jefe del Distrito Norte de Florida | Niega la moción: «Plaintiffs have not shown a substantial likelihood of success on appeal» | ECF 74 (1 página) |
| 9 o 10 nov 2026 (el registro fecha la entrada el 9 y anota su alta el 10) | Undécimo Circuito | Número de la apelación: 26-14146-G | ECF 75 |
| 18 nov 2026 (plazo; cálculo de NMD) | Allen Winsor, juez jefe (orden); las partes (cumplimiento) | Vence el plazo de 14 días para el informe conjunto con plan de litigio | ECF 65 (4 nov más 14 días) |
Fuentes consultadas
Nivel 1, documentos de tribunal y oficiales:
- CAIR-Foundation v. DeSantis, 4:26-cv-521, ECF 65, auto del 4 nov 2026
- CAIR-Foundation v. DeSantis, 4:26-cv-521, ECF 66, aviso de apelación al Undécimo Circuito, 5 nov 2026 (copia publicada por la ACLU)
- CAIR-Foundation v. DeSantis, 4:26-cv-521, ECF 67, aviso de depósito de la fianza, 6 nov 2026 (copia publicada por la ACLU)
- CAIR-Foundation v. DeSantis, 4:26-cv-521, ECF 74, orden del 10 nov 2026 que niega la medida cautelar durante la apelación
- CAIR-Foundation v. DeSantis, 4:26-cv-521, registro del caso en CourtListener (canal Atom, consultado el 11 nov 2026): ECF 69 del 7 nov y ECF 75 (9 o 10 nov)
- ECF 55, oposición del Estado, 12 oct 2026
- ECF 28, auto del 6 oct 2026; ECF 56, descalificación de Walker, 15 oct; ECF 58, notificación del Estado, 15 oct
- CAIR I, 4:25-cv-516, ECF 43, 4 mar 2026; ECF 44, 6 mar; ECF 110, 15 oct; ECF 116, 4 nov
- CAIR II, 4:26-cv-315: ECF 26, ECF 41, ECF 50, ECF 60
- CAIR II, 4:26-cv-315, ECF 69, auto de desestimación por falta de legitimación, 1 oct 2026
- CAIR Texas et al. v. Abbott et al., W.D. Tex. 1:25-cv-01878, ECF 30, 22 ene 2026
- Gobernador de Texas, comunicado del 18 nov 2025
- Fiscal general de Texas, comunicado del 5 feb 2026
- Estado de Texas v. Muslim Brotherhood et al., petición original en el tribunal de distrito del condado de Collin, 5 feb 2026 (publicada por el fiscal general de Texas)
- Orden ejecutiva 14362, 24 nov 2025
- Departamento de Estado, designaciones de ramas de la Hermandad Musulmana, 13 ene 2026; Tesoro, sb0357
- Departamento de Justicia, condenas de la Holy Land Foundation, 24 nov 2008
- Quinto Circuito, recurso de NAIT, No. 09-10875, 20 oct 2010; United States v. El-Mezain, No. 09-10560, 7 dic 2011
- Orden del juez Jorge A. Solis, United States v. Holy Land Foundation, 3:04-cr-240, Doc. 1356, 1 jul 2009 (copia publicada por The Investigative Project)
- Escrito de la fiscalía federal, 3:04-cr-240, Doc. 824, 4 sep 2007 (copia publicada por The Investigative Project)
- Testimonio escrito de Lara Burns ante el Subcomité de Tribunales Federales, Supervisión, Acción de Agencias y Derechos Federales del Comité Judicial del Senado, 5 ago 2026
- Carta del FBI al senador Kyl, 28 abr 2009 (alojada por un medio)
- Estatutos de Florida 2026, sec. 943.03102 (designación de organizaciones terroristas; efectos); 775.30; 775.33; 775.34; 617.1420; 823.05; capítulo 874, Online Sunshine, sitio oficial de la Legislatura de Florida (leg.state.fl.us), descargados el 8 y el 9 nov 2026
- Senado de Florida, ficha de CS/CS/HB 1471 (sesión 2026)
- Senado de Florida, ficha de CS/CS/HB 1473 (sesión 2026)
- Registro Administrativo de Florida, vol. 52, núm. 178, 14 sep 2026: regla de emergencia 11RER26-8 (págs. 3967 y 3968)
- Registro Administrativo de Florida, vol. 52, núm. 194, 6 oct 2026: avisos del FDLE de designación de CAIR, la Hermandad Musulmana y Antifa (págs. 4405 y 4406)
- Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia, «Review of FBI Interactions with the Council on American-Islamic Relations», informe I-2013-007R, septiembre de 2013
- Orden ejecutiva 25-244 del gobernador de Florida, «Protecting Floridians from Radical Islamic Terrorist Organizations», 8 dic 2025 (flgov.com)
Nivel 2, comunicados de parte, estudios y medios:
- ABC7 Chicago, «CAIR Executive Director Nihad Awad pushes back on criticism for October 7 comment», 8 dic 2023
- The Hill, la Casa Blanca condena los comentarios de Awad sobre el 7 de octubre, 8 dic 2023
- ACLU de Florida, comunicado del 5 nov 2026 (abogada de las demandantes)
- Lorenzo Vidino, Program on Extremism, Universidad George Washington, 2023
- INSS, Instituto de Estudios de Seguridad Nacional de Israel
- Tallahassee Democrat/USA TODAY Network, 4 nov 2026 y 29 oct 2026
- Yahoo (Juan Carlos Chavez), 6 nov 2026
- Florida Phoenix, 5 nov 2026
- WLRN, 5 nov 2026
- CAIR, aviso en cair.com a los visitantes de Florida, comprobado el 9 nov 2026
- WUSF (Gabriella Paul), publicado por Central Florida Public Media, 6 nov 2026, con fotos del aviso
- WLRN (Sofia Zarran), 9 nov 2026
- Washington Times, 5 nov 2026
- The Independent Florida Alligator, 5 nov 2026
- The Texas Tribune, 5 feb 2026
- Florida’s Voice (Michelle Vecerina), 9 dic 2025, sobre el anuncio de la demanda de CAIR y las reacciones del gobernador y del fiscal general
- The National (Emiratos Árabes Unidos), lista de organizaciones terroristas aprobada por el Gabinete, 16 nov 2014
Nivel 3, contexto (posiciones atribuidas a su autor):
- RAIR Foundation, 5 nov 2026
- James Uthmeier, fiscal general de Florida, en X, 5 nov 2026
- James Uthmeier, fiscal general de Florida, en X, segunda publicación del 5 nov 2026
- James Uthmeier, fiscal general de Florida, en X, 9 dic 2025
Descargo
Esta investigación se fundamenta en resoluciones y escritos judiciales, legislación estatal, documentos oficiales y declaraciones públicas identificadas en el artículo. Las acusaciones formuladas por autoridades gubernamentales se atribuyen expresamente a sus autores. Las respuestas de las organizaciones involucradas se presentan con la misma distinción entre alegaciones, hechos acreditados y decisiones judiciales. El auto federal del 4 de noviembre de 2026 resolvió una solicitud de medida cautelar preliminar y no constituye una determinación judicial definitiva sobre las acusaciones formuladas contra CAIR. News Miami Dade proporciona referencias documentales para que los lectores puedan examinar directamente las fuentes.
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