SaveCalusa: 2026 señales graves de que el sistema político dejó de proteger a la comunidad (+VIDEO)

SaveCalusa: 2026 señales graves de que el sistema político dejó de proteger a la comunidad. Ahí aparece el problema de fondo

El caso Calusa revela un patrón que ya demasiados residentes en Miami-Dade reconocen: la institucionalidad no parte de proteger primero al vecino, la naturaleza y el debido proceso. Parte de acomodar el proyecto, administrar la oposición y luego pedirle a la comunidad que decida cuánto daño está dispuesta a tolerar.

#Savecalusa

En Calusa no se está librando solo una pelea por un terreno. Se está librando una pelea por una pregunta mucho más seria: si el gobierno de Miami-Dade actúa como árbitro imparcial o como estructura de acompañamiento para que el desarrollador llegue, insista, ajuste el plano y eventualmente pase.

El foro vecinal de Kendall dejó claro que la resistencia sigue viva

A una semana de la votación clave del 19 de marzo de 2026, la Kendall Federation of Homeowner Associations convocó un foro público el martes 10 de marzo a las 7:00 p. m. en el Kendall Village Center Civic Pavilion para escuchar las “thoughts” finales de residentes de Calusa, Kendall y West Kendall sobre lo que está por ocurrir con el antiguo Calusa Golf Course. La convocatoria no fue casual: llegó después de que los comisionados aplazaran el voto del 19 de febrero al 19 de marzo para dar más tiempo a conversaciones entre el desarrollador y los vecinos.

Los videos de ese encuentro son importantes porque documentan algo que muchas veces se diluye en memorandos, planos y presentaciones técnicas: el impacto humano del proceso.

En ese foro no habla una firma de consultores ni un render corporativo; habla la comunidad que lleva años tratando de defender espacio verde, hábitat, calidad de vida y un mínimo de respeto institucional.

Estas imágenes: muestran que Calusa no es un expediente frío de zonificación, sino una controversia viva en la que los residentes siguen intentando hacerse oír cuando sienten que el sistema, una y otra vez, acomoda el camino para que el proyecto siga avanzando. El propio KFHA enmarcó la reunión como parte de la “next battle” y como posiblemente “the end of a decades-long journey” para preservar el último gran espacio verde restante en Calusa.

Cronología del proyecto Calusa

El caso Calusa no nació ayer. Es una secuencia larga de decisiones administrativas, judiciales y políticas que muestra cómo un proyecto rechazado en los tribunales volvió a la mesa con una versión rehecha, sin que desapareciera el conflicto de fondo.

1968. Se registra el covenant que restringe el uso del terreno a campo de golf, casa club y usos accesorios. En el expediente oficial de 2020, la propia County Attorney explicó que esa restricción fue grabada en 1968 como condición vinculada al uso aprobado para el golf course. Miami-Dade

29 de octubre de 2020. La Comisión del condado aprueba la liberación parcial de esa restricción bajo el expediente Z2017000338 / File 200102. El condado dejó claro entonces que, al levantarse el covenant, el terreno volvía a su zonificación subyacente GU y EU-M, lo que permitiría aproximadamente 30 viviendas sin una nueva rezonificación, pero cualquier desarrollo de mayor densidad requeriría otro proceso público. Miami-Dade , Miami-Dade

20 de octubre de 2021. La audiencia original del nuevo expediente Z2021000031 no se celebró y fue arrastrada por falta de quórum. En las minutas oficiales consta que el asunto fue llevado luego a la reunión de zonificación del 17 de noviembre de 2021. Miami-Dade, Miami-Dade

17 de noviembre de 2021. La Junta de Comisionados aprueba el expediente 212537 / Resolución Z-34-21, que autoriza la rezonificación a PAD y un proyecto de 550 viviendas unifamiliares, además de excavación de lagos, relleno parcial de lagos existentes, menos espacio abierto privado del requerido en ciertos lotes y otras flexibilidades regulatorias. Ese mismo día, en las minutas, se discutieron impactos sobre tráfico, rookery, Florida bonneted bats, estudios ambientales y condiciones propuestas por DERM. Miami-Dade, Miami-Dade

27 de diciembre de 2021. Save Calusa presenta litigio para tumbar la aprobación de noviembre de 2021 y frenar permisos de remoción mientras se completaban estudios ambientales. savecalusa.org

16 de noviembre de 2022. La Third District Court of Appeal falla a favor de Save Calusa y anula la aprobación. El tribunal concluyó que dejar en pie la decisión comprometía el debido proceso que el marco regulatorio debía garantizar. savecalusa.org, law.justia.com, law.justia.com

1 de febrero de 2023. La 3ra DCA niega la solicitud de rehearing, dejando firme su decisión favorable a Save Calusa. flcourts-media.flcourts.gov

Los tribunales ya habían advertido lo que estaba mal.

La Tercera DCA concluyó que dejar en pie la aprobación cuestionada amenazaba con “compromise the due process the regulatory framework strives to afford.” Esa frase importa mucho. Porque esto no es simplemente una rabieta vecinal contra el crecimiento. Es una controversia donde un tribunal de apelaciones dijo, en esencia, que el proceso no podía funcionar así. Sin embargo, en vez de convertir esa derrota judicial en una corrección institucional profunda, el sistema absorbió el golpe y volvió a encaminar el proyecto.

1 de mayo de 2024. La Corte Suprema de Florida rechaza asumir jurisdicción en el caso SC2023-0339, con lo cual queda firme la victoria judicial de Save Calusa y la anulación del permiso de 2021. La orden además dice que no se admitirá rehearing. acis.api.flcourts.gov

26 de noviembre de 2024. Según el aviso legal del condado para 2026, los nuevos planos del proyecto rehecho fueron recibidos oficialmente en esa fecha. Esa nueva versión ya no habla de 550 casas, sino de 540 unidades residenciales sobre aproximadamente 169.27 acres.

19 de febrero de 2026. El expediente Z2021000031 regresa formalmente a audiencia pública ante la Comisión. El aviso legal del condado indica que la audiencia fue abierta y cerrada ese día y luego el asunto fue deferido para una nueva fecha.

19 de marzo de 2026. Queda señalada la nueva audiencia pública para votar la versión rehecha del proyecto: 540 viviendas, nuevas excavaciones, relleno parcial de lagos y varias dispensas regulatorias adicionales. miami-dade

El dato oficial más revelador es este: el propio aviso legal del condado dice que la audiencia de esta solicitud “fue abierta y cerrada” el 19 de febrero de 2026 y luego diferida al 19 de marzo.

Eso significa que, mientras el proyecto seguía mutando y los residentes seguían pidiendo tiempo, estudios y claridad, el espacio formal de comentario público ya había sido comprimido dentro de una mecánica procesal que favorece la continuidad del expediente. Local 10 reportó precisamente que el voto fue pospuesto para dar más tiempo a conversaciones entre desarrollador y vecinos, no para reiniciar desde cero el análisis del proyecto.

Y ahí aparece el problema de fondo. En las transcripciones de reuniones comunitarias aportadas por residentes, se escucha algo devastador: una vecina resume que “la ciudad dice que este estudio de tráfico está bien”, mientras el desarrollador reconoce, en esencia, que “la ciudad nos dijo qué hacer” y que el comentario público fue cerrado antes de empujar a las partes a seguir negociando.

En ese mismo intercambio, otra voz resume la realidad política con crudeza: “los decisionistas son las personas electas”. Es decir, el vecino habla, documenta, protesta, demanda, gana en corte… y aun así termina sentado en una mesa donde no decide si el proyecto debe existir, sino qué versión del daño puede soportar.

Ese es el verdadero sesgo del sistema. La comunidad empezó defendiendo una posición de principio: parque, preservación, protección del hábitat, respeto al convenio, respeto al carácter del área. Pero después de años de desgaste, pleitos, aplazamientos y rediseños, el lenguaje público cambia. Ya no se pregunta qué es lo correcto. Se pregunta qué es “suficiente”, qué es “mejor” que la versión anterior, qué concesión se puede vivir.

La propia discusión gira hacia esa lógica: si 168 acres de parque no son “realistas”, entonces la tarea pasa a ser negociar una pérdida menor. Eso no es participación robusta. Eso es administración del agotamiento ciudadano.

El antecedente del convenio agrava aún más la desconfianza. Save Calusa sostiene que existía un covenant de 99 años para mantener ese suelo como campo de golf hasta 2067, y que su liberación parcial se produjo mediante acuerdos y consentimientos que dejaron a gran parte de la comunidad sintiéndose excluida. Incluso en las transcripciones compartidas por los residentes reaparece esa idea: que el gobierno liberó el covenant sin exigir desde el principio el plan real que luego terminó abriendo la puerta al proyecto masivo.

Esa secuencia alimenta una percepción muy peligrosa: primero se desmonta la protección, después se discute el negocio, y al final se le pide al residente que reaccione tarde.

Por eso Calusa importa más allá de Calusa.

Aquí se ve un patrón que se repite demasiado en Miami-Dade: el residente tiene que organizarse, aprender derecho administrativo, documentar aves, estudiar tráfico, movilizar firmas, asistir a audiencias, pagar abogados y ganar en corte solo para volver, años después, al mismo punto de partida, con el proyecto rehecho y la presión política intacta. El gobierno no aparece primero como muro de contención. Aparece como canal de procesamiento del proyecto. Y cuando el ciudadano no puede detenerlo, entonces se le invita a colaborar en el rediseño de su propia pérdida.

Si el condado quisiera demostrar neutralidad real, el estándar sería otro:

Rehacer el proceso con apertura genuina, exigir todos los estudios pendientes antes de la votación, transparentar cada impacto acumulativo, tratar la rookery y el espacio verde como bienes públicos de alto valor, y no como obstáculos que deben mitigarse lo justo para que el expediente siga caminando. Hasta que eso no ocurra, Calusa seguirá siendo el símbolo de una verdad incómoda: en Miami-Dade, demasiadas veces el gobierno no le pone límites serios al desarrollador; le pone límites al residente.

Raquel Regalado, los comisionados y la alcaldesa: la prueba del poder público

En Calusa, la pregunta política no es solo qué quiere construir GL Homes. La pregunta de fondo es qué hicieron, qué avalaron y qué dejaron de hacer los funcionarios que estaban obligados a proteger el interés público. Porque cuando un caso termina en corte, se revierte por fallas de debido proceso y luego regresa casi intacto a la agenda pública, el problema ya no es solo urbanístico. Es institucional.

Raquel Regalado, como comisionada del Distrito 7 donde cae Calusa, no fue una observadora distante en 2021. En la audiencia del 17 de noviembre preguntó por el notice, la densidad, el covenant, la fauna y el uso de los park impact fees; y al final movió la aprobación del expediente Z2021000031, que la Junta adoptó como la resolución Z-34-21.

Al mismo tiempo, Save Calusa sostiene que durante años los residentes pidieron un taller o reunión debidamente anunciada y que intentaron contactar a Regalado para discutir el proyecto “in the sunshine”, sin obtener ese espacio real de deliberación pública. Esa combinación —vecinos pidiendo ser escuchados y la comisionada del distrito empujando la aprobación— es parte central de la desconfianza que aún persiste.

Daniella Levine Cava tampoco puede colocarse al margen. Después del voto de 2021, no vetó la aprobación. En su memorando del 27 de noviembre de 2021, reconoció que anteriormente había votado contra la liberación del covenant, pero sostuvo que, dado que el predio era propiedad privada y la Comisión había aprobado la rezonificación por 10-2, su administración se enfocaría en imponer protecciones ambientales adicionales, estudios independientes y un mejor uso de los park impact fees en el área.

Un año más tarde, tras los sondeos independientes de DERM, la propia alcaldesa emitió otro memorando concluyendo que la Calusa Rookery debía preservarse porque había evidencia concluyente de anidación de tri-colored herons y otras especies, y que el desarrollador tenía que modificar el plan para acomodar esa preservación. Esos memorandos sirvieron para reforzar la protección ambiental del expediente, pero llegaron después de que el sistema político ya había dejado pasar la aprobación inicial.

El resto de los comisionados tampoco se lava las manos. La Junta aprobó en 2021 una rezonificación que luego fue tumbada por los tribunales porque el condado no cumplió estrictamente con los requisitos de notificación pública. Y cuando la nueva versión de 540 viviendas regresó en febrero de 2026, la Comisión no la enterró: la difirió hasta el 19 de marzo para dar más tiempo a conversaciones entre el desarrollador y los vecinos, después de una fuerte oposición pública. Eso mostró dudas políticas, sí, pero también confirmó otra realidad: en Miami-Dade, incluso después de una derrota judicial, el proyecto vuelve, se reajusta y sigue caminando.

A eso se suma el problema de la apariencia pública. Political Cortadito reportó en enero de 2026 que entidades ligadas a Kendall Associates I y a parcelas vinculadas a la entrada del proyecto habían realizado aportes a la campaña de Raquel Regalado. Esa referencia debe leerse exactamente como eso: un señalamiento periodístico sobre contribuciones políticas, no una prueba automática de ilegalidad. Sigue sucediendo

El dinero detrás del expediente: GL Homes y la arquitectura de la influencia

El caso Calusa no puede analizarse solamente como un conflicto entre vecinos y un desarrollador. También debe mirarse dentro del ecosistema político en el que operan los grandes intereses inmobiliarios en Miami-Dade. Los gráficos compartidos sobre contribuciones asociadas a GL Homes apuntan a un patrón que, como mínimo, merece escrutinio público serio: una presencia constante y amplia en el financiamiento político local y estatal.

Según esos resúmenes, las contribuciones asociadas a GL Homes en Miami-Dade suman $558,500 entre 2012 y 2025. El año de mayor volumen en esa serie fue 2020, con $116,000, seguido por 2024 con $102,000, 2023 con $95,000 y 2025 con $87,500. Es decir, no se trata de aportes aislados o marginales, sino de una práctica sostenida en el tiempo, con picos claros en años de fuerte actividad política y regulatoria.

Más revelador todavía es el destino de ese dinero. El cuadro de “Current & Recently Resigned Commissioners & Mayor” atribuye $400,500 a comisionados actuales, recientemente salidos y a la alcaldía. En esa lista aparecen, entre otros, Daniella Levine Cava y comités asociados con $70,000, Oliver Gilbert con $40,000, Keon Hardemon con $37,500, Anthony Rodríguez con $37,000, Kevin Cabrera con $30,000, Danielle Cohen Higgins con $30,000, Kionne McGhee con $27,500, Raquel Regalado con $25,000, Roberto González con $22,000, y otros comisionados y estructuras políticas vinculadas. El resto, $158,000, habría ido a exelectos, candidatos y otros comités políticos en Miami-Dade.

Otro de los gráficos, centrado en comisionados y alcaldesa, ubica las contribuciones a funcionarios actuales en $293,000 al 14 de agosto de 2024. Allí también aparecen cifras relevantes: Cava con $65,000, Gilbert con $40,000, Hardemon con $32,500, Cabrera con $30,000, McGhee con $27,000, González con $22,000, Higgins con $17,000, Rodríguez con $17,000, Cohen Higgins con $15,000, entre otros. Aunque cada una de esas contribuciones, por sí sola, pueda ser legal y reportada, el cuadro completo dibuja algo más importante: una red de acceso político extendida, persistente y transversal.

Y cuando se amplía la mirada al período 2012–2023, el panorama se vuelve todavía más significativo. El resumen compartido atribuye a GL Homes $1,370,850 en contribuciones políticas entre Miami-Dade County, comités políticos del condado y estructuras políticas de Florida. De ese total, $128,750 habrían ido a cargos condales de Miami-Dade, $282,500 a comités políticos de Miami-Dade y $835,100 a estructuras políticas estatales. Ese dato importa porque revela que no estamos ante un actor que participa solo en un expediente o un distrito, sino ante un operador con capacidad de sembrar relaciones políticas en varias capas del poder.

Aquí hace falta ser precisos: esto no prueba por sí mismo un soborno, un quid pro quo ni una ilegalidad concreta. Decir eso sin evidencia adicional sería irresponsable. Pero sí prueba algo políticamente grave: mientras los residentes enfrentan reglas de cuasi-judicialidad, tiempos limitados de intervención y procesos técnicos opacos, los grandes desarrolladores juegan también en otro tablero, el del financiamiento político continuo. Y eso genera una apariencia pública profundamente corrosiva.

En Calusa, ese contraste se vuelve casi obsceno. Los vecinos tienen que organizarse, protestar, documentar aves, contratar abogados, ganar en corte y volver a empezar. El desarrollador, en cambio, no solo regresa con un proyecto rehecho: regresa dentro de un entorno político donde ya ha invertido durante años. Ese no es un detalle menor. Es una de las razones por las que tanta gente deja de creer que el proceso está equilibrado.

Por eso, el problema no es solo cuánto dona GL Homes. El problema es qué tipo de sistema político hemos construido cuando una comunidad debe pelear por su hábitat, su tranquilidad y su derecho a ser escuchada, frente a actores que no solo tienen dinero para diseñar proyectos, sino también para insertarse con fuerza en la infraestructura política que luego decide esos proyectos.

Por eso Calusa ya no es solo una pelea por aves, tráfico o espacio verde. Es una prueba de carácter institucional para Raquel Regalado, para los comisionados y para la alcaldesa Daniella Levine Cava: decidir si están para servir de contrapeso frente al poder del desarrollador, o si van a seguir administrando el conflicto hasta que la comunidad se desgaste.

El error del Departamento de Parques: confundir metros en un mapa con comunidad real

Uno de los ángulos más débiles —y más irritantes— del expediente Calusa ha sido la lógica del Departamento de Parques. En la discusión oficial de 2021, el análisis giró en parte sobre que el mismo distrito de parques reportaba un “excess” de 346.01 acres, y desde ahí la conversación se desplazó a cómo usar aproximadamente $1.5 millones en park impact fees para mejorar senderos como Kendall Indian Hammocks Trail y West Kendall Trail. Pero ese enfoque burocrático falla en lo esencial: no todo espacio contado como “parque” reemplaza el valor de este terreno en Calusa.

Un sendero mejorado en otra parte no sustituye 168 acres de green space en el corazón de una comunidad; no sustituye un paisaje abierto, no sustituye hábitat, no sustituye el carácter del vecindario y no sustituye un refugio ecológico que ya existe.

La propia posición de Save Calusa subraya la contradicción: el proyecto rehecho de 2026 no propone ningún parque público ni espacio recreativo de acceso público, y las áreas verdes y amenidades previstas serían privadas y cerradas, reservadas para la comunidad amurallada propuesta. Más aún, Save Calusa sostiene que en 2021 el County Parks Dept recommended a 5 acre park, pero el desarrollador no fue obligado a entregarlo y en su lugar se limitó a pagar impact fees. Traducido al lenguaje llano: el gobierno aceptó cambiar tierra con vocación de parque por dinero para mejoras en otro lado. Eso puede cuadrar en una hoja de cálculo, pero no en una política pública seria.

Ese es el problema de fondo con el razonamiento de “ya hay suficientes parques”: trata el parque como un número fungible, como si un acre en otra zona, una ciclovía o una mejora paisajística compensaran la pérdida de un espacio verde grande, continuo y ambientalmente sensible en Calusa. No la compensan. Un parque no es solo un renglón de inventario. También es ubicación, accesibilidad, escala, función ecológica y valor comunitario. Y en Calusa se está hablando de un terreno que durante décadas estuvo protegido por covenant, que sigue cargando la designación de Parks and Recreation en la discusión pública del caso y donde la propia comunidad ha documentado la relevancia del rookery y del hábitat asociado.

Por eso la postura del Departamento de Parques merece una crítica frontal: si su respuesta ante la pérdida de un gran espacio verde comunitario es que el distrito “tiene exceso” de acres y que el dinero puede ir a trails cercanos, entonces no está defendiendo parques; está administrando su sustitución. Y cuando una agencia encargada de proteger espacios abiertos termina validando esa lógica, deja de ser parte de la solución y pasa a ser parte del mecanismo que normaliza la entrega del terreno al desarrollo.

Para el residente, un parque es comunidad, paisaje y respiro; para la burocracia, al parecer, basta con que el inventario cuadre en otra parte.

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